En ciertos casos, los barcos desaparecen del Sistema de Identificación Automática (AIS, en inglés) — que transmite datos de identificación y localización en tiempo real a la Armada uruguaya — por motivos legítimos, como evitar ataques de piratas. Pero la práctica se ha relacionado con el contrabando de petróleo, el tráfico de armas y la trata de personas.
En las aguas del Atlántico frente a Sudamérica, el capitán de corbeta Hugo de Barros, de la Armada uruguaya, vigila los buques en busca de señales reveladoras de una “actividad oscura” diferente: la pesca ilegal.
De Barros es el jefe provisorio del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar, el cual se encarga de vigilar las aguas uruguayas.
Según él, la Armada cuenta con herramientas para detectar la ubicación aproximada de embarcaciones que permanecen “en la oscuridad”: “Cuando vemos que estos buques desaparecen y aparecen en el sistema, se crean indicios y patrones que nos permiten determinar si se encuentran en una situación sospechosa de pesca ilegal”.
La pesca ilegal amenaza al atún, los tiburones, el pez espada, las tortugas y las aves marinas en aguas uruguayas, y es una preocupación creciente mientras el país intenta reforzar la protección del medio marino e implantar nuevas zonas protegidas.
La actividad oscura y la cuestión a menudo relacionada de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, en inglés) es un problema creciente en todo el mundo. Según un estudio publicado en Science Advances, los barcos pesqueros de todo el mundo desconectan sus sistemas AIS alrededor del 6% del tiempo, y esto está relacionado con la pesca INDNR.
En Uruguay, donde buques pesqueros extranjeros han encontrado formas de engañar a las autoridades, crece el temor de que sigan aumentando las actividades “en la oscuridad”.
Un informe del proyecto Mar Azul Uruguayo, de la organización Che Wirapitá, analizó las actividades de 46 embarcaciones para determinar si, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, navegaron clandestinamente en una zona identificada por el Ministerio de Medio Ambiente como prioritaria para la conservación: la Restinga del Pez Limón.
Utilizando los datos de seguimiento de Global Fishing Watch y Skylight, la investigación descubrió que 42 de estos buques apagaron sus sistemas AIS al menos 736 veces durante el período, y 38 de ellos entraron realmente en la zona de la Restinga Pez Limón.
El reporte indica que 26 buques de bandera argentina fueron responsables por 89 % de los eventos de actividad oscura detectados y 12 barcos de bandera uruguaya por 11% restante. Además, cuatro buques estaban registrados en Taiwán, con actividades sospechosas en aguas internacionales, fuera de la Restinga del Pez Limón.
Los investigadores de Mar Azul Uruguayo también descubrieron que las actividades “oscuras” de los buques argentinos prácticamente se duplicaron: fueron 162 eventos de ese tipo en noviembre de 2023 en comparación con los 66 registrados en noviembre de 2022. Entre los buques uruguayos, la actividad sospechosa se triplicó de 13 a 40 en el mismo período.
Andrés Milessi, director del proyecto, afirma que los esfuerzos de muchas personas por promover un mayor control de la pesca se ven frenados “por la burocracia” del Estado. “Hay muchas herramientas de vigilancia de libre acceso a disposición de Uruguay, pero depende de la voluntad política de acceder a ellas”, afirma.
Milessi asegura que varias organizaciones están intentando convencer a los diputados y senadores uruguayos para que endurezcan la legislación sobre pesca ilegal. Pero por ahora, “los barcos siguen entrando y saliendo, y las autoridades fingen que todo sigue igual”.
Para Hugo de Barros, la falta de personal especializado en la Armada dificulta la lucha contra la pesca ilegal, que, junto con las operaciones asociadas a ella, como el trasbordo de carga entre buques, constituyen “alrededor de 99 % de la actividad oscura que se registra”.
Cuando practicada “en la oscuridad”, la transferencia de carga entre buques en el Atlántico Sur se asocia a menudo con actividades ilícitas y pesca ilegal. Imagen: Jeremy Sutton-Hibbert / Alamy
A finales de 2022, la Armada amplió su flota de patrullaje en el río Uruguay, que después desemboca en el río de la Plata, pero es en este segundo punto conectado con el océano, lamenta de Barros, en “donde estamos más mermados”. Según él, la Armada solo tiene tres embarcaciones capaces de navegar por estas aguas, dos de las cuales “son bastante limitadas en cuanto a velocidad”.
El pasado diciembre, el Ministerio de Defensa compró dos patrullas oceánicas destinadas a reforzar la protección de las aguas territoriales. Además, el gobierno actual ha adquirido cuatro lanchas rápidas, un buque de búsqueda y salvamento y un buque de investigación científica.
Según de Barros, las nuevas patrulleras marítimas desempeñarán un papel crucial en las labores de vigilancia: “son fundamentales porque están específicamente diseñados para satisfacer [nuestras] necesidades”.
Con las nuevas embarcaciones, la Armada podrá llegar rápidamente a las aguas más remotas con la posibilidad de transportar helicópteros. “Hemos ganado una capacidad de respuesta mucho mayor”, afirma.
El capitán de corbeta dice desconocer las cifras brindadas por Mar Azul Uruguayo, pero cree que cualquier aumento del problema se debe probablemente a la falta de buques de la Armada.
Aunque la construcción de los nuevos barcos “llevará tiempo”, él espera que sean una solución duradera. “No es como lo que ha ocurrido en los últimos años, cuando países amigos nos dan material que ya está al límite de su vida útil, generando capacidades bastante limitadas”, dice Barros.
Otro problema que dificulta la lucha contra la pesca ilegal es que el código penal uruguayo no la considera un delito, sino una infracción administrativa. Esto limita las acciones que puede emprender la Armada: un barco sorprendido pescando ilegalmente puede recibir una multa y tener su carga confiscada, pero nadie va a la cárcel ni es procesado por eso.
Otras fuentes de la Armada que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que sus manos están “de manos atadas” por la ley actual. Algunos países permiten que sus fuerzas armadas tomen medidas más drásticas contra los buques extranjeros que infringen sus normas. La limítrofe Argentina, por ejemplo, es conocida por abrir fuego y hundir barcos acusados de pesca ilegal.
La Armada argentina está autorizada a tomar medidas drásticas contra la pesca ilegal en su territorio. En Uruguay, sin embargo, esta actividad apenas constituye una infracción administrativa. Imagen: Mariana Nedelcu / Alamy
Juan Riva-Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras de Uruguay, afirma que los barcos de pesca ilegal pueden ser detenidos, pero al final “vuelven a sus propias aguas”.
A Riva-Zucchelli también le preocupa la precaria estructura para combatir la pesca ilegal: “Todos sabemos los problemas de recursos y combustible que tiene la marina, no tenemos lo suficiente para proteger las riquezas del país”.
A pesar de ello, Riva Zucchelli insiste en que “no hay tantos casos” de pesca ilegal en aguas uruguayas.
“Las ONG, en nombre de la protección, se pasan con las cifras. No estoy en contra de lo que hacen, pero a veces generan alarmas porque quieren proteger más de lo debido”, afirma.
Diálogo Chino intentó infructuosamente ponerse en contacto con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay para obtener comentarios sobre esta historia.
Pero el ministro de Medio Ambiente, Robert Bouvier, ha declarado que es “algo en lo que se está trabajando en estrecha colaboración interinstitucional”, sobre todo ante la inminente designación de las zonas marinas protegidas que el ministerio estudia crear.
Además de preparar sus nuevos buques, fuentes de la Armada afirman que la institución ha iniciado recientemente la formación de un analista de pesca ilegal, y esperan que en mayo se publique un primer informe sobre el tema.
La institución también está desarrollando y desplegando tecnología que correlaciona imágenes de satélite, datos AIS y otra información para rastrear embarcaciones. Además, la Armada ha estado utilizando inteligencia artificial para analizar si los buques están implicados en actividades pesqueras sospechosas.
“Esta tecnología permite ver a través de las nubes o de noche mediante un radar de apertura sintética, y detectar buques que no quieren ser detectados y fotografiarlos”, explica Hugo de Barros.
Pasar desapercibido frente a las costas de Uruguay puede no ser suficiente para librarse de la pesca ilegal en el futuro. RV: EG
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