Cuando Martín Guzmán ya tenía redactado hasta el comunicado de prensa anunciando la prórroga de la oferta oficial a los bonistas de Wall Street, Alberto Fernández dio la contraorden por celular: “Pará todo. No extendemos”, dijo el Presidente desde la quinta de Olivos. Guzmán cortó la exigua comunicación, regresó sobre sus pasos y ejecutó una decisión política que pone a la Argentina al borde del default. Si no hay extensión de la propuesta a los fondos de inversión, no hay posibilidades de un canje exitoso. Se necesita un acuerdo que oscila entre el 66 y el 85 por ciento de adhesión de los bonistas -según las series de los títulos emitidos-, y el ministro de Economía hasta ayer sólo tenía una cifra cercana al 40 por ciento. Al ordenar que no haya prórroga de la iniciativa oficial, Alberto Fernández clausuró la posibilidad de continuar las negociaciones. Y como ya no habrá negociaciones, es utópico avanzar desde el 40 por ciento de la adhesión que supuestamente ya se tiene asegurado, al 66 u 85 por ciento de aceptación legal que está prevista en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) establecidas en los bonos emitidos durante 2005 y 2016. Entonces, si el Presidente no cambia de opinión en las próximas horas, la negociación habrá fracasado porque no se llegó a un acuerdo con los acreedores privados, que tienen la facultad de aguardar una nueva ronda de diálogo con Guzmán o marchar a tambor batiente rumbo a los tribunales de Manhattan para iniciar un juicio por default. La diferencia de la oferta oficial respecto a la contraoferta de BlackRock y sus aliados es de tres dólares menos. Alberto Fernández ya advirtió en público y privado que no se movería de su iniciativa a los acreedores privados, pese al lobby en español e inglés que aún asola su despacho de la quinta de Olivos. “Hasta acá llegué. No hay un peso más”, reitera el Presidente cada vez que le preguntan si es posible un nuevo acercamiento económico con los bonistas. Este argumento político, que se transformó en una zanja infranqueable por BlackRock y sus adlateres, fue consolidado por Guzmán durante un encuentro que tuvo a solas con el Presidente. Guzmán recordó a Alberto Fernández que la primera oferta oficial establecía un Valor Presente Neto (VPN) de 41 dólares para los bonos a canjear, y añadió que en ese momento, los cálculos más serios aseguraban que la economía global por la pandemia caería un 2.3 por ciento. El Presidente escuchaba en silencio a su ministro de Economía, que remató el argumento que ahora sirve de base para justificar la decisión oficial de no extender la oferta y mantenerse firme ante los embates de BlackRock y sus socios. Guzmán agregó que la actual propuesta establece un NPV cercano a los 54 dólares, mientras que la caída de la economía global prevista por el World Economic Outlook (FMI) sería de casi 10 por ciento. Es decir, el argumento de Guzmán es simple de racionalizar. Si había una iniciativa oficial con un Valor Presente Neto de 41 dólares y una probable caída del 2.3 de la economía global, y a posteriori, se mejoró la oferta a 54 dólares de NPV con el FMI pronosticando una debacle del 10 por ciento del PBI mundial, qué sentido tendría remozar la propuesta argentina ante la presión de los acreedores privados. Cuando el titular del Palacio de Hacienda terminó su explicación económica, Alberto Fernández sonrió satisfecho. Y puso las cifras en sus términos políticos: “No hay que moverse -analizó frente a Guzmán. Si ya aumentamos la oferta y el mundo se cae, no tiene sentido seguir mejorando como quieren los fondos. Nos quedamos acá, y ni un dólar más”. En este contexto, el Presidente sólo extenderá la oferta hasta el 28 de agosto, si los bonistas adelantan que aceptarán la última propuesta oficial. Puede ocurrir que en los próximos días, la International Capital Market Association (ICMA) respalde ciertas reformas jurídicas que imprimirán mayor certeza a la adhesión del canje, como plantearon los acreedores privados. Pero desde la perspectiva de Olivos, no es una condición sine qua non para extender la oferta hasta fin de mes. No habrá prórroga si los fondos no se adhieren a la última propuesta de la Argentina, aunque la ICMA anuncie que avala los cambios jurídicos. La estrategia del Gobierno, que diseña Alberto Fernández y ejecuta Guzmán, abre dos posibilidades. Los bonistas pueden hacer uso de sus derechos y presentar una demanda por default contra la Argentina, o aceptar un standstill que ya empezó a estudiar el equipo técnico del Palacio de Hacienda. Un standstill sería un acuerdo formal entre la Argentina y los acreedores privados que establece la postergación de las negociaciones por un tiempo prudencial y evita así la posibilidad de iniciar acciones por default en los tribunales de New York. Es un pacto de caballeros: como no hubo deal, y a nadie le sirve litigar por años y años, se congelan las conversaciones y se reanudan por acuerdo de partes. Desde la perspectiva de Olivos, y en caso de confirmar su decisión de suspender la extensión del plazo de la oferta y congelar las negociaciones directas con los bonistas, Guzmán pondría foco en abrir el diálogo formal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Ponemos a los acreedores en un standstill, y empezamos a negociar un crédito con el Fondo. Cuando llegamos a un acuerdo, volvemos a abrir la negociación con los acreedores privados”, propuso el ministro de Economía al Presidente. Alberto Fernández estuvo de acuerdo. Considera una razón de Estado resolver la reestructuración de la deuda externa, pero se niega a pagar las cuentas aplicando un plan de ajuste recetado por el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cristina Fernández y Sergio Massa, sus principales aliados en el Frente de Todos, coinciden con esta mirada política. La oferta oficial cae el próximo 4 de agosto. Los acreedores privados ya saben del ultimátum lanzado por Alberto Fernández, y aún se mantienen en su posición: si la diferencia es de tres dólares -dicen-, que cada parte ceda lo suyo para llegar a un Valor Presente Neto de 54.9 dólares. (Infobae)