El freno en la obra pública es elocuente si se lo observa desde los números de la contabilidad estatal. Entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2117 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales.

Las cifras surgen de la documentación estatal. A fines de 2023, había 2417 obras en ejecución con recursos nacionales. En febrero pasado, esa cifra bajó a 300 proyectos. Es una caída del 87,6%, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.

El recorte del gasto en obra pública, traducido como transferencias de capital, alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Esta reducción fue una de las claves del gobierno de Javier Milei para obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año.

Los números citados analizan el desarrollo de obras de alta y pequeña envergadura, así como también compra de equipamiento.

“Se prioriza terminar con obras estratégicas que tengan que ver con seguridad vial, cárceles, control de inundaciones y que a su vez sean de envergadura e importancia nacional.”, describió una fuente de la Secretaría de Obras Públicas.

Según detalló el Ministerio de Economía, en febrero los gastos de capital ascendieron a $80.579,1 millones. En enero, $77.104,7 millones. Por lo tanto, en lo que va del año estas erogaciones sumaron $157.683,8 millones. Es decir, un 34,8% menos en términos nominales comparado con el mismo período de 2023. En términos reales, la caída supera el 80%.

Esta situación refleja la crónica de un ajuste anunciado. Antes de su llegada al poder, el por entonces candidato, Javier Milei, anticipaba que en su gestión no iba a haber obra pública y apoyaba el modelo chileno. De hecho, catalogaba a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) como “Cámara Argentina de la Corrupción”.

Una vez instalado en la Casa Rosada, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, el que anunció que “no hay plata para pagar más obra pública”. Dos meses después, el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro y la Secretaría de Obras Públicas quedó a cargo de quien dijo que no hay más fondos para ellas: Caputo.

El pasado 4 marzo, las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron con el Presidente. En un comunicado oficial, la entidad empresaria celebró dicha instancia de diálogo luego de haber declarado el “estado de emergencia” del sector el 1 de febrero. En ese entonces, habían pasado tan solo 52 días del nuevo gobierno. En aquella oportunidad, la CAC alertó sobre “una crisis extrema” que podría derivar en “la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos”.

Eliminar el déficit fiscal fue catalogado por el Presidente como “la madre de todas las batallas”. Incluso, la versión original de la Ley Bases estipulaba facultar al Poder Ejecutivo para disponer “por razones de emergencia la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.

Sin “ley ómnibus”, pero con superávit financiero, el recorte en la obra pública funcionó como una tijera efectiva sobre las cuentas del Estado.

El superávit financiero del primer bimestre llegó acompañado por una caída de las transferencias a las provincias, que explican buena parte de la reducción del 82,3% del gasto de capital. En términos reales, el ajuste en este segmento alcanzó el 92,4%, según analizó ASAP. Es otro capítulo del ajuste en la obra pública.

A su vez, el estudio aludido califica como “significativa” a la contracción en jubilaciones y pensiones, cuyas partidas disminuyeron 34,8% en términos reales en los primeros dos meses del año.

Pese al freno en la obra pública, la semana pasada la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) abrió los sobres para licitar el último tramo de la reversión del Gasoducto del Norte, el proyecto de infraestructura más importante del año. Cumpliría la función de cambiar el flujo del gas y reemplazar las importaciones de Bolivia por la producción en Vaca Muerta, motivo que el Gobierno consideró lo suficientemente “estratégico” para que el avance del pliego no se detenga.

La ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner es otra de las obras públicas importantes. La última información oficial al respecto es de octubre del año pasado, cuando la Secretaría de Energía anunció que aprobaba la licitación para la compra de caños del tramo II, que conecta a la ciudad de Salliqueló, al sur de la provincia de Buenos Aires, con la de San Jerónimo, en Santa Fe.

Casi cinco meses después de aquella aprobación, LA NACION consultó a la actual gestión al frente de la Secretaría de Energía para conocer detalles sobre el avance de esta obra, pero no obtuvo respuesta.

A propósito de la revisión del gasto público, Enarsa, que es la compañía estatal que encabeza las licitaciones vinculadas al Gasoducto Néstor Kirchner, no recibió fondos en concepto de transferencias de capital en febrero, consigna ASAP.

En paralelo al ajuste del gasto en ese rubro, las transferencias corrientes también sufrieron el efecto de la “motosierra”. Cayeron 19,9% en términos reales durante los dos primeros meses del año. En este sentido, el Potenciar Trabajo representó la fuente de mayor recorte porcentual con 69,8% en términos reales. Al mismo tiempo, los subsidios energéticos y al transporte cayeron 60,1% y 42,1% respectivamente en términos reales.

Esto último impactó en los aumentos del precio de las tarifas. En el caso de la luz, el incremento trepó hasta un 165% en febrero; en el del transporte, el boleto mínimo del colectivo pasó de $52,96 a $270 desde que comenzó el gobierno de Milei.

Las empresas estatales no fueron ajenas al concepto presidencial de que “no hay plata”, mantra que tantas veces se repitió entre las filas de La Libertad Avanza. Un ejemplo de esto es el caso de Aysa, que en lo que va del año tampoco recibió dinero de parte del Gobierno. Esto contrastó con en el primer bimestre de 2023, cuando le habían transferido $2300 millones.

El Correo Argentino configura otro caso de reducción de gasto para el Gobierno, que recortó sus transferencias corrientes a la compañía un 67,7% en términos reales. En el transporte se repite el cuadro de situación, aunque con un ajuste del 42,1%. De esta manera, el Gobierno obtuvo superávit financiero. (La Nación por Ignacio Grimaldi)