Marco Rubio, el poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos, se ha convertido en el adalid de la persecución política contra la izquierda global. Su reciente declaración, en la que anuncia las sanciones a tres organizaciones, no deja espacio a la duda:

«El terrorismo de extrema izquierda representa una amenaza profunda para Estados Unidos y el Occidente más amplio (…) No habrá refugio para extremistas violentos que libran una guerra contra nuestra civilización y conspiran para socavar el estado de derecho, destruir infraestructura crítica, agredir a oponentes políticos o conspirar para ocultar sus crímenes a las autoridades. Utilizaremos todas las herramientas y autoridades a nuestra disposición para combatir el terrorismo y proteger nuestro modo de vida de la coerción terrorista».

Lo que el jefe de la diplomacia estadunidense (no es ironía) está planteando es la resurrección de una doctrina que el mundo jurídico repudió hace décadas: el derecho penal de autor.

La Escuela de Kiel, formada por juristas alemanes al servicio del Tercer Reich, diseñó un modelo en el que el Estado castiga a un persona por lo que es, su personalidad, su forma de vida, y no por un delito concreto. La base teórica considera que lo que debe ser perseguido no es una conducta objetiva, sino las condiciones personales del infractor. Se juzgan las cualidades morales, la ideología, los antecedentes, características identitarias o la forma de ser de la persona. 

Como explica el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, esta doctrina habilita el «poder punitivo sobre la base del reproche de lo que el agente es». Es decir, se castiga a la persona por lo que es, no por lo que hace. 

La teoría se impulsó fuertemente en la Alemania nazi, cuando el objetivo era eliminar, un «peligro social» atribuido a un grupo social de personas indeseables, incluso antes de la comisión de un acto específico.

El gobierno de Trump, que se asume -porque así se lo permite el resto del mundo- con derecho a definir quién es terrorista, ha aplicado esta lógica perversa a organizaciones que no han cometido ningún delito, mucho menos un acto terrorista.

La más reciente víctima es Autistici/Inventati, un colectivo autónomo que dedica su trabajo a recuperar espacios en Internet para la comunicación libre, el acceso a recursos digitales y el apoyo a proyectos sociales vinculados a las luchas reales.

Autistici/Inventati no es terrorista: es un espacio que busca enfrentar los grandes monopolios de la tecnología. Su «culpa» es configurar un servidor independiente y defender el derecho a la comunicación libre y gratuita.

Pero Rubio no acusa a estas organizaciones de acciones terroristas concretas, atentados o financiamiento criminal. Las acusa de terrorismo, básicamente, por ser de izquierdas.

Washington establece los castigos, bloquea el comercio y criminaliza la disidencia. No es la primera vez: lo hizo durante la Guerra Fría con el macartismo, en América Latina con la Doctrina de Seguridad Nacional. Y ahora lo recicla con la misma lógica de la Escuela de Kiel.

La aplicación de esta doctrina es un ataque directo a los principios del derecho internacional que ha sido la primera víctima del imperio en decadencia. Su propia construcción. El derecho penal moderno que se basa en el principio de legalidad: no hay delito sin ley previa, no hay pena sin conducta objetiva.

Lo que Rubio y la administración Trump están haciendo es una regresión histórica, un retorno a prácticas imperiales totalitarias que el mundo creía haber desterrado.

La izquierda no es terrorista y tampoco es una amenaza: es una opción política que tiene como horizonte la igualdad, la justicia social y la soberanía. Pero en la lógica imperial, cualquier espacio que escape a su control es un peligro; cualquier colectivo que cuestione el modelo es un enemigo; cualquier intento de resistencia es terrorismo. 

Y en esa bolsa, vamos todos. 

Editorial / Análisis – Diario Red