El miércoles en la calle 105 del barrio conocido como Loteo Silva, se sucedieron dos tiroteos como consecuencia de una pelea entre dos familias que viven una enfrente de la otra. Un ajuste de cuenta por una pelea entre dos adolescentes, motivó que alrededor de las 17 horas comenzara un tiroteo contra una de las casas, «como venganza». El miedo se apoderó de la cuadra ya que en esa hora hay mucho tránsito, menores que salen de la escuela y a 50 metros donde se sucedieron los hechos funciona el Merendero Maná, al que concurren niñas y niños a tomar la merienda, jugar o recibir apoyo escolar. La odisea no terminó en ese punto. Por la noche volvió el tiroteo donde la misma vivienda volvió a ser el centro de los balazos. No se registraron heridos, pero la dueña debió ser atendida en el hospital muy afectada. Comparte la casa con otros familiares y una hija discapacitada, con una niña. Esta señora ayer abandonó su domicilio, que dejó a una cuñada, y se mudó ante el inminente riesgo de su vida, de su hija y nieta. Según relataron algunos vecinos a ADN en la noche se contabilizaron alrededor de 60 disparos, la casa tiene orificios de balas en distintos lugares y una vecina que vive a 100 metros del lugar relató que una bala ingresó a su casa y pegó en el televisor. Resulta increíble que no hubiera heridos o tener que lamentar consecuencias mayores. En Viedma suceden cosas. Nada de esto lo desconoce ni la policía ni la Justicia, como tampoco los organismos oficiales con trabajo Social. Días pasados la titular de la Secretaría de la Niñez, la adolescencia y la Familia (SENAF) Roxana Méndez, señalaba que de nada sirve el trabajo fragmentado y reclamó una tarea comunitaria de contención de adolescentes y familias. Nada de esto ocurre. Hay una responsabilidad ineludible del Estado, más allá de los mensajes que se cruzan por las redes sociales y miradas personales sobre las situaciones sociales. Cómo es posible que, en el término de horas, se hayan sucedido dos tiroteos sin intervención policial ni judicial, donde una de las víctimas haya tenido que abandonar su casa como solución al conflicto, huérfana de apoyo y protección estatal. No es difícil conocer los nombres de los protagonistas y donde viven y además una de las afectadas fue atendida en el hospital. Todo fragmentado. En el barrio los vecinos afirman que tras la muerte del menor en el Barrio Zatti, a manos de un agente penitenciario, la “policía afloja y deja hacer” y se relaja la seguridad. Es equivocada la contradicción mano dura y mano blanda. Los vecinos piden seguridad, la aplicación de la ley, que actúen los policías y los fiscales –también muy cuestionados- y los organismos pertinentes del Estado. Una vecina comentó a ADN que la mujer que abandonó su casa en el barrio –donde se aprecian los orificios de los disparos- ayer hizo la denuncia en la fiscalía y le dijeron que no podían tomarla porque ya hay una denuncia anterior sobre el mismo motivo y se está investigando. (ADN)