Desde hace casi tres meses, cuando el Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus, las comunidades campesinas que viven de cultivar hoja de coca le piden al Gobierno que suspenda las operaciones de erradicación forzada de los cultivos en sus territorios. Los han respaldado varios centros de pensamiento, organizaciones sociales, asambleas departamentales y hasta alcaldías locales. Su llamado no ha sido atendido y esta semana, por el contrario, vieron cómo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la Embajada de Estados Unidos en Colombia anunciaban una noticia que terminaba de enterrar sus esperanzas: la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés) del Comando Sur de ese país llega al territorio nacional a partir de mañana, 1° de junio, para “apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico”. Sobre la llegada de esa brigada, el ministro Trujillo explicó que no se trata de un despliegue de tropas norteamericanas en el territorio, sino que será una labor consultiva y de asesoría a distintas fuerzas de tarea conjunta colombianas. Específicamente, la Hércules, en Tumaco (Nariño); Vulcano, en el Catatumbo; y Omega, en Meta y Caquetá, algunas de las zonas con más coca sembrada. “Históricamente, cuando se ha hablado en este país de lucha contra el narcotráfico hablan es de lucha contra los cultivos, lo cual termina siendo lucha contra los cultivadores; en últimas, violaciones de derechos humanos contra campesinos. Porque esas estrategias casi siempre han sido erradicación forzada y uso de la violencia oficial contra las familias que derivan ingresos de esa actividad”, dijo Pedro Arenas, investigador de la Corporación Viso Mutop, que ha seguido de cerca el tema. De ahí la zozobra en las comunidades cocaleras, así el hecho se haya leído también como el avance de un cerco hacia Venezuela. El temor no es menor, porque la erradicación de cultivos —intensificada durante la pandemia, según han denunciado las organizaciones campesinas— ya ha dejado tres muertos solo durante la cuarentena y otro más en febrero. El caso más reciente fue el del campesino Digno Emérito Buendía, en zona rural de Cúcuta, el lunes 18 de mayo. Ese día, la comunidad de las veredas Nueva Victoria, Vigilancia y Totumito permanecía en asentamientos campesinos en alerta ante la llegada de la tropa que venía para arrancarles las matas de coca. Según dice Aladino León, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Vigilancia, los militares les habían dicho que solamente con pararse en medio de los cultivos, ellos podrían tomarles fotos y reportar a sus superiores que no fue posible erradicar por la resistencia de los campesinos. Sin embargo, ese acuerdo no se cumplió y cuando los campesinos se resistieron a la erradicación e iniciaron los choques con los militares, estos últimos accionaron los fusiles y así murió Digno Emérito. La Segunda División del Ejército emitió un comunicado sobre los hechos y señaló que los uniformados de la Trigésima Brigada fueron atacados mientras hacían labores de erradicación. Antes de él, ya había muerto por un disparo de la Policía Antinarcóticos Ángel Artemio Nastacuas, indígena awá, el 22 de abril. Ese hecho ocurrió en zonas aledañas al resguardo indígena Inda Sabaleta, en Tumaco (Nariño). Allí, ante la llegada de los uniformados a erradicar la coca, labriegos e indígenas iniciaron las protestas. En el pronunciamiento de la Dirección Antinarcóticos de la Policía que se dio luego, dijeron, como en el caso de Cúcuta, que algunos de los manifestantes agredieron a los policías y eso condujo al uso de la fuerza para disiparlos. Por un disparo del Ejército también murió el campesino Alejandro Carvajal, en Sardinata (Norte de Santander), el jueves 26 de marzo. Con la excepción de que en ese hecho no había habido choques entre labriegos y militares, sino que el disparo se produjo contra un asentamiento campesino en el que la comunidad se encontraba desde hacía días protestando de manera pacífica contra la erradicación de coca. Los militares involucrados en ese hecho pertenecen al Batallón de Operaciones Terrestres número 9, de la Fuerza de Tarea Vulcano, una de las que recibirá personal de la SFAB. Y el 1° de febrero, antes de que empezara la pandemia, Segundo Girón murió por disparos de la Policía Antinarcóticos en un operativo de erradicación en el territorio del consejo comunitario del río Mejicano, en Tumaco. Cuatro casos en cuatro meses. Además de esos muertos, en esas regiones hay un número de heridos difícil de establecer. Solo en el caso de Digno Emérito, otros tres campesinos resultaron heridos de bala, uno de ellos es Jimmy Alberto González, quien continúa internado en el hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta. En febrero, en el sur de Córdoba, un campesino recibió en un ojo el disparo de una de las armas de baja letalidad de un miembro del Esmad en medio de esos operativos. Esta semana, por ejemplo, tres campesinos resultaron heridos en medio de esos choques en veredas ubicadas entre Meta y Guaviare. Los enfrentamientos se dieron con uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Por eso, para las comunidades que viven de la coca, que el Gobierno reafirme esa política de erradicación mediante el arribo de la SFAB, que han mostrado también como “un espaldarazo” de Estados Unidos a su política contra el narcotráfico, es “una afrenta contra los campesinos”. Así lo describió Arnobis Zapata, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). “Eso lo que va a traer son muchas más afectaciones en los territorios, vulneraciones de derechos humanos, porque la política de Estados Unidos entiende que todos los que están metidos en la cadena del narcotráfico tienen las mismas características; eso en Colombia significa incrementar la persecución contra los cultivadores de coca y traer más zozobra en los territorios. Para acabar con la coca en Colombia lo que se necesita es cambiar las realidades de esos territorios, y eso no lo va a cambiar la presencia de la bota gringa”, agregó. Esa persecución a las comunidades campesinas que cultivan coca fue la que se propuso cambiar en el punto 4 del Acuerdo de Paz. Entre otros insumos, ese punto estipuló el programa integral de sustitución voluntaria de los cultivos que, en vez de proponer perseguir y criminalizar a los campesinos, les propuso alternativas viables para que se integraran a la economía legal. El cumplimiento de ese programa, al que están inscritas 99.000 familias en catorce departamentos, es lo que reclaman los campesinos que exigen suspender la erradicación forzada de los cultivos. Eduardo Díaz, quien estuvo al frente de ese programa luego de la firma del Acuerdo de Paz, cuestionó que la ayuda de Estados Unidos contra el narcotráfico llegue en este momento para apoyar estrategias como la erradicación, pero no cuando se estuvo promoviendo la sustitución voluntaria. “Mientras estuvimos poniendo en marcha el programa de sustitución con un compromiso real de las Farc, yendo a los territorios, hablando con las comunidades, exponiendo cómo la ruta era la sustitución, la verdad es que no recibimos un centavo de apoyo por parte del gobierno norteamericano, con el argumento de que las Farc estaban reportadas como grupo terrorista”. Ese programa de sustitución actualmente, según el mismo Gobierno, no tiene los recursos que pueden garantizar que se les cumpla a las familias con lo que se les prometió. A raíz de eso, en la mayoría de regiones apenas se terminaron de girar los pagos bimestrales por $2 millones y se están entregando los insumos para el proyecto de autoabastecimiento. Pero aún no hay nada de los proyectos productivos que garantizarían el sostenimiento de esas familias. Pero, además, la llegada de la SFAB al país y la lucha contra el narcotráfico en la que se enmarca, lanzada por el presidente Donald Trump a principios de abril, fue leída también como un hecho que va en contravía del enfoque de política de drogas y soberanía que estipuló el Acuerdo de La Habana. “Esas políticas (contra el problema de las drogas ilícitas) deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, dice el pacto de paz. “Sabemos que esta es una lucha internacional, pero esa lucha tiene que darse en otro sentido, no en el sentido de venir a intervenir sin conocer las necesidades de las poblaciones, sino por ejemplo, por parte de ellos, controlar el consumo”, dijo Arnobis Zapata. En el mismo sentido se manifestó Eduardo Díaz: “Lo que uno quisiera ver es más eficiencia en el control de los precursores, en el control de las cuentas bancarias de los narcotraficantes, el lavado de activos”. Consultado por Colombia2020, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que no hay diferencia de este hecho con relación a la asesoría que históricamente ha dado Estados Unidos a Colombia en esa materia. “Esta asesoría se desarrolla en el marco de los acuerdos bilaterales que desde hace décadas tenemos con Estados Unidos, precisamente para cooperación militar y de defensa”. Precisó que en esta ocasión se trata de “personal especializado en niveles tácticos y estratégicos, cuya asesoría nos permitirá fortalecer la lucha contra el narcotráfico”. Sobre el rol específico que desarrollará esa brigada en las Fuerzas de Tarea Conjunta, el ministro solo aseguró que “es una asesoría consultiva y técnica”, y que se llevará a cabo dentro de la unidad militar, no en terreno. “No participarán en operaciones militares, pues esas las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas”, puntualizó. Pastor Alape, quien por parte de las Farc también promovió el programa de sustitución que se aprobó en el Acuerdo de Paz, aseguró que se trata de una acción en la que “el Gobierno colombiano, mancillando aún más la soberanía nacional, pone nuestro territorio como cabeza de playa para la provocación contra Venezuela”. Son las comunidades campesinas, que ya han manifestado reiteradamente su compromiso de acabar con la coca a través de la sustitución voluntaria de esos cultivos, quienes sentirán el impacto de esta noticia. (El Espectador)