Tras una salva de medidas excepcionales en marzo, cuando Europa se enclaustró para frenar la crisis sanitaria, la institución dijo estar "dispuesta" a hacer más, en su reunión de abril, frente a esta crisis "inédita en tiempos de paz". Y llegó la hora de volver a actuar, según los analistas, para quienes el camino más evidente es aumentar el programa de emergencia del BCE contra la pandemia (PEPP), anunciado en marzo y dotado de 750.000 millones de euros (unos 830.000 millones de dólares) hasta finales de año. Este dispositivo, cuya flexibilidad permite concentrar los esfuerzos en ciertos periodos o en determinados países, es el "preferido" del BCE para limitar los estragos económicos del coronavirus, señalaba recientemente el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau. El BCE está comprando un promedio de 26.500 millones de euros de deuda a la semana. Si sigue a este ritmo, "agotará la dotación total a principios de octubre", calcula Andrew Kenningham, de Capital Economics. - Amenaza judicial - El economista ve que la institución de Fráncfort está apretando fuerte y prevé agregar "como mínimo" medio billón de euros (555.000 millones de dólares) al PEPP, una previsión muy compartida. Asimismo, el programa debería prolongarse "hasta septiembre de 2021", agrega Frederik Ducrozet, estratega de Pictet Wealth Management, ya que ha quedado claro que la recuperación llevará tiempo. El Consejo de Gobernadores analizará también la cuestión, tanto técnica como política, de la llamada "llave de repartición" de sus compras según la parte de cada Estado miembro en su capital, opina Fritzi Köhler-Geib, economista jefa de KfW. "Como la crisis del coronavirus ha golpeado particularmente a países como Italia, España y Francia, estos necesitan un apoyo específico", argumenta Köhler-Geib. Pero abandonar esta salvaguardia podría ser peligroso. No solo el Tribunal Constitucional alemán exigió recientemente al BCE que justifique antes de agosto sus compras de deuda, sino que ha hecho de la "llave de repartición" una condición de validez de este programa. Al limitar los volúmenes de títulos adquiridos en los mercados, los jueces alemanes quieren evitar que la institución de Fráncfort caiga en "la financiación monetaria de los Estados", prohibido por los tratados europeos, recuerda la economista de KfW. Si se comprueban esta desviación, podrían prohibir al poderoso Bundesbank participar en la compra de activos. - Amenaza al euro - El jueves, en su comparecencia ante la prensa a partir de las 12H30 GMT, la presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, tendrá en sus manos un nuevo juego de previsiones macroeconómicas hasta 2022, una evaluación muy esperada del alcance de la crisis. El miércoles pasado, Lagarde ya advirtió que para este año se espera una contracción del producto interno bruto de la zona euro de entre el 8% y el 12%, y la recuperación se presenta incierta. Capital Economics prevé una recuperación del 10% en 2021, aunque dependerá de la evolución de la pandemia, de que un eventual rebrote en otoño no vuelve a paralizar la economía. La inflación podría caer a cero este año y subir tímidamente a 0,7% el próximo, según Capital Economics, muy lejos del objetivo "cercano del 2%" que el BCE anhela desde 2013. No obstante, después de haber exhortado en varias ocasiones a los Estados para que actúen, el BCE no es el único que está actuando. Los países de la UE negocian un ambicioso plan de reactivación de 750.000 millones de euros (833.000 millones de dólares) presentado por la Comisión, que supone en realidad una mutualización de deuda. Si fracasan, la unidad misma de la zona euro estaría en juego, advirtió el BCE el martes pasado. A falta de medidas suficientes para preservar la viabilidad de la deuda, algunos países podrían hacer el juego a los especuladores apostando sobre su abandono de la moneda única. (AFP)