En varias sesiones, participantes de Europa, el norte de África y América Latina explicaron cómo los gobiernos cierran las puertas a los inmigrantes que intentan entrar en sus países. Historias inquietantes de Asia se centraron en las víctimas de empleadores y traficantes, mientras sus gobiernos hacían la vista gorda y se beneficiaban de los ingresos de los emigrantes enviados a sus países.

El FSM concluyó este lunes 19 en Katmandú, capital de Nepal, en una cita que congregó a docenas de miles de activistas de la sociedad civil desde el jueves 15, reunidos para debatir cuestiones que van desde la educación a la condonación de la deuda, la legalización del trabajo sexual y la falta de control de los pequeños agricultores pobres sobre sus tierras y recursos.

Una de las mujeres con las que habló IPS contó que tuvo que acostarse con seis o siete hombres al día durante seis meses. «Lo más triste es que la mujer del empleador le daba regularmente una píldora para que no se quedara embarazada», añadió un investigador de la organización bangladeshí Okup. A otro trabajador le diagnosticaron cáncer de colon: su empleador lo envió a casa sin pagarle ni un céntimo de su salario.

Okup organizó la sesión «Cambio climático, migración y esclavitud moderna» para compartir su informe que documenta el trato dado a los trabajadores migrantes de las regiones costeras de Bangladesh que se vieron obligados a marcharse después de que los impactos del cambio climático destruyeran sus fincas y otros medios de subsistencia.

La investigación reveló que 51 % de los hogares emigraron tras sufrir los efectos de ciclones, inundaciones, intrusión de agua salada en sus campos, lluvias irregulares y otros desastres climáticos.

«No hay oportunidades de adaptación sostenible para ellos. En la mayoría de los casos, la gente recibe ayuda del Gobierno tras las catástrofes, pero no es sostenible. Por eso dependen de préstamos para reconstruir sus casas o reanudar sus actividades agrícolas», afirmó Shakirul Islam, presidente de Okup.

El problema, añadió, es que «antes de que puedan devolver el dinero, sufren el siguiente ciclo de emergencia climática». Ese círculo vicioso climático  les lleva a la desesperación por ganar dinero en otro lugar del país o en el extranjero.

Según sus datos, 86 % de los desplazados emigra dentro del país y el resto al extranjero. Por el camino, 90 % se enfrenta a tasas y costos excesivos, 81% no obtiene el permiso de trabajo prometido y 78 % ve retenidos sus salarios.

«Creo firmemente que la misma situación se da en otros países del sur de Asia», afirmó Islam.

La malasia Sumitha Shaanthinni Kishna advirtió durante la sesión que, a su juicio, no hay que culpar a la crisis climática de los problemas de los migrantes.

La activista expresó que teme que los gobiernos est´n usando el cambio climático para justificar la migración. Dirán «por eso tenemos que enviar a nuestros emigrantes» a buscar una nueva vida, cuando se trata una migración que en realidad es forzada por la pobreza, adujo.

«El debate tiene que ser que el cambio climático es real y que las políticas del gobierno están contribuyendo al cambio climático», añadió Kishna, de la organización Our Journey, que ofrece apoyo legal a migrantes y refugiados.

Minutos más tarde, en otra sala y a pocos metros de distancia, activistas de India se informaban sobre una línea de atención telefónica creada tras la covid-19 para ayudar a los trabajadores migrantes en apuros.

En menos de un año, la Red de Asistencia e Información a los Migrantes ha respondido a más de 800 llamadas, dijo su director,  Martin Puthussery.

Entre los casos se cuentan 40 muertes (19 accidentes, 15 siniestros y seis suicidios), 20 casos de trabajos forzados y 16 casos de asistencia o mediación legal, relacionados con robos de salarios, retrasos en los pagos, confinamientos ilegales y encarcelamientos.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un participante del norte del estado indio de Bihar señaló que la migración es una necesidad porque no hay trabajo. «¿Adónde van los habitantes de Bihar para ganarse la vida?», inquirió.

«¿Podemos crear nosotros mismos pequeñas industrias? No podemos depender del gobierno», añadió.

«Los gobiernos (expulsores de población) no están motivados para solucionar los problemas de los inmigrantes porque el dinero que envían a sus países mantiene en funcionamiento sus economías», dijo Arie Kurniawaty, de la organización indonesia Solidaritas Perempuan, en otra sesión del día, titulada: «Llamamiento a la Coordinación de la Migración».

Kurniawaty añadió que «el problema fundamental son las perspectivas de nuestros gobiernos, que piensan que los trabajadores migrantes son una mercancía… Intentarán enviar a muchos trabajadores migrantes al extranjero sin tener en cuenta si su situación será buena o mala».

Otros oradores de la sesión, provenientes de Europa, África, Asia,  Palestina y América Latina, señalaron el aumento del número de inmigrantes, pero también la creciente hostilidad hacia ellos por parte de los gobiernos.

En América Latina, la actuación de los gobiernos está relacionada con el aumento del racismo y la xenofobia, afirmó Patricia Gainza, del Foro Social Mundial de las Migraciones.

Esto no es nada nuevo, precisó, «pero en este caso hemos tenido algunas decisiones muy malas por parte de gobiernos, como el de Perú, que invitan a la gente a venir pero luego, por razones políticas, la echan».

En Europa, el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, convenido en diciembre de 2023, «fomenta acuerdos informales y confidenciales entre los países europeos y los países emisores de migrantes que no son jurídicamente vinculantes, para que el Parlamento Europeo no tenga que ratificarlos», dijo Glauber Sezerino, del Centro de Investigación e Información para el Desarrollo, con sede en París.

Añadió que ese pacto «trata de fomentar cada vez más este tipo de acuerdos, por lo que cabe esperar una mayor violación de los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes».

En el norte de África, los gobiernos dominan cada vez más el debate sobre las políticas migratorias, «dejando poco espacio a la sociedad civil», afirmó Sami Adouani, dela organización FTDES de Túnez.

En febrero de 2023, un discurso xenófobo del presidente tunecino Kais Saied se dirigió a los inmigrantes del África subsahariana. Esto desencadenó un éxodo, pero también «expuso a los inmigrantes restantes a más violencia institucional», añadió. (IPS - T: MF / ED: EG)