“Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”, dice el cuarto punto del decálogo del Pacto de Mayo con el que el gobierno de Javier Milei busca refundar la Argentina. Es la continuación del punto al que expertos señalan como el verdadero corazón del proyecto libertario, del que dependen todos los demás ítems: “La reducción del gasto público en torno al 25% del PBI”. Sin embargo, como sucede con otros temas neurálgicos –como el régimen laboral y el sistema previsional–, el debate sobre el impacto de la carga fiscal parece quedar enredado en la compleja maraña de la coyuntura política y económica, cuya resolución asoma incierta.
De hecho, nueve de cada diez referentes del área financiera de las principales empresas consideran que la presión tributaria en 2024 será mayor (64%) o igual (25%), mientras que solo uno de cada diez está convencido de que será menor (11%). El dato se desprende de una nueva edición de la “Encuesta anual de impuestos”, que realiza KPMG Argentina a partir del relevamiento a 58 directores financieros (CFO) y especialistas en temas impositivos de firmas de primera línea del sector financiero, la construcción, las telecomunicaciones, la logística, la energía, la agroindustria, las manufacturas y el rubro comercial, entre otros.
Sin embargo, desde la consultora remarcan la importancia de analizar las percepciones en el marco de un contexto recesivo y una eventual baja de la recaudación, que complicaría aún más las cosas. “Hay una situación fiscal de fondo que va más allá de la expectativa positiva que generan algunas medidas oficiales. Hay un Gobierno que, entre sus principales enunciados, pregona la baja de impuestos, pero la expectativa mayoritaria es que van a subir”, señala Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG Argentina y responsable de la encuesta.
“Esa mayor presión tributaria está atada a nuevos impuestos o a un aumento en los que ya existen. También hay una búsqueda de déficit cero y de orden en las cuentas fiscales a partir del ahorro del Estado, que es muy bien visto. Pero, por otro lado, tampoco se acredita desfinanciar al Estado y que no cobre más impuestos. Evidentemente, la mirada de los empresarios tiene implícita la duda de cuán fácil sería recortar el gasto público”, explica el especialista. Y resume: “Si bien hablamos de impuestos, la incertidumbre de cómo cierran los números fiscales es clave”.
Otro de los datos más llamativos que arroja el relevamiento tiene que ver con el impacto del sistema actual en las decisiones de inversión del mundo empresario. Según el informe, el 43% de los consultados señaló que la alta presión tributaria los obligó a desinvertir el año pasado, mientras que el 53,5% aseguró que le resultó neutra para sus planes de desembolsos y solo el 3,5% dijo que le permitió expandirse.
“En la opinión mayoritaria de los encuestados (96%) se observa que el marco fiscal argentino o bien los obligó a desinvertir o en el mejor de los casos les permitió mantener las inversiones ya efectuadas”, analiza Quiroga Lafargue. Y agrega: “Si bien continúa muy alto el porcentaje de aquellos que manifiestan haberse visto obligados a desinvertir como consecuencia del marco fiscal, destacamos que esas opiniones bajaron del 50% al 43% entre 2022 y 2023″.
En tanto, según el informe, el podio de los impuestos que generan mayores distorsiones continúa encabezado por Ingresos Brutos (53,45%), debido a sus efectos sobre los precios de los productos y servicios que las empresas comercializaron en 2023. Se trata de un impuesto provincial que está considerado, desde hace años, como altamente distorsivo. Los tributaristas atribuyen las causas de su connotación negativa a la forma en que se aplica, ya que alcanza a todas las etapas de la producción y comercialización de un bien; a la base imponible, porque no contempla los ingresos de forma neta; y a su impacto en los precios, que perjudica mayormente a quienes destinan al consumo un mayor porcentaje del ingreso.
En segundo lugar, y como novedad, la encuesta señala a la categoría “otros” (15,52%), discriminada por quienes valoran entre los principales tributos regresivos al impuesto PAIS (78%), a los derechos de exportación (11%) y a las tasas municipales (11%). No resulta menor la percepción distorsiva que existe respecto del impuesto PAIS, si se toma en cuenta que para el oficialismo el objetivo de “déficit fiscal cero” es “innegociable” y que dicho tributo es, según algunos expertos, una de las principales fuentes de financiamiento de Estado.
En tercer lugar, los encuestados ubicaron a la carga sobre los débitos y créditos –más conocido como impuesto al cheque–, con el 12,07% de las respuestas, y luego Ganancias (10,34%) y el IVA (8,62%). Cabe recordar que, durante la última campaña electoral, el excandidato de Unión por la Patria y entonces ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó la iniciativa que eliminó la cuarta categoría de Ganancias –que ahora el actual Gobierno buscaría restituir–, estableciendo que solo lo pagarían quienes cobren más de 15 salarios mínimos vitales y móviles. La medida se refleja en la encuesta, ya que en la medición de 2022 había ocupado el segundo lugar, con el 20%.
En cualquier caso, la tendencia general continúa ubicando al impuesto sobre los ingresos brutos en el liderazgo absoluto de los gravámenes que encarecen los precios y servicios de las empresas. “Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda que haga foco en la productividad y en el desarrollo sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, considera Quiroga Lafargue.
Asimismo, KPMG indagó sobre la posibilidad de fijar precios diferenciales por jurisdicción y en qué provincias deberían vender más caros sus productos y servicios, en función del marco fiscal de cada una. Los CFO señalaron que la provincia de Buenos Aires sigue liderando como la jurisdicción “más gravosa”, seguida de la Ciudad Autónoma por Buenos Aires, Misiones y Tucumán.
En cuanto a la presión fiscal provincial, el 21% aseguró haber restringido sus operaciones comerciales en algunas jurisdicciones. “No deja de ser significativo ese porcentaje. En la práctica, restringir operaciones con algunas jurisdicciones puede manifestarse directamente en no tener actividad presencial en ellas o bien, operando desde otra jurisdicción, bloquear la comercialización. Se trata de empresas que prefieren no vender a tener que lidiar con una normativa tributaria provincial gravosa”, explica el experto.
Otro factor a destacar son los saldos impositivos a favor de las compañías. Según el informe de KPMG, el 79% posee crédito a favor de tributos provinciales de magnitudes diversas, situación que describe como un “tipo de inmovilización financiera para las empresas” que es “altamente perjudicial”. Para la consultora, “la multiplicidad de regímenes de recaudación provinciales sobre transacciones, muchas veces duplicados por los que se aplican a las acreditaciones bancarias, ha generalizado lo que para muchas empresas constituye una de las principales problemáticas del régimen tributario del país”.
Ante la consulta sobre los incentivos fiscales, el 83% de los encuestados dijo que las medidas impositivas no son efectivas para el desarrollo de la actividad industrial ni para la inclusión financiera, mientras que un 79% aseguró que no favorecen las exportaciones. Solo quedaría exenta de esta afirmación la industria de la economía del conocimiento, a la que el 64% de las opiniones identifica como el sector más reconocido, probablemente porque cuenta con un marco normativo específico.
Si bien desde KPMG consideran que el mensaje que le gustaría recibir al sector empresarial es el de una baja impositiva en el corto plazo, al mismo tiempo creen que debería ir acompañada de una definición acerca de qué tipo de Estado se quiere. “A partir de definir el tamaño del Estado y su nivel de gasto, se puede establecer cuáles serán las cargas impositivas. Al definir un sistema más razonable respecto del que está y una baja de gasto público, habría más margen para hacer una reducción impositiva”, opina Quiroga Lafargue.
En cuanto a las iniciativas fiscales para invertir, los consultados se definieron por un orden de prioridad que consiste en replantear la figura del impuesto sobre los ingresos brutos, que luce como el más problemático. “Este gravamen no es elegido por casualidad, ya que aparece también como el más determinante en la conformación de precios de bienes y servicios, y el que genera mayor preocupación por la acumulación de saldos a favor crónicos. Este tema tiene una especial actualidad ya que en la agenda de la convocatoria al Pacto de Mayo se incluye una reforma tributaria y un nuevo régimen de coparticipación”, señala. Y concluye: “El gran desafío es cómo se sientan la Nación y las provincias a proyectar una coparticipación que empiece desde cero. Es uno de los puntos esenciales. Y, a nivel nacional, en un país donde existe tanta informalidad, el reto es intentar evitar aquellos impuestos que gravan la formalización de operaciones. Por eso, la mirada inicial tiene que estar puesta en los tributos provinciales, en Ingresos Brutos. Y después, en aquellos impuestos que juegan fuertemente en oportunidad de formalizar operaciones, como el impuesto al cheque”.
Otro desafío esbozado por el mundo empresario es la necesidad de replantear los organismos fiscales y los tribunales administrativos y judiciales, a los que calificó en función de su objetividad del 1 (bajo) al 10 (alto). Así, la mejor puntuación fue para la Corte Suprema de la Nación, con 6,44 puntos, seguida por el Tribunal Fiscal de la Nación (5,79), la AFIP (5,35) y la AGIP (5,19). Más lejos quedaron la Justicia provincial (4,3) y ARBA (4,07), reflejando el impacto de la estructura impositiva provincial, por sobre el régimen nacional.
Diversos tributaristas y economistas consultados coincidieron, en líneas generales, con el podio de los impuestos más distorsivos desde el punto de vista de las empresas (Ingresos Brutos, impuesto al cheque y PAIS) y, también, con la encrucijada en la que, tarde o temprano, se encontrará el plan económico del Gobierno, basado en su intransigencia respecto de alcanzar el déficit fiscal cero o incluso el superávit. Sin embargo, el camino para lograrlo no estaría relacionado con la baja de tributos en lo inmediato, sino con una drástica reducción del gasto público, sobre la cual el oficialismo ha dado señales –con hechos concretos– desde el día en que asumió.
Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dijo a LA NACION que, si se considera el Pacto de Mayo como un marco posible, en tanto estima un peso relativo del gasto público consolidado en la Argentina en el orden del 25% del PBI, habría que pensar en un peso de la recaudación de esa misma magnitud, ya que la misma iniciativa oficial contempla el equilibrio presupuestario y, también, la reforma tributaria. “[Del Pacto de Mayo] se podría deducir que ese nivel de presión tributaria esté compuesto por impuestos muy poco distorsivos; es decir, uno se imagina que impuestos como Ingresos Brutos, PAIS o a los créditos y débitos estén sustituidos por tributos finales a las ventas y otro tipo de impuestos como Ganancias, que son mucho más neutrales a la asignación de recursos”, aseguró el especialista.
Las dudas surgen, en todo caso, respecto de la capacidad de implementación de una reforma tributaria que vaya en ese sentido en el corto plazo, tal como quedó de manifiesto en los reveses que hasta ahora tuvieron los principales caballos de batalla del gobierno de Javier Milei: la ley ómnibus y el DNU 70, que esta semana fue rechazado en el Senado.
César Litvin, experto en impuestos y CEO del estudio Lisicki Litvin & Asociados, afirmó: “Es incompatible bajar los tributos con la meta de déficit fiscal. Hay un requisito ineludible, que es lograr el equilibrio fiscal a través de una austeridad del gasto público, teniendo erogaciones que sean esenciales, para luego trazar un sendero de rebajas de impuestos”. No obstante, el especialista considera que “este sendero tiene que ser lo suficientemente angosto como para que no tenga camino de retorno, dar seguridad jurídica y así atraer inversiones que creen más empleo, lo que hace aumentar el consumo y, a su vez, la actividad económica”.
Por su parte, Gabriel Caamaño, economista del Estudio Ledesma, consideró que “las expectativas para 2024 son que el Gobierno busque equilibrio fiscal y eso, hasta ahora, ha tenido un componente alto de suba de impuestos”, por lo que “esperar que la carga fiscal se mantenga constante ya implicaría la esperanza de que haya reversiones de suba de impuestos en la segunda mitad del año”. Dado el contexto –dijo el experto– lo más optimista es esperar que la carga fiscal promedio anual sea similar a la de 2023. (La Nación por Joaquín Lanfranchi)
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