Ecuador vive una legislatura turbulenta. Desde que arrancara el mandato del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el pasado mes de noviembre, una serie de abruptos acontecimientos han puesto en la mira al país latinoamericano.
Al estado de excepción, decretado en enero a escala nacional, tras la espiral de violencia sufrida en las cárceles, se suma el asalto a la embajada de México en Quito, a principios de abril, para sacar de allí al exvicepresidente Jorge Glas.
Noboa lleva medio año en el cargo a marchas forzadas -pues la legislatura durará únicamente dieciséis meses-, que de momento no han servido para atajar la grave situación de inseguridad, narcotráfico y violencia que padece el país.
Ante este panorma, los ecuatorianos acuden a las urnas el próximo 21 de abril , para votar en referendo y consulta popular preguntas sobre seguridad propuestas por Noboa, además de otras de índole económica.
Expertos señalan a DW que, de resultar victorioso con la consulta, Noboa podría argumentar que necesita más tiempo en el poder para continuar con las reformas necesarias en la lucha contra el crimen organizado.
"Su partido podría capitalizarlo para las próximas elecciones presidenciales, en las que buscará la reelección", dice a DW Glaeldys González, miembro para América Latina del International Crisis Group (ICG).
"Noboa tiene expectativas, por parte de la ciudadanía, de mejorar la situación de inseguridad, así que todo lo que hace políticamente va en esa dirección", explica a DW Guillaume Long, investigador principal del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés), en Londres.
"Ha propuesto una consulta popular, un referéndum, para hacer lo que yo llamaría 'populismo punitivo'", agrega Long, en referencia a las preguntas presentadas para este domingo.
Los ecuatorianos tendrán que responder once preguntas, que versan sobre permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, el control de armas, el incremento de penas en delitos graves, o la extradición, entre otras propuestas, según la información publicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país.
"Apela a la idea de que aumentando las penas se disuadirá el crimen, cuando el problema no es la cantidad de años de prisión sino la impunidad en los crímenes", precisa a DW Pablo Ospina, docente en el Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar.
"Las preguntas de la consulta no fueron pensadas para abordar soluciones de fondo a la inseguridad, sino para reforzarse políticamente con golpes de efecto", agrega.
El referendum tiene lugar días después del "bochorno" internacional por la incursión en la embajada de México en Quito, y pese a que, a nivel interno, Noboa incluso haya mejorado su reputación, subrayan los analistas consultados por DW.
"Esta actuación representa exactamente el tipo de lucha sin restricciones contra el crimen que esperaban las personas que votaron por él", explica a DW Glaeldys González. "El Gobierno enfrentaba una caída progresiva en su popularidad y, quizás, esta fue una estrategia para mejorar su reputación, la cual ha sido bien recibida en sectores con sentimientos anticorreístas", agrega.
De forma similar, Pablo Ospina considera que esta acción marca el fin de "sus devaneos políticos con el correísmo", pues el partido de Noboa -Acción Democrática Nacional (ADN)- tenía una alianza parlamentaria con el movimiento Revolución Ciudadana. Su líder, Rafael Correa, era amigo íntimo de Jorge Glas.
"La toma de la embajada de México, además de constituir un bochorno gigantesco, marca un claro giro para galvanizar el voto anticorreísta", insiste Ospina.
Para Mario Pazmiño, consultor internacional de inteligencia y seguridad para América Latina y Europa del Security College US, la imagen de Noboa a nivel nacional ha salido fortalecida tras el asalto. "El país estaba cansado de que exista una permanente violación a su integridad y al respeto de la democracia ecuatoriana", dice a DW.
El referéndum incluye dos preguntas que apuntan, por un lado, al regreso de Ecuador a los arbitrajes internacionales como método para resolver controversias en materia de inversiones y, por otro, a permitir el trabajo por horas.
"Ni una ni otra tienen que ver con la seguridad. Pero viendo que tenía muy buenas posibilidades de ganar, Noboa las introdujo. Es tramposo hacer eso porque son temas complejos y hay muchos intereses", señala Long.
Para el experto, reintroducir el arbitraje internacional -prohibido en Ecuador por el artículo 422 de su Constitución- es "lamentable" y se produce "no solo por ignorancia", sino por intereses concretos de grupos empresariales, "incluido el Grupo Noboa", al que pertenece el propio mandatario, señala.
Algunos expertos califican de "positiva" la gestión de Noboa en materia de seguridad, aunque son necesarias nuevas propuestas. Para Mario Pazmiño, hace falta una "reingeniería del sistema carcelario, del de inteligencia y del judicial, pues gran parte de los jueces trabajan para el crimen organizado", asegura a DW.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Ecuador cerró 2023 con más de 8.004 homicidios intencionales, con una tasa de 47,25 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Esto lo sitúa como el país más violento de Latinoamérica y uno de los más violentos del mundo.
"La delincuencia no ha sido controlada y esto puede tardar incluso décadas", dice a DW Gonzalo Ordóñez, investigador del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Sin embargo, con miras a las próximas elecciones, el referéndum resulta extremadamente valioso", afirma, pese a todas las críticas. (rml)
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