“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa en virtud del mandato que le han conferido sus Estados parte de distintas regiones”, señaló la Corte en un comunicado.

La Corte, creada en 2002 en virtud del Estatuto de Roma, es una institución independiente y no forma parte de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo, puede remitir casos al tribunal.

Con el consentimiento de los 125 países que han firmado el estatuto, la Corte procesa a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Entre los países que no adhieren al estatuto figuran Arabia Saudí, China, Corea del Norte, Estados Unidos, India, Israel, Pakistán, Rusia y Turquía.

Estados Unidos siempre rehusó que el tribunal pueda procesar a ciudadanos estadounidenses por delitos graves presuntamente cometidos en países que, a diferencia de Washington, reconocen la autoridad de la Corte.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte, la jurista japonesa Tomoko Akane, y el fiscal principal de juicio Abdoulaye Seye.

Washington ya había sancionado al exfiscal jefe Karim Khan, quien posteriormente fue destituido de su cargo.

Seye ha investigado sobre la financiación de Israel a los asentamientos ilegales en Cisjordania y la distribución de armas a los colonos israelíes.

En noviembre de 2024, la Corte, bajo la dirección del fiscal Khan, emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la lucha del ejército de Israel contra la milicia Hamás en la Franja de Gaza.

Las sanciones dispuestas esta semana se suman a las ya impuestas por Estados Unidos contra la Corte durante los dos mandatos del presidente Donald Trump.

El pasado 13 de julio Rubio declaró que Estados Unidos tenía la intención de “desmantelar la amenaza” que el tribunal supone para la soberanía estadounidense.

Nueve de los 18 jueces de la Corte, además de sus dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal, tienen ahora prohibido realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses y están sujetos a importantes restricciones en el sistema financiero mundial.

En su réplica, la Corte subrayó que “el propio orden jurídico internacional está en riesgo” cuando se amenaza a jueces por aplicar la ley.

“Las amenazas y las medidas coercitivas también afectan a la capacidad de las víctimas para buscar justicia, ya que recurren a la Corte cuando se han agotado todas las demás vías”, señaló la declaración.

El tribunal afirmó que respalda a su personal y a las víctimas de “atrocidades inimaginables” y añadió que continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad.

Aseguró que valora las constantes muestras de solidaridad de los Estados parte, la sociedad civil y todos aquellos que apoyan el Estado de derecho y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que el secretario general de la organización mundial, António Guterres, estaba “seriamente preocupado” por la última medida de Estados Unidos, así como por las continuas sanciones contra otros empleados de la Corte.

“Las Naciones Unidas consideran que la CPI es un pilar fundamental de la justicia penal internacional y el secretario general respeta profundamente su labor”, afirmó Dujarric.

La presidenta de la ejecutiva Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en su cuenta de la red X que “apoyamos firmemente a la Corte Penal Internacional, a la presidenta Tomoko Akane y a los funcionarios que defienden su misión”.

“La CPI ayuda a brindar justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horrendos del mundo. Para llevar a cabo este trabajo esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas”, expuso Von der Leyen.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señaló que las nuevas sanciones “son inaceptables y deben levantarse”.

A-E/HM - Corresponsal de IPS