Los discursos oficiales y otros públicos reconocen o incluso invocan la necesidad de una responsabilidad colectiva, pero la disparidad de culpabilidad entre los países ricos y el mundo en desarrollo es patente.
Históricamente, los países del Norte industrial han sido los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero siguen eludiendo su parte de responsabilidad.
La idea de un reparto equitativo de la carga de la lucha contra el cambio climático oculta convenientemente las emisiones desproporcionadamente más altas y la explotación histórica de los países ricos.
Las nuevas y pretendidamente ambiciosas políticas climáticas equitativas de la Unión Europea, como el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM, en inglés), continúan con esta hipocresía.
Aunque aparentemente pretenden reducir las emisiones, estas medidas gravan más a los países en desarrollo, profundizando aún más las desigualdades mundiales.
Del mismo modo, los impuestos sobre el carbono, los precios y los sistemas de comercio de derechos de emisión hacen mucho más difícil que las naciones con menos recursos puedan permitirse una acción climática adecuada.
Tienen pocos recursos para adaptarse al calentamiento global y sus efectos, y mucho menos para permitirse las costosas transiciones hacia tecnologías más limpias y otras medidas de mitigación.
Además, los países desarrollados han trasladado sus industrias de alto consumo energético al Sur para exportar sus emisiones. De este modo, trasladan de hecho la culpa mientras consumen la mayoría de los bienes y servicios producidos con elevados costes medioambientales.
Limitar el aumento de la temperatura media a no más de 1,5 C (grados centígrados) por encima de los niveles preindustriales, tal y como acordó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (MNUCC), requerirá una drástica reducción de las emisiones de carbono (dióxido equivalente) en 45 % por debajo de los niveles de 2010 para 2030.
En cambio, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que las tendencias actuales aumentarán la temperatura media en 2,7 grados C de aquí a 2100, muy por encima de los niveles catastróficos.
A pesar de la urgencia, los países se centran principalmente en comprometerse a la distracción de las emisiones netas de carbono cero para 2050, ignorando la necesidad urgente de reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En las últimas Conferencias de las Partes(COP) sobre el cambio climático, la tarificación del carbono y los mecanismos de mercado relacionados se han vendido como un medio eficaz y justo de reducir rápidamente las emisiones de dióxido de carbono y otros GEI para mitigar el recalentamiento planetario.
Peor aún, no se discute cómo deberían distribuirse equitativamente los ingresos procedentes de los impuestos sobre el carbono para acelerar los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático en los países más pobres.
La tarificación del carbono pretende penalizar a los emisores de GEI por los daños y pérdidas económicas causados por el calentamiento global. Sin embargo, hay pocos indicios de que se hayan realizado esfuerzos para compensar a los más perjudicados.
Además, los sistemas de mercado del carbono solo han tenido efectos muy insuficientes.
Las emisiones únicamente se han reducido marginalmente, muy por debajo de lo que el mundo necesita para hacer frente a la amenaza climática.
Además de ser ineficaces, sólo una pequeña fracción de las emisiones mundiales de GEI está sujeta a impuestos sobre el carbono, a menudo impuestos con métodos y supuestos sesgados.
Los precios del carbono también han sido objeto de grandes descuentos para inducir la participación del mercado y la aceptación pública. De ahí que los tipos de los impuestos sobre el carbono no reflejen los supuestos costes sociales de las externalidades adversas.
Todavía peor, a pesar del potencial de los impuestos sobre el carbono para generar ingresos significativos para la financiación del clima, no se han desarrollado, y mucho menos aplicado, medidas redistributivas progresivas.
Por tanto, las políticas de tarificación del carbono no están a la altura de las circunstancias. Tampoco abordan los problemas sistémicos subyacentes que provocan el calentamiento global. Los impuestos sobre el carbono tienden a ser regresivos y gravan de forma desproporcionada a las personas y países con rentas bajas.
Sin una reasignación progresiva de los recursos, las naciones y las personas pobres no pueden permitirse adaptarse al calentamiento global, y mucho menos contribuir a los necesarios esfuerzos mundiales de acción por el clima o lograr un desarrollo sostenible.
Las subvenciones gubernamentales a los combustibles fósiles, por ejemplo, para garantizar el apoyo contra Rusia tras su invitación a Ucrania, han socavado el propósito de la tarificación del carbono. Con tales subsidios, los precios del carbono pasaron a ser negativos en muchos países en 2022.
Los mercados de compensación de carbono, promocionados como una forma de lograr emisiones netas cero, han sido criticados como una distracción ineficaz, que permite a los ricos seguir emitiendo GEI mientras se benefician los intermediarios financieros.
El objetivo de emisiones netas cero es peligrosamente engañoso. Los compromisos para alcanzar las emisiones netas cero suelen basarse en la compensación, que permite a los países y a las empresas evitar la reducción de emisiones.
A pesar del aumento de la demanda de compensaciones de carbono por parte de grandes inversores financieros, gran parte de los beneficios se destinan al arbitraje, la especulación y el comercio, en lugar de a los esfuerzos de descarbonización.
Iniciativas como la Alianza Financera de Glasgow para el Cero Neto se anunciaron como avances significativos. Sin embargo, hay muchas razones para ser escépticos sobre la eficacia de tales iniciativas para reducir las emisiones de GEI.
Menos de medio año después de la COP26 de Glasgow, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los países aliados abandonaron su compromiso declarado de acabar con la quema de carbón a pesar de todos sus peligros adicionales, como las emisiones de sulfuros y sulfatos.
Aunque la tarificación del carbono y los mercados de compensación se han promovido como soluciones para mitigar el calentamiento global, sus limitaciones e ineficacia para reducir significativamente las emisiones subrayan la necesidad de estrategias alternativas.
Son cruciales unas políticas selectivas de inversión y fomento de la tecnología y un aumento considerable de la financiación climática para la adaptación y la mitigación en los países en desarrollo.
Solo podrán tener éxito si se conciben y aplican de forma pragmática, teniendo en cuenta el abanico de retos de desarrollo sostenible y de otro tipo a los que se enfrentan.
Hacer frente al cambio climático requiere un enfoque global, equitativo y pragmático que dé prioridad a una reducción sustancial de las emisiones y apoye a las poblaciones vulnerables más afectadas por el calentamiento global. (IPS - T: MF / ED: EG)
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