“Incrementar la producción petrolera es incrementar el bienestar del pueblo venezolano, con más inversiones, más empleos, mejores salarios y mejor porvenir”, declaró la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras registrarse la firma de convenios con varias corporaciones de energía e inversiones.

A su lado, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que los acuerdos que los convenios que comenzaron a firmarse durante la jornada significan “decenas de miles de millones de dólares en inversiones y miles de empleos”.

“Esto es tan solo el comienzo. Queremos ampliar enormemente la producción de energía, y nos interesa hacerlo en nuestro hemisferio, desde Argentina hasta Canadá, reemplazando los conflictos del pasado por el comercio de hoy y del futuro”, agregó Wright.

Durante la jornada se suscribieron convenios para extender las operaciones en Venezuela de las corporaciones petroleras Chevron de Estados Unidos y ENI de Italia, y también con General Electric, para reparaciones de la red eléctrica, y con Primavera, para gestión de inversiones.

El acuerdo lo anunció la semana pasada el presidente estadounidense Donald Trump, como un éxito de su política dirigida a desbancar del hemisferio a potencias rivales como China y Rusia, y estímulo para que disminuyan los precios de la gasolina que se han elevado en su país desde que se inició en febrero la guerra contra Irán.

Hace parte de la nueva relación de tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela, después de que fuerzas estadounidenses, con un ataque relámpago el 3 de enero, en el que perecieron unos 80 militares cubanos y venezolanos, capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y los llevaron prisioneros a Nueva York.

Rodríguez, quien era vicepresidenta ejecutiva de Maduro, ocupa desde entonces la presidencia y sigue las directrices de Washington, que ha declarado buscar para Venezuela estabilidad, recuperación económica y democracia política.

Del acuerdo petrolero solo se conocen expresiones y datos parciales dados a conocer en sus declaraciones por las autoridades en Estados Unidos y Venezuela.

En ambos países ha ganado espacio una riada de críticas que cuestionan la legalidad del acuerdo, su opacidad y los términos con vistosas e inusuales ventajas para la parte estadounidense en detrimento de la soberanía e intereses de Venezuela.

Em primer lugar, su dimensión, pues se coloca en manos de Washington más de la quinta parte de las reservas probadas de Venezuela, las mayores del mundo pues se las estima en 303 000 millones de barriles (de 159 litros) de crudos.

La mayor parte de esas reservas, 270 000 millones de barriles, son de crudos muy pesados en la sudoriental Faja Petrolífera del Orinoco, y podrían estar sobreestimadas, pues suponen un factor de recobro de 20 %, hasta ahora no alcanzado en ese gigantesco depósito, que puede tener 1,2 billones (millones de millones) de barriles.

Los 17 campos obtenidos por Estados Unidos, “sin costo para los contribuyentes” según se ufanó Trump, están repartidos en la Faja y en la tradicional provincia petrolera del subsuelo y costas del lago de Maracaibo, al noroeste.

En una operación inédita, el Departamento de Defensa de Estados Unidos -país cuyo gobierno no posee ni maneja empresas mercantiles- se hizo socio con 35 % de participación en una firma relativamente nueva, North American Blue Energy Partners (Nabep), receptora inicial de los 17 campos.

El principal accionista de la firma es Alejandro Betancourt, un empresario venezolano investigado por la justicia de España y Suiza por presunto lavado de dinero, y señalado en debates de medios de comunicación como responsable de un desfalco milmillonario en compras de equipos de electricidad para Venezuela.

El Departamento de Estado en Washington resaltó que Betancourt no es actualmente objeto de proceso judicial alguno en ese país, y en cambio su empresa, con el manejo de algunos campos en el noroeste, ha demostrado eficiencia en el negocio.

Se informó que, según el acuerdo marco entre ambos gobiernos, el Pentágono podrá comprar a precio de costo 20 % de lo producido en esos 17 campos, con destino a las reservas estratégicas de Estados Unidos, y tendrá la primera opción para adquirir a precio de mercado el restante 80 %.

Venezuela obtendría ingresos por regalías e impuestos que, según antiguos responsables de su industria, resultarán desfavorables, muy bajos.

Por ahora, Chevron anunció inversiones por 7000 millones de dólares y ENI por 1500 millones.

Wright dijo que la producción actual de Venezuela, algo más de 1,1 millones de barriles (uno por ciento de la demanda mundial), puede llegar a 1,5 millones de unidades el año próximo y duplicarse al final de la década.

A-E/HM - Corresponsal de IPS