La Biblioteca Nacional de Haití fue asaltada el 3 de abril por bandas armadas que pusieron en riesgo documentos de hace más de 200 años y robaron muebles, generadores de electricidad y diversos enseres, según informó el director de la entidad, Dangelo Neard.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), dio cuenta de que en la última semana de marzo fueron atacadas dos universidades, la Escuela Normal Superior y la Escuela Nacional de Artes.

“Estos actos de vandalismo, saqueo e incendio provocado contra las instituciones educativas del país tienen consecuencias devastadoras para el futuro de la sociedad haitiana”, deploró la Unesco en una declaración.

Por su parte, la  Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) dio cuenta de que los hospitales de la capital han sido objeto de ataques cada vez mayores por parte de bandas armadas, y algunos han sido saqueados, así como al menos 10 farmacias.

Varios centros de salud en Puerto Príncipe se vieron obligados a cerrar tras ataques en los días finales de marzo, otros permanecen cerrados a pesar de los planes de reapertura, después de haber sido cerrados debido al aumento de la violencia, y solo el Hospital Universitario La Paix sigue operativo en la capital.

Los tiroteos han proseguido en distintos barrios y en la zona de los principales edificios públicos, con enfrentamientos de grupos delictivos no solo contra la policía sino entre bandas rivales, más represalias contra los habitantes de barriadas que fungen como emplazamientos de grupos que controlan espacios de la capital.

Las bandas en Haití actúan en el contexto de un vacío político y han atacado, inutilizado, o colocado bajo su control, a comisarías, prisiones, el puerto, aeropuertos y otras instalaciones, al tiempo que siembran el terror con tiroteos, asaltos, violaciones y secuestros.

Unas 53 000 personas huyeron de sus hogares en la capital cuando la violencia arreció en febrero y marzo de este año, en un país que ya contaba al menos 360 000 desplazados internos, víctimas de la inseguridad, y centenares de extranjeros han abandonado Haití en las últimas semanas.

La violencia se acompañó de exigencias para la renuncia del primer ministro Ariel Henry, lo que finalmente se produjo hace tres semanas, con auspicio de los gobiernos de la Comunidad del Caribe, Canadá, Estados Unidos, Francia y México.

Henry conducía el Ejecutivo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Una presidencia colegiada, que debe designar un nuevo primer ministro y un nuevo gobierno, se está formando con exasperante lentitud. Una de sus primeras tareas será preparar el despliegue de una fuerza armada internacional que ayude a la policía haitiana en tareas de enfrentar a las bandas y procurar seguridad y estabilidad.

El poderío de las bandas ha crecido junto con los “arsenales mortíferos” que acumulan gracias al tráfico de armas cada vez más potentes y sofisticadas, con lo cual “disponen de una potencia de fuego superior a la de la policía nacional”, indicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd).

Integrantes de las bandas se han exhibido desde 2021 con fusiles AK47, de fabricación rusa, AR15, estadounidenses, y Galil, de fabricación israelí.

Cuantas más armas entran, por aire, tierra y sobre todo por mar, más control adquieren las bandas sobre puntos estratégicos como puertos y carreteras, lo que dificulta aún más detener ese tráfico ilícito, observó la Onudd, también conocida por su sigla en inglés, UNODC.

La entidad estima que en Haití, un país de 28 000 kilómetros cuadrados y 11,5 millones de habitantes, existen entre 10 y 200 bandas, de las cuales 23 solo en la capital y con dos grandes coaliciones, “G-Pep”, liderada por Gabriel Jean Pierre o “Ti Gabriel”, y “Familia G9”, de Jimmy Chérizier o “Barbecue”.

Para financiar las compras de armas –un rifle que cueste unos cientos de dólares en Estados Unidos se vende entre 5000 y 8000 dólares en Haití- las bandas recurren a los secuestros -379 solo en enero y febrero de este año-, a la explotación de la población civil y al tráfico de drogas.

Robert Muggah, del brasileño Instituto Igarapé y autor de estudios sobre la seguridad en Haití, planteó, en un reporte divulgado por la Onudd, que “la prioridad absoluta” en el país caribeño debe ser “fortalecer la capacidad de la Policía Nacional para consolidar el control sobre los territorios, las infraestructuras críticas y las fronteras”. (IPS - A-E/HM)