Los actos del Gobierno Federal a favor de los partidarios del presidente Jair Bolsonaro y el trabajo de la Policía Federal contra parlamentarios y gobernadores opositores al Planalto generan molestias en el Parlamento y el Poder Judicial. Los magistrados del STF (Tribunal Supremo) y auxiliares entrevistados por Folha bajo anonimato dicen que el uso de la AGU (Abogacía del Estado) y el Ministerio de Justicia en defensa de los youtubers y bloggers simpatizantes y aliados de Bolsonaro ha causado malestar. El Presidente de la República firmó una ADI (acción de inconstitucionalidad directa), cuestionando la decisión del magistrado Alexandre de Moraes (STF), quien ordenó a Twitter y Facebook eliminar cuentas de personas influyentes, empresarios y políticos cercanos a Bolsonaro. Los aliados del presidente, como el exdiputado Roberto Jefferson (PTB), el blogger Allan dos Santos y los empresarios Luciano Hang (de Havan) y Edgard Corona (de Smart Fit), objeto de investigación en el marco de la causa sobre la divulgación de noticias falsas, tuvieron sus cuentas de redes sociales suspendidas por orden del magistrado del STF. Los magistrados minimizaron el impacto legal de la respuesta de Bolsonaro, pero consideran que se está haciendo un uso político de AGU para complacer a la base. (Folha)