"Nos llama la atención el reclamo, habiéndonos puesto de acuerdo la semana pasada", aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, pese a que ese acuerdo fue desmentido la semana pasada por el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina (CIN).

El funcionario repitió que el 18 de abril hubo un "diálogo y hubo un acuerdo" con las autoridades universitarias por el cual el Gobierno decidió incrementar las partidas presupuestarias de los gastos de funcionamiento de las universidades para marzo y mayo.

En esa línea, el Ejecutivo también dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos (14 millones de dólares).

El CIN, que reúne a los rectores de las universidades nacionales públicas, contradijo al Gobierno de Javier Milei al negar que hubieran alcanzado un entendimiento respecto a un aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento y ratificó la protesta que realizará este martes la comunidad universitaria en defensa de la educación pública.

Consultado durante su intervención por la postura de las autoridades universitarias que desmintieron al Gobierno sobre un supuesto consenso, Adorni se limitó a replicar que "existieron esas conversaciones y hubo acuerdo".

El Gobierno de La Libertad Avanza "valora la educación pública, laica y federal" y reconoce que la educación pública hizo de Argentina un "faro educativo en América", puntualizó Adorni.

No obstante, "nosotros no vamos a hacer asignación arbitraria de recursos", advirtió el funcionario.

La actual gestión reconoció "malas condiciones edilicias" y "profesores que no cobran por su trabajo", en un contexto en el que "los índices de terminalidad educativa se vienen cayendo a pedazos".

"Seis de cada 10 estudiantes abandonan en el primer año. 3 de cada 10 son los que terminan la carrera. De los sectores vulnerables, pocos pueden acceder a la educación universitaria", detalló el portavoz del presidente al inicio de su intervención.

Al negar un acuerdo con el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional reclamó "incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras".

El organismo también expresó su preocupación por la falta de definición sobre la continuidad de programas y proyectos de investigación que son gestionados por otras instituciones centrales para financiar la ciencia y la tecnología en el país, como la Agencia de I+D+i y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.

ADOCTRINAMIENTO

El presidente Milei ha denunciado en los últimos días un supuesto adoctrinamiento de la educación pública, al punto de afirmar en las redes sociales que "la disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo".

El 16 de abril, el mandatario apuntó contra la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la más importante del país, al remarcar el concepto de "adoctrinamiento" y presunta "persecución" contra los estudiantes afines a su coalición en la difusión de un cartel de protesta de estudiantes que convocaba un paro nacional docente contra el Gobierno.

A mitad de marzo, las 57 universidades públicas nacionales paralizaron sus actividades por el recorte presupuestario del Gobierno, que el 24 de marzo enfrentó su primera huelga general por parte de la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT).

El 17 de abril, el subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, propuso cobrar a los extranjeros que acuden a los centros universitarios públicos del país para aliviar la emergencia presupuestaria, aun cuando no representan más que el 3,9% del total.

La UBA se declaró el 18 de abril en crisis presupuestaria a raíz del congelamiento de las partidas presupuestarias dispuesto por el Gobierno de Milei. Varias facultades de la UBA limitaron la iluminación en pasillos, aulas y oficinas para tratar de garantizar las actividades y proyectos académicos considerados prioritarios, como el dictado de clases, becas, o el comedor.

En algunas casas de estudios también se imparten clases en las escalinatas de los edificios a modo de protesta. Las 57 universidades públicas nacionales de Argentina serán partícipes de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública y contra los recortes del Gobierno convocada para el 23 de abril.

En todo el país funcionan en total 112 universidades, de las cuales 50 son privadas y otras cinco son universidades públicas provinciales, de acuerdo a la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2021-2022 del Ministerio de Educación.