El negocio aurifero devora territorios indígenas, ha disparado un conflicto fronterizo con Costa Rica y puso a Nicaragua en curso de colisión con Estados Unidos, su principal socio comercial.

Parte de ese panorama quedó evidenciado el 3 de agosto, cuando organizaciones de derechos humanos comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vigila el cumplimiento de los tratados de derechos humanos en el continente.

En una audiencia pública en Washington, organizaciones de la sociedad civil y agencias ambientales denunciaron el avance de las concesiones mineras sobre los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Este país centroamericano de 7,1 millones de habitantes está gobernado desde 2007 por el exguerrillero izquierdista Daniel Ortega, hoy copresidente junto con su esposa, Rosario Murillo.

“Las constantes reformas constitucionales y legales han desmantelado el régimen de autonomía de la Costa Caribe”, denunció en la audiencia Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

El Estado subordinó a los consejos regionales indígenas y vació de contenido la consulta previa que exige la Ley 445, la norma nicaragüense de 2003 que reconoce la propiedad comunal de los pueblos originarios señaló Quesada a IPS.

EL PRECIO EN TIERRA Y EN VIDAS

La no gubernamental Fundación del Río y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron cifras concretas del daño ante la CIDH.

Sesenta y dos lotes mineros afectan hoy 18 territorios indígenas y afrodescendientes, una quinta parte de las tierras tituladas por ley a esas comunidades.

Otros setenta y cinco lotes se superponen además a 900 000 hectáreas en 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera, entre ellas Bosawás e Indio Maíz.

Las concesiones cubren 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1900 kilómetros de red hídrica natural.

Entre 2013 y 2024, al menos 69 personas indígenas fueron asesinadas en ese contexto, según las organizaciones comparecientes.

“Cuando las concesiones se superponen con territorios colectivos, con áreas protegidas… dan lugar a situaciones de violencia contra las personas defensoras”, advirtió Javier Palummo, relator especial de la CIDH sobre derechos económicos, sociales y culturales.

El uso de sustancias químicas para extraer el metal ya parece provocar daños en la salud de las comunidades rurales, advierten.

Un estudio piloto de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes reveló que 80 % de las mujeres indígenas en edad fértil analizadas en la región autónoma del Caribe Norte tenía niveles de mercurio superiores a los seguros para la salud.

Las organizaciones pidieron a la CIDH reforzar el monitoreo sobre el país y exhortar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), de origen o destino del oro nicaragüense, a exigir que las empresas involucradas respondan por sus obligaciones en materia de derechos humanos.

UN SALVAVIDAS PARA UN PAÍS AISLADO

Ese costo humano y ambiental convive con una dependencia económica creciente.

Nicaragua, con una economía de unos 24 000 millones de dólares, obtuvo del oro 1160,4 millones de dólares solo en el primer cuatrimestre de 2026, 32 % de sus ingresos por exportación.

El volumen exportado casi se duplicó entre 2020 y 2025, impulsado por precios internacionales que pasaron de unos 2772 a 4729 dólares por onza entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

Para un Estado autoaislado diplomáticamente desde 2018, cuando la represión de las protestas antigubernamentales provocó las primeras sanciones externas, ese ingreso funciona como un salvavidas frente a un sistema financiero internacional que le cierra puertas.

Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, describió el modelo como una cadena “extractiva integrada”.

Miles de mineros artesanales, sin permisos ni regulación, invaden tierras privadas, botan el bosque y venden el material extraído a empresas industriales que lo formalizan y exportan.

LA BRECHA QUE NO CUADRA

Washington ha respondido con sanciones dirigidas al creciente negocio del régimen sandinista.

En abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, la entidad estadounidense que administra las sanciones económicas de ese país castigó a siete empresas mineras nicaragüenses.

Además, sancionó a dos hijos de la pareja gobernante, un viceministro y otros funcionarios señalados de administrar una red de lavado de activos a través del negocio de oro.

El Tesoro acusó al régimen de operar “una compleja red de empresas y testaferros”, y señaló a Laureano Ortega Murillo como principal enlace con la presencia china en el sector minero.

Este hijo es señalado por Washington como una de las figuras clave del control estatal sobre el sector aurífero nicaragüense.

Según el Departamento del Tesoro, desde 2020 el régimen convirtió la minería en una red de empresas fachada diseñada para generar divisas y lavar activos sancionados, esquema que la Ofac atribuye a Laureano junto al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo.

La Ofac sancionó por primera vez a Laureano el 17 de abril de 2019, bloqueando sus bienes e intereses en Estados Unidos por su papel en la corrupción y el lavado de dinero del régimen.

En abril de 2026, el Tesoro amplió la presión sobre la red del oro con nuevas sanciones a otros hijos de la pareja presidencial y a siete empresas mineras, reafirmando a Laureano como uno de los dos operadores centrales de ese entramado

No obstante, las sanciones han topado con un obstáculo estructural: la falta de trazabilidad. El material sancionado puede reingresar fundido al mercado bajo el nombre de otra empresa.

En mayo, los senadores demócratas Ron Wyden y Elizabeth Warren pidieron al Tesoro que dejara de comprar oro nicaragüense a través de la Casa de la Moneda estadounidense, por considerar que ese mercado alimenta directamente a la dictadura.

Estados Unidos sigue siendo el principal destino de 55 % del oro nicaragüense, seguido de Canadá (40 %) y en menor medida Suiza e Italia.

El sector minero de Nicaragua cuenta con 29 exportadores registrados, según datos oficiales: 28 sociedades anónimas y una persona natural ligada al régimen.

La cifra contrasta con los casi 1100 exportadores que reporta el sector cafetalero y los 174 del rubro cárnico, los otros dos principales renglones de exportación de este país centroamericano.

En 2023 el gobierno anuló la Cámara Minera de Nicaragua que organizaba el sector desde la empresa privada y trasladó los registros y permisos al control estatal.

De ese reducido universo de empresas mineras, solo cuatro (Desminic, Tritón Minera, Nicoz Resources y Hemco) extraen el mineral directamente de sus propias minas y concentran entre 70 % y 80 % del volumen total exportado por el sector.

El 20 % o 30 % restante de las exportaciones proviene de la actividad de mineros artesanales, cuya producción es canalizada hacia el mercado a través de unas 24 empresas intermediarias autorizadas por las alcaldías sandinistas.

CONFLICTO CON COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS

La disputa por el oro también tensa la relación con Costa Rica, el vecino del sur de Nicaragua. Mineros artesanales cruzan hacia las minas Crucitas y Conchudita, en territorio costarricense, para extraer oro.

Ese metal se exporta luego como si fuera nicaragüense, procesado según Fundación del Río por Thomas Metal, una de las empresas sancionadas por Washington.

Costa Rica calificó la actividad de “crimen organizado” con “lógica militar”, mientras el área intervenida pasó de 900 a más de 3000 hectáreas en pocos años.

Sin embargo, el episodio más agudo del rubro es con Estados Unidos.

En agosto de 2025, el Ministerio de Energía y Minas ordenó el cierre de la planta de BHMB Mining Nicaragua, empresa de capital estadounidense y británica con concesión desde 2015.

Semanas después, el control del plantel, valorado en unos 80 millones de dólares, fue transferido a las firmas chinas Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, ambas luego sancionadas por Washington por su vínculo con la expropiación.

El enviado especial del presidente Donald Trump para la región, Richard Grenell, calificó el episodio de inaceptable y amenazó con sanciones a toda la industria aurífera nicaragüense si el caso no se revertía.

BHMB acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial para reclamar más de 80 millones de dólares confiscados.

Ahí invocó el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta, vigente desde 2006 y que canalizó en 2022 el 61 % de las ventas externas del país.

En diciembre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó que las confiscaciones de activos estadounidenses en Nicaragua eran irrazonables, e impuso aranceles escalonados a los productos nicaragüenses fuera del DR-Cafta de hasta 15 % al 2028.

Bajo presión, el régimen nicaragüense dio marcha atrás de forma parcial. El 27 de mayo, la Procuraduría General de Justicia anunció la devolución de la planta a BHMB Mining, sin tocar el resto de las concesiones chinas.

Sin embargo, la amenaza de una expulsión total del tratado sigue sobre la mesa de las presiones y discursos de la Casa Blanca sobre Nicaragua y su oro.

Por José Mendieta – Inter Press Service (IPS)