Una anciana que llora desconsolada ante las cámaras porque la acaban de despedir. Un meteorólogo que se entera a través de altavoces de que ya no tiene trabajo. Científicos que hacen largas filas para saber si todavía están en la nómina. Periodistas a los que nadie les avisó que sus programas, que se transmitían hace décadas en la televisión pública, estaban cancelados.
Estas son algunas de las postales que se viven en Argentina en medio de los despidos masivos ordenados por el presidente Javier Milei, y que ya alcanzan a por lo menos 15.000 trabajadores. El vocero Manuel Adorni ya advirtió que, en total, son 70.000 los contratos a revisión.
El histórico e inédito recorte de trabajadores estatales ha sido respondido con medidas de fuerzas por parte de los gremios y con recurrentes protestas en ministerios, secretarías y todo tipo de organismo público.
La metodología se repite en todas las dependencias. En el mejor de los casos, a los afectados les llega un telegrama de despido. Pero la mayoría se entera cuando intenta acceder a sus correos o cuentas oficiales en internet y ya no puede porque, sin aviso previo, se las han cerrado.
Ningún responsable informa personalmente los despidos, ni sus motivos. La humillación a los empleados se refleja, también, en las campañas de difamación impulsadas desde el Gobierno, que los acusa de ser "ñoquis", como se denomina de manera insultante en Argentina a las personas que cobran sueldos en el Estado y que en realidad no trabajan.
El pasado miércoles, las autoridades llegaron al extremo de mandar a las fuerzas de Seguridad para que custodiaran las oficinas públicas en las que los trabajadores iban a realizar una protesta. Las imágenes de policías y gendarmes en los ministerios recordó a épocas de una dictadura.
Algunos de los efectivos incluso ostentaron sus armas en algunos de los operativos, lo que generó repudios infructuosos, ya que la criminalización de la protesta social es uno de los ejes del actual Gobierno.
Una trabajadora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), organismo que cerrará por orden de Milei, se convirtió en uno de los emblemas de la crueldad con la que se están llevando a cabos despidos masivos, sin auditorías ni evaluaciones de los trabajadores que justifiquen la medida.
"Hace 15 años que trabajo en el organismo, podían esperarme", dijo la mujer de 67 años entre lágrimas, mientras la entrevistaban en la calle para un canal de televisión. La grabación se viralizó.
"Me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación. Estamos en estado de precariedad total", lamentó sin dejar de llorar.
Los medios públicos también están bajo amenaza de desaparecer por completo. Mientras Milei intenta avanzar en ese sentido, ya ordenó el cierre de Télam, la agencia estatal de noticias, cuyos empleados mantienen un acampe callejero en resistencia.
En la Televisión Pública, en tanto, el desguace es paulatino y ha afectado a programas que ya formaban parte del patrimonio cultural del país porque, gracias a ser un canal estatal, promovía y respetaba la visión federal, siempre ausente en las señales privadas.
Los conductores y trabajadores de 'Cocineros argentinos', un exitoso programa de gastronomía que llevaba 15 años en pantalla, fueron avisados de que ya no tenían trabajo y tuvieron que despedirse de la audiencia con la voz entrecortada.
Pero ellos, por lo menos, pudieron decir adiós, a diferencia de los conductores de 'Los siete locos' y 'La otra trama', dos legendarios programas culturales que tenían 36 y 24 años de antigüedad, y que el Gobierno canceló sin previo aviso.
Sus conductores, la reconocida periodista literaria Cristina Mucchi y su colega Osvaldo Quiroga, denunciaron sus casos en redes sociales.
"Las nuevas autoridades jamás se comunicaron conmigo", explicó Mucchi. "No siquiera me llamaron para avisarme que levantaban el programa. Son crueles e ignorantes", confirmó Quiroga.
Los casos de maltratos abundan. Graciana Peñafort, abogada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contó en redes la historia de su hermano Carlos, quien trabajaba en la Comisión Nacional de Comunicaciones, gracias a los cupos para personas con discapacidad.
"Desde que empezó a trabajar, Carlos se ordenó, siguió los tratamientos y tuvo un mundo que ademas le permitía socializar. Y 12 años sin nuevas internaciones. Hasta hoy en la mañana. Cuando fue a trabajar, no lo dejaron entrar al lugar que ha sido su vida los últimos 12 años", explicó.
Ahora, agregó, su padre y su madre, que ya están jubilados, se preguntan cómo pagaran los remedios y los tratamientos del joven, quien, al perder el trabajo, deja de contar con su servicio de salud.
"Carlos es la otra cara del ajuste brutal de este Gobierno (…). Es otra historia entre tantas desgarradoras. Y yo estoy ademas de desconcertada, enojada y sin respuestas", señaló Peñafort en un post que se viralizó y que obtuvo masivas muestras de solidaridad.
Entre los miles de despidos, algunos casos han logrado posicionarse mediáticamente con rostros y nombres, como el de Lucas Berengua, un meteorólogo al que le informaron de su despido a través de parlantes. Hacía 21 años que trabajaba en el Servicio Meteorológico Nacional. Fue tal el escándalo, que el Gobierno lo recontrató.
"Quiero agradecer las muestras de amor de todas y cada una de las personas que se comunicaron conmigo a través de todas las redes sociales y a través de los propios medios de comunicación, herramienta necesaria que sirvió para la visibilización de mi situación en particular y de mi trayectoria", señaló.
Roberto Casazza, un respetado intelectual que estudió en universidades de Argentina, Reino Unido y Alemania, no tuvo la misma suerte. Este especialista en bibliografías de los siglos XV al XVIII y en manuscritos medievales comenzó a trabajar hace 27 años en la Biblioteca Nacional, de donde fue echado sin explicación alguna.
La reacción en el ámbito cultural y académico fue una defensa unánime del valor del trabajo de Casazza. Así se lo hicieron saber a la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto, en una carta que fue firmada por 1.800 referentes universitarios, bibliotecólogos y especialistas que pidieron su reincorporación.
"Es una figura que la cultura bibliográfica argentina no puede despreciar", señaló el escrito que fue agradecido por Casazza, quien aclaró que, cómo él, muchos otros trabajadores han sido despedidos sin que se evalúe su formación o la importancia de su labor. Porque es mentira que son "ñoquis".
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