La lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, al sur de España, sigue bajo la lupa, más aún después del asesinato de dos guardias civiles el viernes de la semana pasada, cuando los agentes fueron arrollados por una narcolancha en el municipio de Barbate.
Esta actividad ilegal salpica a muchos municipios de la comarca, ubicada en la provincia de Cádiz, y se extiende hacia otros puntos, incluidas las provincias limítrofes de Málaga y Huelva, debido a que es el punto de entrada natural del cannabis proveniente del norte de África, principalmente de Marruecos.
La situación de esta zona, separada de Marruecos tan solo por los 14 kilómetros del Estrecho de Gibraltar, tiene uno de los índices de paro más altos del país, que hace años que no baja del 20 %.
De hecho, en los últimos tiempos, la tasa de desempleo ha rozado el 30 %. La situación es aún más crítica si se le suma un elevado abandono escolar y la falta de perspectivas de futuro para la juventud, un caldo de cultivo para la exclusión social que es aprovechado por las mafias.
Según especialistas consultados por medios locales, los mafiosos ofrecen desde 600 euros a los jóvenes para convertirse en "aguadores", es decir, ser la persona que avisa si llega la Guardia Civil. Y ese es el escalón más bajo de la estructura.
Este tipo de trabajos al margen de la ley son la alternativa para una parte de la población que no encuentra más opciones laborales, por lo que la actividad es tolerada con laxitud en algunas poblaciones.
La prueba del gran calado social de estas mafias se pudo ver precisamente el pasado viernes, cuando un grupo de personas vitoreó a los narcos que embistieron a los guardias civiles y provocaron los dos decesos.
Esos hechos motivaron que la Fiscalía Superior de Andalucía haya abierto una investigación penal contra los autores de los gritos, ya que podrían "atentar contra el honor, la seguridad física, además de afectar a otros bienes jurídicos".
Esos comportamientos, sin embargo, corresponden solo a una pequeña parte de la población. De hecho, el lunes pasado, cuando los ocho detenidos por las muertes de los agentes fueron a declarar al tribunal, los vecinos los recibieron al grito de "asesinos".
Los 'beneficios' del narcotráfico están expuestos a los ojos de todos. En la Línea de la Concepción, uno de los ocho municipios que componen el Campo de Gibraltar, se encuentra una zona conocida como 'Villa Narco'.
Allí se encuentran enormes y lujosas mansiones construidas en zonas no urbanizables, que albergan coches de alta gama. Las construcciones han sido inspeccionadas en diversas ocasiones y muchas de ellas tienen orden de derribo por parte del Ayuntamiento, pero sus propietarios hacen caso omiso.
La presión policial en los puntos más calientes de la zona ha hecho que los narcos hayan buscado otros puertos menos vigilados. Ese es el caso del de Barbate, donde tuvo lugar la tragedia el pasado viernes.
Allí hace tiempo que los vecinos piden más presencia de la Guardia Civil y el cierre del puerto por la noche. La denuncia recurrente es que las narcolanchas, como la que causó la muerte de los dos agentes, llevaban desde el día anterior en ese puerto para refugiarse del temporal, sin que nadie hiciera nada.
Las principales mafias del narcotráfico en esta zona gaditana son conocidas desde hace años. Entre ellas, se encuentran:
Uno de los mayores traficantes de hachís de la última década es Abdellah El Haj Sadek El Menbri, más conocido como El Messi del Hachís. Actualmente se encuentra fugado en Marruecos.
Pasó un año en prisión en España, en el año 2015, y después volvió a Marruecos para montar una estructura empresarial que le permitiera blanquear el dinero de la droga.
En 2017 volvió a España, pero huyó rápidamente tras la detención de seis de sus hombres, según relataron medios andaluces. Desde septiembre de 2023 forma parte de la lista de prófugos más buscados de la Unión Europea, con cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y tenencia ilícita de armas de fuego.
La otra gran organización de narcotráfico en la zona es el clan de Los Castaña, liderado por los hermanos Antonio y Francisco Tejón.
Fueron los protagonistas el año pasado del mayor macrojuicio contra el narcotráfico de la historia de España. Antonio Tejón fue sentenciado a seis años y seis meses de cárcel por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal. Junto a él fueron condenadas otras 96 personas.
Francisco Javier M.P., alias Kiko 'El Cabra', ha tomado relevancia durante la última semana por ser el piloto de la narcolancha que arroyó y mató el pasado viernes a los dos guardias civiles. Los hechos sucedieron después de que dos de sus hombres –uno de ellos, su gran amigo– murieran en encontronazos con embarcaciones de la Guardia civil en el último mes, por lo que se habla de venganza.
Tiene antecedentes por resistencia a la autoridad, desobediencia y blanqueo de capitales y ha sido detenido en varias ocasiones, la última en febrero de 2023, en posesión de 40 kilogramos de hachís. Tiene una vivienda en 'Villa Narco'.
El clan de Los Pantoja está liderado por Jesús Heredia. Como los demás, empezó en los escalafones más bajos y fue ascendiendo hasta convertirse en mano derecha del Messi del Hachís. Después acabó independizándose y fundando su propia célula criminal.
En 2021 protagonizó otro gran juicio, precursor del de los Castaña. Fue condenado a casi 5 años de prisión, junto a otros nueve miembros de su organización.
El enquistamiento de la lacra del narcotráfico en la región impulsó la aplicación del Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, que si bien ha sido bastante exitoso, no ha logrado acabar con la problemática.
Desde el 1 de agosto de 2018 se han ejecutado 22.207 operaciones policiales contra los grupos criminales que operan en la zona, en las que 19.907 personas han sido detenidas o investigadas por delitos de narcotráfico o contrabando, según el balance hecho la semana pasada por el Ministerio del Interior.
El Plan, en el que se han invertido casi 80 millones de euros, ha permitido la incautación de 1.668 toneladas de droga. Del mismo modo, se han decomisado 1,07 millones de plantas de marihuana; 9,58 millones de cajetillas de tabaco; 97,2 millones de euros en metálico; se han judicializado 17.580 operaciones policiales; se han intervenido 5.760 vehículos terrestre, 1.421 marítimos y 11 aeronaves; además de que se han incautado 1.956 armas de fuego, 6.650 equipos electrónicos y 820.000 litros de combustible utilizados por las bandas criminales.
Para llevar a cabo estas operaciones, la plantilla de los cuerpos de seguridad se incrementó un 11 % hasta alcanzar, al cierre del pasado año, los 25.035 policías y guardias civiles.
Sin embargo, los últimos sucesos han levantado el clamor de que hacen falta más medios materiales y humanos para luchar contra el narco.
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