Tras meses de incesantes audiencias públicas, el Gobierno oficializó un sensible aumento en las tarifas de gas, en la víspera de la llegada del invierno austral y del pico de consumo. La Secretaría de Energía anunció incrementos de entre el 350% y el 460% para usuarios residenciales, además de la actualización mensual por inflación.
Postergada por el Poder Ejecutivo en virtud del objetivo de exhibir un sendero descendente de la inflación en el primer trimestre de gestión, la subida inicial de los valores será contundente: para las empresas y los usuarios de ingresos medios y altos, el precio del gas mayorista (componente clave de la tarifa) subirá hasta un 540% para el invierno, pasando de 0,70 a 4,5 dólares por millón de BTU —unidad de medida del recurso.
Los valores de producción —que son abonados a las empresas extractivas del recurso y que se denomina Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)— ya habían aumentado a finales de marzo. Ahora, la novedad reside en el drástico salto en los costos fijos de la producción.
El impacto de los cambios en cada boleta es sustancialmente diferente porque existen diversas variables en juego: los tres niveles de segmentación por ingresos, las ocho categorías de consumo y subsidios para las regiones de "zona fría" (principalmente las provincias del sur del país, afectadas por las bajas temperaturas que llevan a una mayor demanda del recurso).
De acuerdo al esquema de subsidios definido durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), cada hogar abona un valor distinto en base a su nivel de consumo y dependiendo del sector al cual pertenece, con base en la segmentación de subsidios vigente. Existen tres categorías: nivel 1 (ingresos altos ), nivel 2 (ingresos bajos ) y nivel 3 (ingresos medios).
En Argentina, la boleta de gas está compuesta por cuatro ítems: el 40% del peso total corresponde a los productores; el 12% al transporte (el envío del gas desde los centros de producción a través de gasoductos); el 24% el servicio de distribución (a través de las redes que permiten la llegada a los hogares); y el 24% restante está constituido por impuestos.
Los mayores aumentos autorizados corresponden al costo fijo (componente de la tarifa que no está atado al consumo y que se destina al mantenimiento de la red de distribución) que se incrementó entre un 175% y un 1.000%, según la categoría de usuario.
Por otro lado, la Secretaría de Energía definió que las tarifas de gas aumentarán mensualmente de acuerdo con una fórmula que incluye la evolución de la inflación mayorista (que incidirá en un 36,8%), la variación salarial (49%) y el índice de costos de la construcción (14,2%).
Simultáneamente, el Gobierno determinó que actualizará el precio del costo de producción según la variación del dólar. De este modo, las tarifas también se actualizarán en línea con la devaluación de la moneda.
El argumento central del oficialismo remite al profundo atraso en el cual se encontraba el esquema tarifario. Ni bien asumió su cargo, el secretario de Energía —Eduardo Rodríguez Chirillo— advirtió que los usuarios abonan apenas el 17,5% del costo de producción de gas: es decir, 0,7 dólares por millón de BTU, contra un costo que en promedio asciende a los 4,1 dólares.
El trasfondo del descalce entre la evolución de los precios y el valor de la energía tiene su origen en el año 2002, cuando —en medio de una devastadora crisis social—, se dispuso un congelamiento tarifario. Tras años de aumentos sustantivamente menores a la inflación, recién en 2017 se ejecutó una Revisión Tarifaria Integral. Desde 2019 las boletas volvieron a quedar atrasadas y, a pesar de ajustes transitorios en los años siguientes, las tarifas no acompañaron la suba de los costos operativos.
"El porcentaje de aumento es astronómico. Ahora hay una recomposición de las tarifas y la indexación con la inflación, para evitar futuros atrasos. Los aumentos llegaron para quedarse", dijo a Sputnik Paulo Farina, economista especializado en energía y exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación.
"Entre la fuerte suba de los costos fijos, la actualización por inflación y el pico de demanda en invierno, es probable que las facturas de gas se multipliquen por 10 y 12 veces entre marzo y julio", graficó el especialista.
Según el investigador, el impacto en el bolsillo será contundente, en el marco de una caída del poder adquisitivo de los salarios que acumula siete años consecutivos y que se profundizó en el primer trimestre de Gobierno de Milei. "La canasta energética pasará de representar el 3% de los ingresos de una familia tipo al 7%. Es un golpe muy fuerte a las familias", indicó Farina.
"La mayor parte del costo cae sobre el 40% de la población que pagará el peso pleno de la energía. Los que reciben subsidios los mantendrán, y el aumento no será tan elevado. En términos concretos, la mayor parte de ese incremento caerá sobre quienes no tienen subsidios", apuntó.
La realidad que afrontarán los usuarios residenciales alcanza a los comercios. En diálogo con Sputnik, Silvio Farach —coordinador de la Comisión de Energía de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa—, indicó que "esto golpea sobre todo a las pequeñas fábricas, y se va a trasladar a los precios. Pero, además, tiene una fuerte incidencia en toda la matriz productiva del país".
"Hoy la economía viene sufriendo los embates de la inflación y de la caída de ventas. Con estos aumentos, muchas empresas van a estar en riesgo, y con ellas los puestos de trabajo. Esto nos genera mucha incertidumbre porque las pequeñas compañías no tenemos la espalda financiera de las grandes empresas", advirtió Farach.
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