El octavo conflicto armado no internacional en Colombia, según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, fue abierto por grupos armados ilegales, conformados por entre 3.000 disidentes de las FARC, conocidos como Estado Mayor Central (EMC) y unos 9.000 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia de corte paramilitar, denominados como "El Clan del Golfo”, se pelean el control territorial en parte del norte y nororiente colombiano, incluyendo la frontera con Venezuela, zonas en donde se produce cocaína.
"La situación humanitaria sigue siendo preocupante”, concluyó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, durante presentación del informe 2024 presentado en Bogotá en rueda de prensa a la que asistió DW. "Es necesario que las preocupaciones humanitarias ocupen un lugar central en la agenda de conversaciones para la paz”, advirtió el funcionario italiano.
Agregó que las disputas por el control territorial, así como el miedo que tiene la población de salir durante las confrontaciones armadas, ya sea entre la fuerza pública y grupos armados ilegales, entre estos últimos o por la sospecha de presencia de minas antipersonales, hace que fenómenos como el confinamiento se agudicen en el país.
"La población rural está particularmente afectada por este fenómeno”, destacó Caraffi. De 39.404 confinamientos de más de 10 familias en 2022, el país pasó el año pasado a registrar más de 47.013 personas afectadas en 10 departamentos del país, siendo Chocó y Nariño, departamentos en el pacífico colombiano, por donde salen la mayoría de las rutas fluviales del narcotráfico, los más afectados por el conflicto armado no internacional en donde hubo aumentos significativos en las afectaciones humanitarias.
"Durante conversaciones de paz pueden haber momentos esperanzadores para el país. Sin embargo, aún hay miles de personas que sufren por cuenta de los ocho conflictos armados no internacionales que, de acuerdo con el análisis jurídico del CICR, existen en el país”, subrayó Caraffi.
"Para que un grupo armado sea clasificado por el CICR, tenemos en cuenta los dos elementos del Derecho Internacional Humanitario: la organización de las partes y la intensidad de la violencia", dijo durante la entrega del informe, Mariana Chacón Lozano, coordinadora jurídica operacional del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia.
El presidente colombiano Gustavo Petro, desde que llegó al poder en 2022 se propuso una "paz total” que involucre a todos los actores armados, pero los expertos afirman que sin la presencia del Estado en todo el territorio nacional, es muy difícil que las rentas criminales dejen de ser una opción para estos grupos ilícitos que viven de la cocaína, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y otras actividades criminales, en zonas donde no hay inversión social, infraestructura, escuelas y oportunidades laborales.
"Petro ha tratado de enmendar lo que los anteriores dos gobiernos no hicieron y es reemplazar a las FARC en las regiones que antes ocupaban”, dijo a DW, por su parte, Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para la Paz, INDEPAZ, refiriéndose a que el Estado colombiano en 2016 y en años posteriores al acuerdo de paz, no ocupó las zonas que estaban bajo el dominio del entonces grupo guerrillero más grande que tenía Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La nueva presencia de grupos armados en zonas y departamentos donde antes no estaban, se debe al cese al fuego bilateral que se acordó en las mesas de diálogos de paz vigentes entre el gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las disidencias de las FARC (EMC), lo que les ha permitido fortalecer su estrategia para la guerra y no para fortalecerse en la paz, aseveró González a DW.
Por su parte el Ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, recordó en un comunicado, que ningún decreto de cese al fuego vigente significa permisibilidad a las organizaciones ilegales para que cometan delitos sin ninguna reacción por parte de la Fuerza Pública.
A lo largo de 2023, la situación de las zonas donde trabaja el Comité de la Cruz Roja Internacional en Colombia, no presentó mejoras significativas para las comunidades.
El Comité documentó 444 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario y de otras normas humanitarias por parte de actores armados estatales y no estatales, entre las que se cuentan la violencia sexual, las amenazas, el reclutamiento, las desapariciones, la utilización directa en las hostilidades de niños, niñas y adolescentes, homicidios y el empleo de artefactos explosivos.
"Los actores armados no estatales que están involucrados en conversaciones de paz deben atender el informe del CICR y abstenerse de seguir cometiendo violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Respetar el DIH mostrará su compromiso con la paz y las poblaciones”, opinó para DW José Manuel Barreto, profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Barreto resaltó además que las fuerzas armadas colombianas tienen una cultura propicia al irrespeto del DIH y un gobierno de izquierda comprometido con los derechos humanos tendrá necesariamente problemas para cambiar estructuralmente a la fuerza pública. "Pero el Estado colombiano debe profundizar su compromiso en asegurarse que las Fuerzas Armadas respeten el Derecho Internacional Humanitario”, dijo para DW el profesor Barreto.
El uso de niños, niñas y adolescentes asociados a actores armados preocupa al Comité Internacional de la Cruz Roja. Separar a los menores de edad de sus familias significa un quiebre y un sufrimiento psicológico y psicosocial para las familias, remarcó el Comité en su informe 2024.
Para Laura Suárez Alonso, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, experta en derechos de niñez y adolescencia, consultada por DW, el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia al igual que fenómenos como la pobreza, la trata de personas o la explotación infantil son de carácter multifactorial. Sin embargo, resaltó Suárez que "las condiciones de vulnerabilidad, las precarias oportunidades en zonas con poca presencia estatal, la inimputabilidad de las personas menores de 18 años entre otros factores, son los causantes del reclutamiento”.
En 2023 el CICR registró 380 víctimas directas de minas antipersonales, restos de explosivos de guerra y de artefactos de detonación controlada, 23 de las víctimas, fueron menores de edad y 61 del total, fallecieron.
Pese a la gravedad de las cifras, las víctimas de artefactos explosivos tuvieron una disminución del 27% respecto a 2022, esto no implica una reducción de la presencia, uso y abandono de estos artefactos, advirtió el informe de la CICR.
El jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, llamó a acciones concretas hacia la protección a la población civil y recordó que el respeto al Derecho Internacional Humanitario, reduce la barbarie propia de la guerra. (jov)
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