El conflicto judicial que enfrenta la Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF sumó ayer un nuevo capítulo. Si bien el equipo jurídico del país presentó la semana pasada su primer escrito con la apelación del fallo adverso en primera instancia, los beneficiarios de esa sentencia, que obliga al país a pagar una indemnización de más de US$16.000 millones, se presentaron ante la jueza y solicitan una audiencia que podría acelerar embargos contra activos locales.
Se trata de un escrito de 122 páginas presentado ante la corte de la jueza Loretta Preska, donde los beneficiarios del fallo confirmado en 2023 solicitan una audiencia ante la magistrada por un reclamo ante el Estado argentino. Según argumentan, el país no está cooperando en el proceso de ‘discovery’ de activos, una instancia judicial que se abrió tras el fallo de Preska, que apunta a identificar bienes u otros instrumentos que puedan ser embargados, mientras el país no cumple con la sentencia adversa.
El documento fue presentado ayer por los abogados del estudio King & Spalding, y busca formalizar un reclamo ante la justicia para avanzar en la posibilidad de cobrar la indemnización dispuesta por Preska. “La república (Argentina) pretende erróneamente proteger categorías enteras de activos del mero proceso de discovery alegando que son supuestamente inmunes al embargo (...). La ley es clara, sin embargo, tanto en que el discovery en sí no es el momento de evaluar las cuestiones de inmunidad y que el deudor de la sentencia no es el responsable adecuado para tomar esa determinación”, sostiene el escrito.
En otras palabras, los beneficiarios presionan para averiguar qué activos embargables existen, en un procedimiento que es consecuencia del fallo de 2023.
El reclamo que los demandantes realizan ante Preska apunta contra un conjunto de activos. Entre ellos, aparecen inicialmente el 51% de las acciones de YPF que el Estado argentino expropió a Repsol, aunque también consideran otras acciones de la petrolera en manos del Estado, o dinero depositado en cuentas, acreencias, activos u otros bienes financieros de más de US$1 millón.
El listado de activos soberanos sobre los que pretenden avanzar los beneficiarios también incluye al swap con China (yuanes en poder del Banco Central) y concesiones que el Estado realizó para la explotación de energía, recursos naturales o infraestructura. A su vez, la presentación apunta a conseguir información sobre empresas estatales y sus bienes, como Arsat, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Banco Nación.
“La audiencia que pidieron los demandantes es para decir que la Argentina está trabando desde octubre de 2023 la entrega de información que les sirve a ellos para ver si hay activos que son embargables en el futuro”, explica el abogado Sebastián Maril, especialista en litigios que enfrenta el país en el exterior.
“Lo que pretenden es acceder a información para evaluar pedidos de embargo, si consideran que esos bienes son embargables, y luego Preska decide si se traba el embargo”, agrega el especialista. El país, por su parte, plantea que se trata de bienes que están protegidos por inmunidad soberana.
Detrás de esta presentación aparece Burford Capital, el fondo legal radicado en Londres que se quedó con los derechos para litigar contra YPF y la Argentina que correspondían a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Son dos firmas con sede en Madrid (España), a través de las cuales la familia Eskenazi (Grupo Petersen) había comprado entre 2008 y 2011 el 25,4% del paquete accionario de YPF a la española Repsol, en una operación también investigada en la justicia local.
Pero este demandante no es el único. Además de las dos firmas españolas, creadas por la familia Eskenazi y hoy quebradas, aparecen el fondo Eton Park Capital y otro conjunto de beneficiarios. Son alrededor de 40, según estima el abogado Maril.
El conflicto judicial se origina por una demanda que en 2015 inició el estudio inglés Burford Capital, luego de adquirir los derechos para litigar contra la Argentina a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
La demanda cuestiona la forma en que la Argentina, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como viceministro de Economía, procedió en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol. Según los demandantes, cuyo argumento fue validado por la jueza Preska, el país no respetó los estatutos de YPF, que establecían que en una operación como la realizada, el comprador (en este caso, el estado argentino) debía realizar también una oferta pública de adquisición (OPA) a la totalidad de los accionistas minoritarios de la empresa.
Tras el fallo de primera instancia de Preska, el 11 de octubre de 2023 el país había notificado a la jueza que apelaría. La magistrada había dispuesto que el país tenía plazo hasta enero para presentar el “primer escrito” con sus argumentos iniciales en el marco de la apelación.
Pero en el marco del cambio de Gobierno, el equipo de abogados del país solicitó una extensión. “La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024″, señala el escrito enviado por el Gobierno. Ante esa presentación, la justicia estadounidense decidió fijar la fecha límite para el 22 de febrero.
“Tenemos un problema porque no tenemos el dinero. No tenemos US$16.000 millones; esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”, dijo el presidente Javier Milei en diciembre, en una entrevista con LN+, al referirse al caso de la petrolera.
Ayer fue finalmente la presentación formal de la nueva estrategia jurídica del equipo de abogados que representa al Estado Argentino en la causa, que acumula una serie de reveses y fallos adversos desde el inicio del juicio, con una sentencia en contra que implica el pago de una indemnización por hasta US$16.000 millones y la amenaza de embargos de sus activos. Se estima que entre julio y septiembre se realizará la audiencia pública, donde los abogados de ambas partes se verán cara a cara y deberán responder las preguntas de los tres jueves de la cámara. (La Nación por Esteban Lafuente)
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