Un error que se repitió permanentemente a lo largo de nuestra historia es que hemos fracasado como país en generar un sistema de incentivos para el ahorrista local. La consecuencia directa de esto es que Argentina tiene una de las tasas de ahorro más bajas de América Latina y uno de los mercados de capitales de menor tamaño. Se ahorra poco en proporción al PBI y, además, una parte no menor de este dinero se encuentra “fugado” del sistema (abajo del colchón, en el exterior, etc.) haciendo que el financiamiento de largo plazo sea prácticamente una utopía. Todo el anterior tiene el agravante del crowding out. Esto es que el poco crédito disponible a nivel local tuvo (en los últimos dos años) como principal destino cubrir parte del “agujero” de las cuentas públicas. Pero si hay algo que el gobierno de Macri intentó hacer durante casi todo su gobierno fue intentar quebrar esta cultura del desahorro. Después de 12 años de kirchnerismo donde la tasa de interés real fue fuertemente negativa, se intentó cambiar la lógica. Mientras que en la administración anterior, una tasa de interés nominal por debajo del nivel de inflación estimuló el consumo por sobre el ahorro (y por ende por sobre la inversión), desde Cambiemos se intentó abordar la realidad desde la arista totalmente contraria: fomentar el ahorro para financiar la inversión y, así, lograr un crecimiento de largo plazo mucho más estable y de mayor calidad. Así es como nacieron las Lebac, los instrumentos de inversión ajustados por UVA y hasta incluso la motorización de los plazos fijos tradicionales con tasas de interés reales positivas que permitieran estirar el tiempo de colocación de los ahorristas. Sin embargo, en esa intención, el actual gobierno omitió factores que terminaron conspirando contra el objetivo final de fondo. El primero de ellos es que la elevada inflación en 2016, producto del ordenamiento de precios relativos de la economía, demandaba tasas de interés aún mayores. En segundo lugar, el cambio de comportamiento sólo se lograría en el largo plazo, complementado con un proceso educativo complementario que mostrara los beneficios de postergar consumo hoy con el fin de consumir más en el futuro. En último lugar, pero no menos importante, solo se podía lograr un punto de inflexión cultural en la materia asegurando reglas de juego claras, transparentes y estables en el tiempo. Para que esto último funcionara no solo era necesario que el hacedor de políticas económicas inspirara confianza, sino que el discurso se refleje en la realidad. Y esto no fue así. La instalación del impuesto a la renta financiera y la intromisión del Ejecutivo en el Banco Central de la República Argentina a fines de 2017 fue un golpe letal a la confianza. El ahorrista volvió a salir despavorido, conjuntamente con los capitales extranjeros, armando un cocktail explosivo que incluyó el cierre de los mercados financieros, el derrumbe de los precios de los activos y una brutal nivel de desconfianza contra el peso argentino ante la aceleración inflacionaria que derivó en una demanda masiva de dólar. Así, ya no solo por convicción sino por necesidad, el BCRA trató de anclar expectativas mediante una tasa de interés real positiva, la cual pudo ser alcanzada en algunos meses a partir de octubre de 2018. El mensaje era claro: mantener tasas elevadas por encima de la inflación con el fin de sostener la demanda de pesos y desalentar una fuga masiva hacia el dólar. El objetivo era correcto y se hacía eco en cada discurso público de algún funcionario de la entidad: tasa de interés real positiva para estimular al ahorrista y desarrollar el mercado de capitales. Sin embargo, esa realidad chocó contra la política. Llamativamente, luego de las elecciones, el propio BCRA comenzó a impulsar la rebaja de la tasa de interés en términos nominales (vía la NO integración de encajes de depósitos a la vista con Leliq) en un contexto de expectativas de inflación creciente y aceleración de la huida del peso argentino. Como mínimo, lo anterior parece una contradicción difícil de justificar, aun considerando la transición presidencial ordenada que se quiere dar. Recurrir a estrategias del pasado para reactivar la economía y el consumo puede ser un cocktail muy peligrosos bajo las circunstancias actuales. La desconfianza en el peso es máxima y la rebaja del “premio” al ahorrista que invierte en moneda local, con el fin de reavivar la economía, puede retroalimentar ese proceso. Así, no solo no se lograría reactivar el consumo, sino que, por el contrario, se acentuaría la huida hacia activos libres de riesgo argentino (llámese dólar) aumentando las expectativas inflacionarias hacia adelante. Se requiere de una política de shock para anclar expectativas hacia adelante. Esperemos que la administración entrante tenga ese as bajo la manga para evitar un panorama de incertidumbre mayor en el corto plazo. (Ámbito)