La utilización de los fondos del Estado siempre es una cuestión sensible. Mucho más si se trata de la plata de los jubilados, tal como se describe popularmente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Esta caja posee US$43.291 millones y el proyecto de Ley de Bases confeccionado por el Gobierno cambió la idea original de liquidación por la de modificación de las normativas que regulan el uso de todo ese caudal de dinero.

La historia del FGS nace con la estatización de las AFJP, dado que recibió los recursos que eran administrados por ellas. Esto incluyó la transferencia de acciones de empresas privadas y bonos en 2008. Desde entonces, el uso de esos recursos millonarios fue responsabilidad de la Anses. En consecuencia, de los gobiernos de turno.

El decreto que originó el fondo estipula que “las decisiones que se adopten en materia de inversión de excedentes financieros serán tomadas, en todos los casos, con máxima cautela” para minimizar riesgos y asegurar la liquidez del sistema de reparto de jubilaciones y pensiones.

La utilización del FGS por parte de los distintos gobiernos siempre despertó polémica con acusaciones, de un lado de la grieta, de servir al “plan platita” o denuncias de “desguace” del otro lado.

Según datos oficiales, al 29 de febrero último el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía una cartera de $46 billones, equivalentes a US$43.291 millones al tipo de cambio contado con liquidación (CCL) de ese día.

Todavía se está recuperando, tras mostrar un saldo máximo de US$64.055 millones en diciembre de 2017. Aunque el año pasado el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, decía haber restablecido al FGS hasta esos valores, el cálculo lo hacía con un tipo de cambio mayorista a $275,28. En los reportes que realiza la propia entidad, que toma como referencia al CCL en épocas de cepo, en julio de 2023 el saldo en dólares era de US$30.846 millones.

Al desgranar la información, los montos actuales surgen de contar en su tenencia US$31.317 millones en títulos públicos (equivalente al 72,3% del total), US$5604 millones en acciones (12,9%), US$2502 millones en proyectos productivos o de infraestructura (5,8%), US$1480 millones de otros títulos emitidos por entes estatales (3,4%), US$466 millones en plazos fijos (1%), US$268 millones en obligaciones negociables (0,6%) y US$212 millones en fondos comunes de inversión (0,5%), entre otros activos.

El artículo 61 del borrador de la Ley de Bases, que el Gobierno terminó de confeccionar esta semana, propone eliminar el criterio de distribución de las inversiones del FGS al suplantar el artículo 74 de la ley 24.241, que enumera el peso específico que los distintos tipos de activos pueden tener sobre el total del fondo.

La propuesta oficial sostiene que el FGS podrá invertir su activo “en acciones y/u obligaciones negociables convertibles en acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que estén listadas en mercados autorizados por dicha Comisión” sin fijar ningún porcentaje para las diferentes posibles inversiones.

En cambio, la ley vigente, que sería la reemplazada, posee 15 incisos que ponen límites en la distribución de los recursos del FGS. Entre ellos, el dedicado a la deuda oficial: “Títulos públicos emitidos por la Nación a través de la Secretaría de Hacienda, o el Banco Central de la República Argentina, hasta el cincuenta por ciento (50%) del total del activo del fondo”, dice. La misma proporción límite aplica para las acciones de sociedades anónimas.

En la práctica, hay excepciones al cumplimiento del 50% que se menciona en el párrafo anterior. Por eso, el fondo de la Anses es acreedor del propio Estado en un nivel mayor. El borrador en discusión elimina esa zona gris.

LA NACION consultó al Ministerio de Economía para conocer qué planes tiene Luis Caputo en relación con esta suma millonaria. Respondieron que “no es por el momento parte de la agenda prioritaria de la cartera”.

Los números muestran que el organismo previsional es un frecuente socorrista de las necesidades de financiamiento público. Esa deuda representa el 72,3% de la cartera, distribuida en bonos en pesos que ajustan por inflación (32,7% de la cartera total), dólar-linked (26,3%), bonos en dólares a tasa fija (10,7%), letras en dólares (1,9%), bonos en dólares con tasa atada al PBI (0,4%), bonos en euros que ajustan por PBI (0,3%), con tasa Badlar (0,1%) y títulos en pesos que ajustan por PBI (0,0004%).

Actualmente, el FGS tiene acciones de 43 compañías argentinas, que en su conjunto equivalen al 12,9% de todo el dinero que administra. El papel más importante es de Ternium Argentina, que equivale al 15% de su porfolio accionario. Representa, a su vez, el 26% del capital social de la empresa.

Otras firmas con gran peso son el Banco Macro (la Anses tiene el 28,8% de las acciones en circulación), Grupo Financiero Galicia (posee el 17,9% del capital social), Pampa Holding (21,1%) y Transportadora de Gas del Sur, con el 24% (ver infografía).

Por esta razón, el diputado de la Unión Cívica Radical, Lisandro Nieri, reconoce que existe un “cambio en los criterios de inversión”, pero a su vez un “sinceramiento” al que apoyaría en el Congreso. Una postura contraria tiene el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, Ricardo Herrera, de Unión por la Patria, que indicó que esto es “manotearles la plata a los jubilados”.

Estos posibles cambios muestran una postura distinta del Gobierno en relación con el proyecto original de Ley de Bases, que sufrió un revés en el Congreso.

Hace poco menos de cuatro meses, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo en la Cámara de Diputados que la propuesta del proyecto original era liquidar “el FGS bajo consolidación patrimonial”. Esto hubiera implicado desarmar dicha caja para que el valor de sus activos quede a disposición del Estado sin la obligación de ser utilizado en materia de seguridad social. Pero ahora la iniciativa se modificó, se eliminó el artículo que disponía “la transferencia de los activos del Fondo” al Tesoro Nacional y habilitaría un nuevo marco de reglas para la inversión de ese dinero, de convertirse en ley.

Algo que el Gobierno mantuvo de aquella primera versión del proyecto es la consolidación de las tenencias de títulos públicos en manos del Estado que, en otras palabras, significa cancelar deuda que el Estado había contraído con organismos del propio Estado como acreedores. Para el economista Camilo Tiscornia esto es “descontar la deuda intrasector público”, y agregó: “Es como que me digas ‘mi bolsillo derecho le debe a mi bolsillo izquierdo’. En realidad no es una deuda, son compromisos dentro del mismo Estado”.

Dicha cancelación, en consecuencia, haría que el activo total del FGS se altere. Por lo tanto, el peso específico o el porcentaje de sus inversiones sobre toda su cartera también cambiaría. De esa manera, el radical Nieri justifica la eliminación de topes en el reparto de las distintas inversiones. (La Nación por Ignacio Grimaldi y Melisa Reinhold)