Al mismo tiempo, anuncian que los extranjeros condenados por violencias sexuales serán expulsados de Francia. Se trata de la 59ª operación para desalojar a migrantes desde el verano boreal de 2015. Cerca de 600 policías evacuaron en la mañana del jueves a los migrantes que vivían en tiendas de campaña improvisadas cerca de la carretera de circunvalación de París. Unas 1.600 personas fueron trasladadas a gimnasios o centros de recepción para verificar su estatus migratorio. A quienes tienen autorización para permanecer en París se les ofrecerá un alojamiento, prioritariamente a los niños y mujeres, mientras que los que se encuentren en situación ilegal deberán abandonar el territorio francés. Esta vasta operación se produce un día después de que el gobierno anunciara un endurecimiento de la política migratoria, con la introducción de cuotas y la limitación del acceso a la sanidad pública. El ministro del Interior, Christophe Castaner, había afirmado el miércoles que los campamentos del noreste de París serían evacuados "a finales de año". Las autoridades aseguran que a diferencia de las evacuaciones anteriores no se tolerará ahora el regreso de los migrantes, que viven en carpas de manera precaria. "Hasta hora efectuábamos operaciones para darle refugio a 200, 300 personas, pero vaciábamos los campamentos y ellos regresaban. Con esta operación, tenemos un objetivo de cero retorno", explican desde la prefectura de policía de París. Los campamentos eran "demasiado grandes" y la "delincuencia" se estaba apoderando de ellos, según la prefectura, como lo demuestran los 213 ataques a personas registrados en la zona a principios de 2019. A esto se añadían las "peleas entre migrantes", señalan las autoridades. Para evitar que los campamentos se reformen, los agentes de policía van a "patrullar las 24 horas del día el lugar" y prevén un "sistema de videovigilancia". Entretanto, el ministro del Interior aseguró que estudiarían “caso por caso” la situación de los migrantes. Para el gobierno, se trata de mostrar firmeza. “Vemos que desde hace 30 años ya no controlamos la inmigración y que la padecemos. La prueba son las malas condiciones de acogida en nuestro país”, subrayó Castaner. Paralelamente, la Secretaria de Estado para la Igualdad de Género Marlène Schiappa afirmó en una entrevista a la revista Marianne que “de ahora en más vamos a expulsar a los ciudadanos extranjeros condenados por violencias sexistas o sexuales”. (rfi)