El acuerdo, que se anunció a fines de agosto, exige que Meta incluya límites predeterminados al uso diario, restricciones nocturnas y una verificación de edad más rigurosa. Meta, además, insta a TikTok y YouTube a adoptar medidas similares. El acuerdo aún está sujeto a aprobación judicial.

La empresa se exponía a tener que pagar 200 000 millones de dólares si perdía el juicio, pero solo tendrá que abonar un máximo 18 000 millones, de los cuales 12 700 millones serán pagaderos en 10 años, mientras el resto Meta los pagará si, de manera simultánea, YouTube y TikTok aceptan pagos equivalentes e iguales restricciones y mecanismos para verificar la edad de los usuarios.

Algunas de las medidas a las que se compromete Meta en Estados Unidos también son reclamadas por autoridades en otros lugares. En Europa, Reino Unido, Australia, Brasil y Singapur, las agencias reguladoras llevan años intentando que las plataformas sean más seguras para los menores, a menudo mediante leyes vigentes que exigen a las empresas evaluar los riesgos y proteger a los menores.

En este caso, los cambios prometidos son el resultado de un litigio y no de la escurridiza ley federal de seguridad en línea.

“Este acuerdo tiene implicaciones que van mucho más allá de Estados Unidos”, afirmó Owen Bennett, experto independiente en política tecnológica del Reino Unido. “Si yo fuera un regulador en Brasilia, Bruselas o Canberra, vería esto como una enorme oportunidad”, señaló Bennett.

Según dijo, las medidas que los reguladores han intentado que Meta implemente por años probablemente ahora ocupen “buena parte de los pensamientos de Mark Zuckerberg”, fundador de Facebook y director ejecutivo de Meta .

Puesto que Meta es una empresa estadounidense, explicó, la presión de los tribunales y políticos de ese país tendrá un impacto diferente en la compañía que las normas impuestas por reguladores en el extranjero. “Este acuerdo concentrará la atención y la sensibilidad de los ejecutivos en la seguridad infantil de una manera que ningún conjunto de normas o regulación global ha logrado hasta ahora”, consideró Bennett.

En Europa, la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés) ya presiona a Meta en algunos de los mismos temas.

En abril, la Comisión Europea dictaminó de forma preliminar que Meta infringió la DSA por no identificar, evaluar ni mitigar adecuadamente los riesgos que supone para los menores de 13 años acceder a Instagram y Facebook. La Comisión señaló que Meta no impedía de manera eficaz que los menores de 13 años utilizaran sus plataformas.

En julio, la Comisión determinó preliminarmente que Meta había infringido la DSA por el diseño adictivo de Facebook e Instagram. Su investigación se centró en funciones como el desplazamiento infinito (scroll), la reproducción automática, las notificaciones inmediatas (push) y los sistemas de recomendación personalizados.

La Comisión afirmó que Meta no había evaluado de forma adecuada los riesgos que suponen estas funciones para el bienestar físico y mental de los usuarios y que sus medidas de mitigación no son suficientemente eficaces.

El acuerdo alcanzado en Estados Unidos demuestra que las plataformas pueden cambiar sistemas que son dañinos, en lugar de solo restringir el acceso de niñas y niños a ellos, dijo Hannah Storey, responsable de derechos digitales de la infancia y la juventud en Amnistía Internacional.

“Durante años, Amnistía Internacional, la sociedad civil y las personas perjudicadas por las redes sociales han advertido que las principales plataformas se diseñaron para maximizar la participación y las ganancias, sin proteger adecuadamente los derechos de los niños. Este acuerdo es significativo no solo por su magnitud, sino porque demuestra que las plataformas pueden cambiar decisiones de diseño que perjudican a los niños cuando se les exige responsabilidad”, afirmó.

Storey señaló que las autoridades europeas ya cuentan con herramientas para hacer mover a las plataformas en la misma dirección. “En Europa, un litigio de esta magnitud podría no ser necesario. Los mecanismos regulatorios existentes, como la Ley de Servicios Digitales, ya exigen que las plataformas evalúen y aborden los riesgos para los niños, mientras que proyectos normativos como la Ley de Equidad Digital podrían impulsar un diseño más seguro”.

Estos instrumentos jurídicos pueden adquirir más importancia a medida que los gobiernos sopesan la posibilidad de restringir por completo el acceso de niñas y niños a las redes sociales en Europa y el resto del mundo.

“Este caso nos recuerda que debemos centrarnos en mejorar las plataformas en sí mismas. En lugar de excluir a los jóvenes de los espacios en línea, los responsables de formular políticas públicas deberían garantizar que las plataformas sean seguras por diseño”, afirmó Storey.

UN NUEVO PUNTO DE REFERENCIA

El acuerdo puede servir como punto de referencia y, a la vez, como desafío. Julia Smakman, del centro británico de investigación sobre tecnología Ada Lovelace Institute, señaló que el caso estadounidense podría fortalecer los argumentos de las agencias reguladoras europeas contra Meta, especialmente cuando las consecuencias financieras por incumplimiento son elevadas.

“Tanto las medidas regulatorias como los litigios pueden incentivar a las empresas a comportarse de manera más responsable, siempre que las consecuencias financieras sean lo suficientemente grandes. Tener un gran caso proveniente del mismísimo Estados Unidos puede ser útil para los reguladores en Europa que están explorando argumentos legales en casos similares”, afirmó.

Dado que el caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en lugar de una sentencia, no sienta un precedente legal. Aun así, Smakman cree que podría ofrecer una base útil, facilitando la adopción de medidas más estrictas o la ampliación de la protección a todos los usuarios, más allá de límites de edad.

Esa tensión ya se vislumbraba en las conclusiones de julio de la Comisión Europea. Por ejemplo, señaló Smakman, medidas promovidas por la Comisión que parecen ir más allá de las del acuerdo, como la desactivación predeterminada de la reproducción automática y el desplazamiento infinito.

SUPERANDO LOS LÍMITES DEL CAMBIO

El Reino Unido se enfrenta a un conjunto diferente de opciones. Ofcom, el organismo encargado de regular internet, ya está haciendo cumplir las obligaciones de seguridad infantil bajo la Ley de Seguridad en Línea (OSA), mientras que el gobierno británico ha anunciado planes para restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años a partir de la primavera de 2027.

Steve Wood, experto en privacidad y exsubcomisionado adjunto de información del Reino Unido, afirmó que el acuerdo refleja un cambio más amplio en la forma en que los gobiernos abordan a las empresas tecnológicas.

“Ilustra un creciente consenso internacional sobre la necesidad de exigir responsabilidades a las empresas tecnológicas, y existe una importante coincidencia entre las medidas del acuerdo y los objetivos de la DSA y la OSA, así como las directrices y los códigos de buenas prácticas que las acompañan”, afirmó.

Según Wood, para Europa, el acuerdo llega mientras los responsables políticos aún deliberan sobre hasta dónde llevar las restricciones al acceso infantil a redes sociales.

“En la Unión Europea, los responsables políticos tienen un margen mayor, ya que aún no han tomado una decisión formal sobre la prohibición de redes sociales para los niños, y la colaboración de la Comisión Europea con Meta sobre el cumplimiento de la DSA y los riesgos para los menores sigue en marcha, tras las conclusiones preliminares de incumplimiento que coinciden en gran medida con muchas de las alegaciones formuladas en el juicio contra Meta”, afirmó.

El Reino Unido tiene menos margen para reconsiderar su rumbo. El gobierno mantiene su compromiso con la prohibición de las redes sociales para menores, aunque Wood señaló que las medidas de Meta en Estados Unidos podrían tener relevancia a la larga para adolescentes mayores que quedan fuera de la prohibición británica y para plataformas más pequeñas que no están incluidas en ella.

Para los reguladores de todo el mundo, el acuerdo supone una prueba real de lo que Meta está dispuesta y es capaz de cambiar.

Este artículo se publicó originalmente en Tech Policy Press y en democraciaAbierta.

IPS - RV: EG - Ramsha Jahangir