La política de Milei para atraer grandes inversiones partió de una idea bastante sencilla. El Estado debía abrir puertas a los grandes inversores y no poner condiciones. Su principal instrumento es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), que reduce impuestos, flexibiliza el acceso a divisas, otorga beneficios aduaneros y garantiza estabilidad normativa durante 30 años.
El problema es que buena parte de esas inversiones no llegan a cualquier sector de la economía.
En la práctica, el Rigi se convirtió fundamentalmente en una herramienta para acelerar la explotación de petróleo, gas y minerales estratégicos, con escasas exigencias en materia de empleo local y nulas en materia de ambiente o encadenamientos productivos.
Petróleo, gas, cobre, litio y tierras raras no pueden pensarse exclusivamente como mercancías o negocios privados. Alimentan la transición energética y los data centers, pero también las cadenas industriales y militares de las grandes potencias. Quién los controla, quién los explota y para qué se utilizan es una cuestión de poder.
Argentina ocupa una posición singular en esa disputa. Tiene Vaca Muerta, algunos de los mayores recursos de litio del mundo, proyectos de cobre y una posición estratégica frente al Atlántico Sur y la Antártida.
Pero mientras esa nueva geopolítica vuelve más importante y necesaria la capacidad de los Estados para gobernar sus recursos, Milei avanzó en la dirección contraria: aceleró su explotación y debilitó capacidades estatales que podrían contribuir a orientarla, desde el sistema científico público nacional y las universidades hasta distintos organismos especializados.
Esa fue precisamente la lógica con la que se expandió el Rigi. Según el último informe del Observatorio del Rigi, hasta agosto de 2026 se habían presentado 42 proyectos por casi 195 000 millones de dólares.
Lejos de mostrar una diversificación sectorial, la enorme mayoría se concentra en actividades extractivas ya privilegiadas: 21 proyectos mineros y 15 de hidrocarburos. Entre los capitales que ingresaron al régimen hay empresas británicas desde gigantes mineros hasta compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta.
Malvinas mostró el límite de esa lógica. Harbour Energy, una de las principales petroleras británicas, posee 15 % de Southern Energy, uno de los grandes proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL).
En abril de 2025, el propio gobierno aprobó su ingreso al Rigi mediante la Resolución 559/2025, que reconoce una inversión total de 6878 millones de dólares y lo declaró Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.
El problema es que Harbour Energy no es una empresa británica cualquiera. En su historia societaria aparece Premier Oil, sancionada por el Estado argentino en 2013 por desarrollar actividades petroleras sin autorización argentina en el área de Malvinas.
La misma política que había abierto las puertas al capital extranjero con escasas condiciones terminó otorgando beneficios extraordinarios a un consorcio integrado por Harbour, cuya trayectoria societaria incluye a una petrolera sancionada por la Argentina por operar en Malvinas.
Sea Lion expuso así algo que el diseño del RIGI había dejado en segundo plano: cuando se trata de recursos estratégicos, no importa solamente cuánto invierte una empresa. También importa quién es, con quién está asociada y qué otros intereses tienen.
El episodio comenzó con un guiño de Donald Trump que, en rigor, estaba dirigido más a Londres que a Buenos Aires.
En medio de sus diferencias con el Reino Unido por el gasto militar de la Otan (Organización del Tratado del Atlántico Norte), Trump deslizó que Estados Unidos podía revisar su posición sobre Malvinas. Milei tomó esa frase ambigua y la convirtió en “algo muy fuerte” para “la causa más sagrada de los argentinos”.
El giro no deja de ser llamativo ya que Malvinas había ocupado hasta entonces un lugar marginal en el relato libertario. De pronto, la soberanía sobre las islas volvió al centro del discurso presidencial. Pero esta vez no quedó solamente en el terreno de los gestos y las declaraciones, sino que empezó a modificar decisiones concretas de política económica.
Para intentar bloquear el desarrollo de Sea Lion, el gobierno avanzó con denuncias y sanciones y terminó modificando incluso las reglas de su propio régimen estrella, el Rigi.
Mediante el Decreto 868/2026, estableció que quienes soliciten ingresar al Rigi deberán declarar que ni el proyecto ni las empresas o personas vinculadas directa o indirectamente con él participan en actividades hidrocarburíferas prohibidas por la legislación argentina en Malvinas.
La autoridad de aplicación deberá verificarlo antes de aprobar cada nueva adhesión.
El mensaje para determinadas petroleras pasó a ser claro: Vaca Muerta o Sea Lion. Si quieren acceder a los privilegios del Rigi para hacer negocios en la Argentina, no pueden participar al mismo tiempo de la explotación petrolera en Malvinas. Tienen que elegir.
Malvinas obligó así al gobierno a reconocer algo que su propia política económica había dejado de lado: cuando están en juego recursos estratégicos, el Estado importa. Importa para poner condiciones, para regular y para decidir qué intereses defender.
Pero puertas adentro, la mano visible de Milei viene avanzando en la dirección opuesta. Acelera la explotación de recursos naturales dejando a la sociedad argentina afuera del mapa, desmantela organismos públicos, universidades y el sistema científico que podrían darle al país mayor capacidad para gobernar esos recursos.
Argentina tiene muchos de los recursos que el mundo empieza a disputar, pero cada vez menos capacidades propias para gobernarlos. Y esa también es una forma de perder poder.
Porque no alcanza con tener Vaca Muerta, litio o cobre. Hace falta conocimiento, instituciones y un Estado capaz de decidir qué hacer con ellos.
Malvinas parece haberle recordado a Milei algo que su propia política viene destruyendo: sin capacidades estatales, la soberanía sobre los recursos corre el riesgo de quedar reducida a una bandera.
IPS - RV: EG - Mariano Novas - Mariano Novas es coordinador del Observatorio del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
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