Las cifras no mienten. En el segundo trimestre de este año las variables clave de la economía dibujaron una línea plana pero que escondía alzas y bajas entre sectores y aún dentro del mismo rubro. Desde la semana pasada, el índice de riesgo país siguió subiendo tocando los 530 puntos, luego de haber casi perforado los 400, algo inédito desde 2018. Hace un año, el mismo indicador estaba en 735 puntos, luego de haberse desinflado las expectativas devaluatorias tras la victoria oficialista en las elecciones nacionales de medio término. Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, explica en su último informe que se corresponde “en gran parte por una actividad económica débil e índices de confianza que no logran repuntar”. En comparación con fin de julio, el riesgo país argentino aumentó 94 puntos porcentuales pero el riesgo de la región se mantuvo igual, lo que lo enmarca en un movimiento de carácter principalmente local, desacoplado respecto del resto de los mercados latinoamericanos.
La marcha. La actividad económica mostró, en el segundo trimestre una caída de 0,9% desestacionalizada contra el trimestre anterior, que significó la primera contracción trimestral desde el segundo trimestre de 2024. Sin embargo, el acumulado del primer semestre dio positivo (+1,9% interanual) especialmente por el crecimiento del agro (+9,9% interanual) y por la explotación de minas y canteras (+14,4% interanual).
Martín Rappetti, director ejecutivo de Equilibra y Profesor Titular de Macroeconomía Avanzada de la UBA, sostiene que la combinación de todos estos parámetros no infunde optimismo porque no hay margen para hacer política fiscal (caída de la recaudación porque cae la actividad que tributa más), paulatino deterioro del empleo y una inflación que difícilmente podrá ubicarse lejos del 2% mensual por el que oscila estos meses.
La evolución del poder adquisitivo tiene mucho que ver con estas cifras porque la heterogeneidad sectorial sesga el impacto: los sectores que muestran peor performance son las que lógicamente generan salarios más bajos, caída del empleo o ambos efectos combinados. La debacle de buena parte de la industria, el comercio tradicional (físico) y sobre todo la construcción se da, precisamente en segmentos que más utilizan mano de obra.
Además, la incidencia es geográfica: mientras los “ganadores” están en la zona patagónica (Vaca Muerta) o cordillerana (por el boom minero) además del ascenso en los pueblos medianos de la Pampa Húmeda por la producción récord del agro; los “perdedores” se encuentran en las zonas más pobladas (el AMBA, por ejemplo). Por ejemplo, un estudio reciente de la UIA y el BID señaló la oportunidad de inversión por más de US$50.000 millones que ofrece la minería y la provincia de Catamarca mostró el mayor crecimiento de la cantidad de escrituras realizadas (+52% en el acumulado del año interanual) superando a dos enclaves más previsibles (Neuquén con +8% y Río Negro con +7%). Un indicador que muestra la incipiente reactivación del mercado inmobiliario pero que se da en zonas determinadas que tienen el mayor crecimiento e impacto sobre la clase media.
Datos. La Universidad Di Tella elabora mensualmente tres índices que auscultan la marcha de los parámetros clave de la economía. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), presentó una disminución de 1,08% en agosto, pero con una leve suba de 0,71% con respecto al mismo mes del año pasado. El ICC mide las percepciones de los individuos sobre el estado de la economía, la situación económica personal y las expectativas a mediano plazo. O sea, lo que el consumidor en su rol de votante influirá en su manifestación política.
Otro indicador elaborado por la misma universidad, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) también tuvo su resultado, pero con una mejora con respecto al pobre resultado del trimestre anterior. La relevancia de esta medición que se realiza mensualmente desde 2002, es que fue el mejor predictor en las elecciones generales recientes (por ejemplo, en el triunfo de los oficialismos bonaerenses y nacional de 2025) pero en su oscilación (nadie tendría la mayoría absoluta para evitar una segunda vuelta) está el juego de la conformación de alianzas y el impacto del desgranamiento de alguna de las dos fuerzas principales. Esa moneda en el aire le da un marco de incertidumbre porque “el mercado” no es indiferente a la propuesta de cada cuál en relación al mantenimiento, corrección o desvío de la dirección de la economía impulsada desde 2023.
El último es el Nowcast de pobreza, a cargo del economista Martín González Rozada y proyecta cada mes con los resultados del IPC una estimación de la pobreza que hace la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Con los datos de julio, proyecta una tasa de pobreza de 31,3% para el semestre febrero 2026- julio 2026 es 31,3%. Un límite muy difícil de perforar cuando nos acercamos a lo que se denomina la pobreza estructural, un piso que luego de cada golpe inflacionario fue subiendo un escalón más.
Operación ladrillo. Además de esperar que la economía se organice para armonizar sus variables, crecer y distribuir mejor, el Gobierno sabe que tiene que producir el empujón necesario para mover los engranajes, lo que el economista Fernando Marull dice que debería “despertar a la mano invisible”. En este contexto y sobre todo con la mayor estabilidad cambiaria, la buena noticia del incremento de los depósitos en dólares de los privados ofreció la primera medida, controversial, de afectar estos “argendólares” para prestarlos no sólo a quienes tienen ingresos en divisas asegurados. Los depósitos en dólares pasaron de US$14.100 millones a casi US$ 41.000 millones o sea aumentaron casi US$ 27.000 millones. Pero los depósitos en pesos –expresados en dólares– pasaron de US$76.500 millones a US$79.200 millones o sea aumentaron en apenas US$ 2.700 millones. En síntesis, los depósitos en dólares crecieron 10 veces más que los depósitos en pesos. Este es el fundamento para poder prestar para movilizar algo del crédito que, aun partiendo de una cifra insignificante (luego de Venezuela, el país con menor magnitud en relación al PBI) no termina de acelerar.
El otro factor que se decidió empujar es la utilización de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que respalda (parcialmente) al sistema previsional para fondear créditos hipotecarios. Una idea que el equipo económico tomó de una propuesta del think tank cordobés IDESA, aludiendo al efecto multiplicador sobre los deprimidos mercados inmobiliario y de construcción (desaparecieron 63.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023). El FGS cuenta con activos por US$78.000 millones, de los cuales parte son plazos fijos en UVA (indexados por la inflación) y sobre esta parte la nueva normativa establece que los bancos podrán participar de licitaciones (con ninguno pudiendo ofertar más del 20% de la cartera) para prestar montos equivalentes a US$200.000 en UVAs, a un plazo no menor a 15 años y una tasa no mayor a 7,5% anual. La apuesta es a que esto influya para bajar la tasa actual y ampliar la oferta crediticia. Se estima que el stock actual de créditos hipotecarios es de US$6.000 millones, por lo que el límite propuesto del 15% del total del FGS inyectaría 20.000 nuevos créditos, con lo que casi duplicaría el ritmo de colocación actual. ¿Alcanzará esta iniciativa para revertir la tendencia y pasar del leve pesimismo al cauto optimismo en los mercados? El resultado final de todos estos impactos cruzados y desiguales finalmente terminarán en una cifra inapelable: los votos.
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