El asesinato de la periodista y candidata regional de Áncash, Susy Aponte, devela la espiral de violencia que enfrenta la prensa en Perú. Cuatro reporteros fueron asesinados en 2025 —el año más letal para los comunicadores en el país—, mientras que solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se registraron más de 140 agresiones contra periodistas.
En una entrevista para Sputnik, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), alertó que la nación sudamericana es una de las más peligrosas para ejercer este oficio, debido a que los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas "saben que tienen garantizada la impunidad, lo que transforma esto en un círculo vicioso".
Nueve días antes, Aponte —conocida por su programa digital China Polo dominical— había compartido un video en el que denunció llamadas desde tres penales advirtiéndole de un atentado, y responsabilizó al entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Víctor Revoredo, de haber ordenado esa amenaza.
El arma usada por el sicario pertenecía a un suboficial de la policía y figuraba como robada en 2023. Hay tres detenidos: el presunto sicario —capturado por el equipo de seguridad de Aponte—, un presunto financista y un cómplice a cargo del transporte. El caso continúa bajo investigación criminal.
Entre enero y mayo se registraron 140 ataques contra el periodismo: 48 casos de discurso estigmatizante, 43 de amenazas y hostigamiento, 23 de agresión física y verbal, y una tentativa de homicidio contra dos periodistas de Piura, baleados por un precandidato regional en abril, según un informe de la ANP.
A esto se suman casos recientes en plena campaña regional. El 10 de septiembre, desconocidos dispararon contra las instalaciones de un medio digital, La Noticia Clave, en Lambayeque, al norte del país, mientras el equipo periodístico se encontraba adentro.
Una semana después, en Ica, al sur, el director del portal La Lupa, Kenny Yucra, recibió amenazas de muerte con videos que mostraban un arma y datos de su domicilio, luego de investigar a un candidato regional.
En agosto, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) documentó querellas por difamación contra César Hildebrandt, Eloy Marchán y Paola Ugaz, además de una campaña con inteligencia artificial contra Renzo Giner, periodista de El Comercio. El comunicador, quien enfrentó una demanda de 10 millones de soles (casi tres millones de dólares) por parte del candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, advierte a Sputnik sobre el riesgo implícito en el actual contexto.
"Se está utilizando mucho este recurso de desacreditar al periodista o al medio cuando hay una noticia que no agrada a cierto sector. Hay colegas a los que les están generando audios falsos comprometiéndolos con gente vinculada al narcotráfico (...), esas son situaciones que en realidad ponen en riesgo su vida", dijo.
En su balance de 2025, la ANP contabilizó 458 ataques a la prensa y cuatro periodistas asesinados —Gastón Medina, en Ica; Raúl Celis, en Iquitos; Fernando Núñez, en Pacasmayo, y Mitzar Castillejos, en Aguaytía—, todos comunicadores de regiones, críticos de autoridades locales y asesinados por sicarios.
Según el organismo, fue "la cifra más alta de agresiones a la prensa de los últimos 30 años", y la primera vez en ocho años que se volvían a registrar crímenes contra comunicadores.
"Nuestro reporte de agresiones decía que el actor estatal era el que más agredía a la prensa: eran fuerzas del orden que atacaban a periodistas en medio de una cobertura, eran legisladores que cada 60 días presentaban un proyecto de ley con impacto en las libertades informativas, eran operadores del sistema de justicia que querían obligar a los periodistas a violentar el secreto profesional", remarca Lainez.
"Es una paradoja, porque es el Estado justamente quien tiene el deber de garantizar la seguridad (...), pero asume un rol de agresor y de cómplice de esas agresiones", añadió.
A esa violencia directa se suma el desgaste del acoso judicial: en promedio, entre 30 y 35 periodistas son querellados cada año en Perú, aunque más del 80% termina absuelto. "Eso demuestra que el proceso es el castigo", afirma la también presidenta de la FIP.
Para la ANP, las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre son el escenario que el gremio más temía. "Lo dijimos desde el minuto uno: el momento probablemente más tenso iba a ser las elecciones regionales y locales, porque son los periodistas que están en las regiones quienes tienen un mayor grado de vulnerabilidad", explica Lainez, y detalla que, a diferencia de Lima, en las regiones "todo el mundo sabe quién está investigando a quién", lo que hace difícil proteger el anonimato de una fuente.
Pese a ese panorama, Lainez insiste en el objetivo final de este oficio. "En un país donde la corrupción ha permeado al aparato de Estado, es el periodismo el último atisbo de esperanza para conocer la verdad".
En ese sentido, recuerda que Perú acumula más de 60 periodistas asesinados desde 1980. "Eso demuestra que hay gente que ha hecho suya esta profesión, incluso costándole la vida", lamenta.
"Mantengo viva aún la esperanza de que los medios podemos cumplir ese papel resonador que permita a la gente transmitir sus denuncias, hacer que su voz realmente sea escuchada". Ejercer bajo estas amenazas es "una carga extra de responsabilidad", pero también "un orgullo" si el sacrificio ayuda a que "la gente encuentre justicia o se rindan cuentas a quienes se debe", finaliza
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