El Fondo Monetario Internacional ya está en Argentina para auditar la economía del Gobierno de Javier Milei. La delegación técnica del organismo inició en Buenos Aires la tercera revisión del programa vigente. Dicho equipo no cuenta con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Nueva York junto al mandatario para la Asamblea General de la ONU.
El préstamo en revisión es un Acuerdo de Facilidades Extendidas por 20.000 millones de dólares, aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI en abril de 2025. Desde entonces, dos revisiones sucesivas, en julio de 2025 y abril de 2026, habilitaron desembolsos adicionales que elevaron a unos 15.000 millones de dólares el monto ya girado sobre el total pactado.
La misión evalúa el cumplimiento de las metas del programa con datos consolidados al cierre del segundo trimestre del año, con especial atención en dos frentes: el resultado fiscal y el nivel de reservas internacionales del Banco Central. Concluida la etapa técnica, la revisión deberá ser aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo en Washington para que se concrete un nuevo desembolso por 900 millones de dólares, cifra clave para afrontar vencimientos de deuda con el propio organismo.
El frente fiscal es, esta vez, el que concentra las dificultades. El Ministerio de Economía ya había anticipado que incumpliría con el compromiso del superávit previsto para el año: el 1,3% del PIB que estima queda por debajo del 1,4% asumido en la firma del entendimiento. En el frente cambiario, en cambio, el Banco Central sobrecumplió: acumuló compras netas por 14.000 millones de dólares en 2026, muy por encima de la meta anual de 10.000 millones fijada en el programa.
La situación invierte el patrón de las dos revisiones anteriores, en las que Argentina cumplió la meta fiscal, pero no la de acumulación de reservas. El Gobierno confía en que el desvío fiscal sea aceptado mediante una dispensa, dado que lo considera acotado frente al objetivo original.
La relevancia del desembolso se mide también en el calendario de pagos. A fines de septiembre, Argentina enfrenta un vencimiento con el FMI por 803 millones de dólares. Restan además 840 millones a comienzos de noviembre y 344 millones en diciembre, compromisos que el Tesoro asegura poder cubrir mientras el frente externo sigue siendo la variable más sensible de cara a 2027.
La revisión llega en paralelo al debate en el Congreso por el Presupuesto 2027, que mantiene como eje central el mismo ancla fiscal que audita Washington. El proyecto prevé un ajuste del gasto público del 26,7% frente a lo devengado en 2023, cuando asumió el Gobierno.
Ese ajuste sostenido tiene correlato en los indicadores de consumo e ingresos. Las percepciones privadas registradas acumulan una caída real de 3,6% desde noviembre de 2023, mientras el salario mínimo, vital y móvil perdió 40,8% de poder adquisitivo. El consumo masivo cerró el primer semestre con una baja acumulada de 2,9% en el año, según la consultora Scentia, tras haberse derrumbado 13,9% en 2024.
Mientras el FMI define si otorga la dispensa fiscal, el Presupuesto 2027 fija el techo de gasto que deberá administrar el próximo Gobierno surgido de las elecciones presidenciales de ese año, con una inflación oficial proyectada en 18% anual, un crecimiento del PBI del 4% y un dólar sin sobresaltos a pesar de la incertidumbre propia de los años electorales en Argentina.
"Por supuesto que es importante lograr la aprobación del FMI: yo creo que es una revisión clave", dijo a Sputnik el economista Miguel Ponce. El experto fue categórico al descartar cualquier obstáculo para el desembolso que negocia el Gobierno: "En ninguna de las revisiones anteriores se cumplían todas las metas, y ni siquiera mencionaron el tema de un 'perdón': no veo que haya peligro de trabas o de crisis en el vínculo".
Sobre la relevancia del cumplimiento de las metas fiscales y de reservas, el investigador apuntó que "el Gobierno no debería tener problema, dándose los precios internacionales que favorecen a países como el nuestro, y que alimentan expectativas favorables: estamos teniendo récord de precio de soja y récord de precio de maíz", explicó, sobre un escenario que, a su juicio, garantiza el cumplimiento de la meta sin sobresaltos de acá a fin de año.
Consultado por Sputnik, el economista Martín Pollera relativizó el peso político del desembolso: "Me parece más un paso administrativo que una relevancia mayor. El Fondo Monetario está jugado con este Gobierno: ha habido señales fuertes de Washington de acompañar a Javier Milei, y creo que esto va a seguir estando".
Sobre el frente fiscal, en cambio, advirtió: "Incluso el propio Fondo Monetario está poniendo la lupa respecto del aumento de la morosidad, del aumento de la deuda. El Fondo lo toma como un síntoma de un modelo que se va agotando: cuando las familias contraen sus niveles de consumo, se reduce la producción y las capacidades tributarias merman, y eso pone en riesgo el equilibrio fiscal".
"Milei quiere hablar con el dueño del circo, en lugar de escuchar a los entretenedores", resumió Ponce al advertir que el presidente y su ministro de Economía no participarán de las reuniones, por viajar a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. De acuerdo al experto, "el Gobierno quiere adelantarse y negociar divisas para llevar calma, intentando una nueva cumbre con Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent".
Ponce ubicó allí el corazón de los condicionamientos del organismo: "El debate sobre el modelo hoy está centrado en el retraso cambiario, y que la búsqueda de que se acumulen reservas sigue siendo un reclamo; por eso es fundamental mostrar mayores apoyos al respecto", remarcó.
Pollera, por su parte, recordó el origen del programa: "Es un acuerdo escrito por el propio FMI, que sabe de la necesidad del Gobierno. El organismo siempre va a premiar el equilibrio fiscal a cualquier costo, y ahora lo que está pidiendo es reactivar el crédito para licitaciones de rutas y trenes".
El economista sumó otro condicionamiento hacia adelante, ligado al cronograma de deuda: "Hay un cronograma de vencimiento donde el año que viene, entre acreedores privados y el Fondo Monetario, va a haber que desembolsar unos 25.000 millones de dólares, y al año siguiente, en el 2028, otros 25.000 millones; por eso el rol del FMI como respaldo de última instancia es clave".
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