“Estas cifras demuestran que la población sigue sufriendo un costo inaceptable a causa de la violencia”, deploró Carlos Ruiz Massieu, jefe del Binuh y representante del secretario general de la ONU en el país, tras presentar el reporte trimestral.

La más reciente masacre ya no figura en ese reporte, y quedará para el próximo: 47 personas fueron asesinadas, otras 22 resultaron heridas y unas 50 fueron secuestradas en un ataque de pandillas a la comunidad de Kenscoff, en colinas que dominan esta capital, la noche del 23 de agosto.

Haití, 28 000 kilómetros cuadrados, 11,5 millones de habitantes -casi la mitad urgida de asistencia humanitaria- vive un clima de violencia desatada por pandillas criminales que han llegado a controlar cuatro quintas partes de esta capital de un millón de habitantes, y áreas urbanas y rurales circundantes.

Esa violencia se disparó desde el asesinato del presidente Jovenel Moïsi en julio de 2021, que acentuó el clima de inestabilidad política, con una muy frágil conducción del Estado y pendiente de iniciar su solución con elecciones generales, aplazadas varias veces y de nuevo convocadas para el próximo diciembre.

El combate a las pandillas corre por cuenta de una insuficiente Policía Nacional -responsable también de casos de asesinatos y otros crímenes- y de fuerzas auxiliares avaladas por la ONU.

La más reciente tiene el claro nombre de Fuerza de Supresión de Pandillas y debe completar la integración de unos 5500 efectivos, con contingentes que deben aportar países africanos, principalmente.

Los operativos de seguridad han reducido la actividad de las pandillas en algunas zonas del área metropolitana de Puerto Príncipe. Sin embargo, en algunos casos, esta presión parece haber desplazado la violencia en lugar de eliminarla.

En la extensa llanura de Cul-de-Sac, al sur de la capital, y en Cité Soleil, una barriada pobrísima junto a la bahía de Puerto Príncipe, bandas rivales protagonizaron violentos enfrentamientos por el control del territorio y los ingresos ilícitos durante el trimestre considerado en el informe del Binuh.

Los combates dejaron 463 muertos y cientos de heridos o víctimas de violación. Más de 18 000 residentes huyeron de sus hogares y se suspendieron los servicios de salud y educación.

El informe atribuye en parte la intensidad de los enfrentamientos a las operaciones de seguridad llevadas a cabo en otras zonas de la capital, que hicieron retroceder a los miembros de las bandas urbanas hacia la llanura de Cul-de-Sac.

Esta zona ocupa una posición estratégica a lo largo de dos importantes rutas que conectan el puerto de contenedores de la capital con la terminal petrolera de Varreux, en el norte del país.

En todo Haití cerca de millón y medio de personas han huido de sus hogares tratando de escapar de la violencia, y ese desplazamiento complica aún más la disposición de servicios esenciales y las tareas de asistencia humanitaria.

Fuera de Puerto Príncipe, las bandas continuaron ganando terreno. En Artibonite, una extensa región agrícola del noroeste, grupos armados atacaron pueblos y asesinaron a residentes en sus hogares y a campesinos que trabajaban en sus campos.

Más al sur, la banda Village de Dieu llevó a cabo asaltos en los alrededores de Séguin, una zona que se había librado en gran medida de este tipo de violencia. Según Binuh, estas incursiones podrían reflejar el deseo de encontrar nuevas fuentes de ingresos, controlando las carreteras que conducen a os puertos.

En general, los ataques de pandillas representaron 55 % de todas las personas muertas o heridas durante el trimestre.

Los abusos incluyeron violaciones colectivas, que dejaron centenares de mujeres y niñas como víctimas, así como palizas severas y quema de hogares, como medio para “castigar” y desplazar forzosamente a las poblaciones que viven en áreas controladas por pandillas rivales.

Paralelamente a la violencia de pandillas, más de 40 % de todas las personas muertas o heridas durante este trimestre fueron registradas en el contexto de operaciones de las fuerzas de seguridad contra pandillas, en ocasiones con la participación de una empresa militar privada extranjera mediante el uso de drones explosivos.

De todas las víctimas de las operaciones de las fuerzas de seguridad, al menos 95 no estaban vinculadas a pandillas. Entre ellas, nueve personas, incluyendo seis niños, murieron o resultaron heridas en operaciones con drones explosivos.

El informe documenta 14 casos de presuntas ejecuciones sumarias o intentos de ejecución sumaria por miembros de la Policía Nacional de Haití, una disminución significativa en comparación con el mismo período de 2025.

Por último, Binuh estima que cinco por ciento de los homicidios y las lesiones son atribuibles a grupos de autodefensa que atacan a miembros de pandillas, personas acusadas de colaborar con pandillas o individuos sospechosos de cometer delitos.

En vista de la gravedad de la situación de los derechos humanos, el informe subraya la importancia de mantener a Haití en la agenda internacional y de acelerar el despliegue completo de la Fuerza de Represión de Pandillas.

A-E/HM - Corresponsal de IPS