El 52 % de estos crímenes ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno de Iván Duque. Cuando se negoció el Acuerdo de Paz en La Habana, las partes pactaron crear diferentes instancias e instituciones para asegurarse de que la paz en todo el país podía ser estable y duradera. Por ejemplo, en la Fiscalía General de la Nación nació la Unidad Especial de Investigación y en el Ejecutivo fue creada la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que está integrada por el presidente de la República, varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil. El fin: desmantelar los grupos criminales que atentan contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y quienes participan en la implementación de los acuerdos. El Espectador solicitó información a dicha Unidad Especial y tomó cifras del último informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en aras de analizar qué se ha hecho para detener este baño de sangre después de negociar la paz con las Farc. Desde la firma del Acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, hasta el 7 de agosto de 2018, en Colombia fueron asesinados 167 líderes y defensores de derechos humanos. Ese día, una vez Iván Duque se posesionó como presidente, lanzó lo que llamó su política de paz con legalidad y dijo que eso significaría “defender la vida de todos los colombianos y proteger la integridad de los líderes políticos y sociales, y de nuestros periodistas”. Dos años después de esa promesa, el balance no es alentador. En los cuatro meses restantes de 2018, los primeros del gobierno Duque, fueron asesinados 38 líderes sociales y la cifra total del año llegó a 115 homicidios; en 2019 se registraron 108; y en lo corrido de este año van 36, lo que suma un total de 349 personas que defendían los derechos humanos que perdieron la vida de manera violenta desde la histórica firma. Esto quiere decir, según las cifras que entregó la Unidad de Investigación de la Fiscalía a este diario, que el 52 % de los líderes sociales asesinados desde la firma de la paz murieron en los dos primeros años del gobierno de Iván Duque. Aún sin tener en cuenta que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fuente del Gobierno para estas cifras, está verificando si otros 49 homicidios que se reportaron desde los territorios, en lo corrido de 2020, corresponden a personas que ejercían algún tipo de liderazgo en sus comunidades. Los primeros cinco departamentos con más víctimas por este flagelo siguen siendo Cauca (57 casos), Antioquia (48), Norte de Santander (32), Valle del Cauca (26) y Putumayo (20). El informe de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos da cuenta de que en estas cinco regiones se desarrollan programas derivados de la firma del Acuerdo de Paz como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Es decir, en los municipios donde hubo presencia, antes de la firma del Acuerdo, de la guerrilla de las Farc, donde se desarrolló la guerra y donde hoy están vigentes la cadena del narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y recursos naturales, y el despojo de tierras. “Con el agravante de que quien ejerce un liderazgo y visibilice su causa (problema, obstáculo o incumplimiento), para la lógica delictiva, el objetivo es eliminarlo”, reseña el informe gubernamental. En cambio, las organizaciones de derechos humanos creen que esta violencia en los territorios es el resultado de que el Estado no los hubiese ocupado con sus instituciones y fuerzas estatales (tema aún pendiente). Un ejemplo de ello se vio reflejado en territorios como Ituango (Antioquia) y Tierralta (Córdoba), de donde tuvieron que salir los firmantes del Acuerdo de Paz por el asedio de los grupos ilegales, que asesinaron a doce excombatientes. Según el informe de la Consejería, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha implementado medidas con escoltas, chalecos antibalas y carros blindados y convencionales a 4.895 líderes sociales y defensores de derechos humanos; es decir, el 68 % de los beneficiarios de esta institución. Adicionalmente, la UNP desarrolla un proceso de reingeniería establecido en el Plan de Acción Oportuna (PAO) de este Gobierno, con el fin de agilizar la atención en el análisis de los casos y brindar la protección pronta y eficaz. No obstante, estas son medidas de reacción y los líderes sociales de regiones como el Cauca, el más azotado con los crímenes, solicitan una política preventiva, que tenga en cuenta las guardias indígenas, campesinas y cimarronas, para fortalecerlas y contar con su trabajo de control territorial. La líder política y social Karina García, quien aspiraba a la Alcaldía de Suárez (norte del Cauca), precisamente fue asesinada por sus agresores, quienes sobrepasaron a los escoltas y la camioneta blindada. Al paso del carro, lanzaron cuatro granadas de mano contra el vehículo. Los peritos de la Fiscalía encontraron más de 169 orificios causados por tiros de fusil y de pistola. En la masacre murieron la madre de García, Odilia Sierra; Yeison Obando Llantén, aspirante al Concejo por el Partido Liberal; Lavedis Ramos, una seguidora de la campaña; y dos líderes sociales más: Aidé Tróchez, representante de la Mesa Municipal de Víctimas, y Héctor González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas, de Suárez. El hecho ocurrió casi dos meses antes de las elecciones locales, el 1º de septiembre del año pasado. El 9 de diciembre del mismo año, en un operativo militar murió quien era conocido como Alonso, quien, según la Fiscalía, era el coordinador de las disidencias de las Farc en el sur del país y uno de los responsables de la masacre. El 12 de junio pasado, el Comando Específico del Cauca también capturó a Édgar Quitumbo Peña, llamado Gordo James, otro de los presuntos perpetradores. Si bien estas capturas corresponden a la cadena de mandos de la estructura disidente del proceso de paz, también es cierto que los determinadores aún están en libertad. Uno de ellos, han dicho las mismas autoridades, Leider Johany Noscue, Mayimbú, por quien ofrecen una recompensa de $1.000 millones para establecer su paradero. Igualmente, la familia de Karina García sigue esperando una respuesta de cuáles fueron los motivos de ese grupo armado ilegal para cometer esta masacre o si existió un financiador del hecho. La misma Unidad Especial de la Fiscalía, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 1º de julio de 2020, identificó la responsabilidad de organizaciones armadas en 119 de los 182 de los casos que cuentan con algún tipo de avance en el esclarecimiento. Y, según el mismo reporte, las organizaciones que mayor número de homicidios han cometido son las siguientes: disidencias de las Farc, 41 casos; bandas criminales con incidencia local, 25 casos; Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, 18 casos, y guerrilla del Eln, 18 casos. Sin embargo, aunque este diario le consultó a la Unidad de Investigación sobre los autores intelectuales de estos crímenes, la respuesta se redujo a detallar a los grupos más publicitados en el país, como el las Agc o las disidencias de las Farc, sin detallar a las personas que tomaron la determinación. Llama la atención, entonces, que en 62 de los 182 casos sobre los que la Fiscalía tiene algún tipo de avance investigativo los responsables han sido personas particulares cuya identidad aún se desconoce. Las preguntas que se hacen las organizaciones de derechos humanos son: ¿quiénes son ellos? y ¿qué pasa con las 111 órdenes de captura que ha emitido la Fiscalía y que la fuerza pública no ha materializado contra los responsables? Esta semana, antes de terminar julio, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que en lo corrido de este año la Unidad de Investigación aumentó de un 52 % a un 57 % el esclarecimiento de crímenes contra defensores de derechos humanos. Incluso, dio una cifra de sentencias condenatorias que no coincide con el reporte entregado por esa institución a este diario: “Se han logrado sesenta sentencias condenatorias contra los responsables de estos homicidios”, manifestó. No obstante, al 1º de julio de 2020, 44 de los 349 casos reportados por Naciones Unidas (cifra oficial del Gobierno) tenían sentencia. Es decir, ¿en un mes se produjeron veinte fallos contra los asesinos de líderes sociales? Igualmente, la Unidad reportó a este diario que 65 casos están en juicio, 23 en investigación, 47 en indagación y cuatro precluyeron por muerte de los indiciados. La controversia de fondo con las organizaciones de derechos humanos —incluso la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre eso— es que la Fiscalía considera que existe esclarecimiento de un caso solo cuando hay una condena contra un autor material. No obstante, en muchos de los casos se requiere que se profundice en las investigaciones contra los autores intelectuales, que van más allá de grupos delincuenciales, pues hay particulares azuzando y determinando estos crímenes. Para ello también las organizaciones siguen insistiendo en que es necesario avanzar en la premisa principal de esta Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía: el desmantelamiento de las organizaciones criminales, que son el brazo armado más contundente contra los líderes en medio de la guerra después del Acuerdo de Paz. Sobre ese particular también respondió la Fiscalía a este diario. En principio, la Unión Europea ha destinado dos millones de euros para el trabajo de esa entidad y por eso desde 2018 se fortalecieron los equipos en los territorios, al punto de que se persigue a los grupos armados desde las veredas en las que ocurren los hechos. Hasta la fecha dicha Unidad ha priorizado diez situaciones denominadas “Proyectos Investigativos”, cuyo objetivo es concentrarse en las regiones en las que las organizaciones criminales han causado mayor daño a los líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz No obstante, la persecución judicial no es lo único que frenaría el baño de sangre contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. También está documentado que la estigmatización y los señalamientos, acusándolos de aliados del terrorismo, por parte de políticos nacionales y regionales, o incluso miembros de la fuerza pública, aumenta el riesgo de que sean atacados. En ese sentido, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos también anunció, en su último informe, que el próximo 7 de agosto inicia una campaña de difusión para la promoción y el reconocimiento de los líderes sociales y defensores. Un ejemplo claro ocurrió apenas este fin de semana, cuando el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, acusó al defensor de derechos humanos Wilfredo Cañizares de ser jefe de prensa de “bandidos”. El hecho se dio luego de que Cañizares divulgara un panfleto y denunciara que existe una alianza soterrada entre grupos neoparamilitares en Norte de Santander para asesinar a migrantes venezolanos a través de la mal llamada “limpieza social”. “Cuando a mí me llega este panfleto yo devuelvo esta frase: no sabía que usted era el jefe de comunicaciones de los bandidos. En la medida en que estos panfletos se divulguen por los medios lo que estamos generando es terror y miedo”, manifestó el coronel. (El Espectador)