Desde finales del siglo XV, América Latina (donde incluyo a México, América Central y el Caribe) ha servido de gran laboratorio para la experimentación social, política y económica del capitalismo-colonialismo.

Hasta la independencia de EE.UU., América del Norte le pertenecía. A medida que EE.UU. se fue consolidando como la nueva potencia capitalista mundial, ocupó el lugar que antes ocupaba el colonialismo europeo y convirtió a América del Sur en su laboratorio.

Este laboratorio cuenta con dos departamentos principales: el de la opresión y el de la liberación. Ambos se han mantenido activos a lo largo de los siglos, aunque su protagonismo varía según los períodos históricos. Aquí se cometieron los primeros genocidios de la era moderna. Tras la independencia de EE.UU., aquí se libraron las grandes luchas contra el colonialismo europeo, entre las que destaca la figura de Simón Bolívar. Aquí se manifestó por primera vez, bajo diversas formas, la contradicción entre la independencia política y la continuidad del colonialismo más allá del fin del colonialismo histórico: el colonialismo interno, el neocolonialismo, la doctrina Monroe de 1823 hasta hoy.

Basta con pensar en la distancia entre la independencia de Haití, en 1804, y la de los demás países del continente durante la primera mitad del siglo XIX. Fue la experiencia de algunos de ellos, con Honduras a la cabeza, la que justificó la acuñación del concepto de «república bananera» por parte del escritor estadounidense O. Henry.

En una trágica aparcería con África, aquí estalló la primera gran contradicción entre los principios supuestamente universales del liberalismo europeo y las prácticas de los países europeos fuera de Europa. Basta con recordar las críticas del misionero Bartolomé de las Casas. Aquí tuvo lugar la primera revolución de la era moderna, la Revolución Mexicana de 1910-1920, de la que surgieron la primera gran reforma agraria, el lema «la tierra es de quien la trabaja», la garantía de los derechos de los trabajadores y las primeras nacionalizaciones de empresas multinacionales.

Más cerca de la época contemporánea, aquí tuvo lugar la revolución que desató más energía revolucionaria en el mundo durante las primeras décadas de la Guerra Fría: la Revolución Cubana. Un pequeño país, a 140 kilómetros de EE.UU., casi en las «entrañas del monstruo», en palabras de José Martí, desafiaba a la potencia imperial, prometía expandirse al resto del continente y se disponía a compartir sus fuerzas con los movimientos anticolonialistas de otros continentes, de lo que Angola y Namibia son un testimonio elocuente.

Fortalecidas por la esperanza de justicia social que alimentaba la Revolución Cubana, las fuerzas progresistas y democráticas de otros países del continente intentaron en los años siguientes llevar a cabo reformas estructurales, sobre todo en materia de derechos laborales y propiedad de la tierra. Tal fue el caso del Brasil de João Goulart (1961-1964). Fue derrocado por un golpe militar orquestado por la CIA y respaldado por la Casa Blanca de Lyndon Johnson, con una fuerza naval en estado de alerta frente a la costa brasileña. Con las dictaduras militares que se sucedieron a continuación —en Chile entre 1973 y 1990, en Argentina entre 1976 y 1983—, se consolidó el departamento de opresión del laboratorio latinoamericano.

Dado que el laboratorio latinoamericano cuenta con dos departamentos, el refuerzo de la opresión no desactivó la liberación. Fue también en América Latina donde, diez años después de la Revolución Cubana, se llevó a cabo el primer experimento de socialismo democrático del período de la Guerra Fría. Me refiero al Chile de Salvador Allende, elegido presidente en 1970. A diferencia de la Revolución Cubana, esa experiencia pretendía alcanzar los objetivos socialistas por la vía democrática liberal y no se dejó intimidar por el fracaso de intentos similares en Europa, sobre todo en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Terminó tres años después con un golpe de Estado orquestado por Henry Kissinger y la CIA. El 11 de septiembre latinoamericano.

El departamento de opresión iniciaba entonces en Chile la gran experiencia de la segunda mitad del siglo XX, una experiencia que perdura hasta hoy y que se extiende ahora a todo el mundo capitalista. Se trata de la gestión de la relación contradictoria entre el capitalismo neoliberal y la democracia. La experiencia opera con dos hipótesis:

– La primera, la incompatibilidad total entre el neoliberalismo y la democracia.

– La segunda, la compatibilidad de ambos mediante el desmantelamiento de todos los instrumentos democráticos que constituyan un obstáculo para el avance del neoliberalismo, avance que se considera y se desea imparable.

En un resumen muy breve, el neoliberalismo es la versión del capital que respondió a la crisis más reciente de la acumulación (reciente hasta hace poco) con un puñado de recetas. El mercado como gran regulador social, no solo de las relaciones económicas, sino también de las relaciones sociales y políticas. La privatización del sector empresarial del Estado. La desregulación de la actividad económica, o, mejor dicho, su re-regulación para convertir al Estado en un instrumento más de acumulación. La reducción al mínimo de las políticas sociales mediante la transformación de los bienes públicos en negocios, con especial énfasis en la salud, la educación, el sistema de pensiones, la producción científica y, en los últimos tiempos, la prestación de servicios religiosos.

De todo ello se deriva una inmensa transferencia de ingresos de las clases populares y las clases medias (allí donde existan) hacia diferentes sectores de la clase dominante capitalista-colonialista. Con el neoliberalismo se consagra la dualidad entre pobres y ricos, cuando en realidad dicha dualidad opone a grandes mayorías empobrecidas al enriquecimiento de pequeñas minorías.

La primera hipótesis dominó el período inicial de esta experiencia. Milton Friedman, padre de las reformas económicas neoliberales del dictador chileno Augusto Pinochet, reconoció en una entrevista concedida a un periódico alemán en 1994 que algunas de las reformas deseables solo podían aplicarse bajo una dictadura.

La segunda hipótesis dominó la fase que se inició en 2009. Denomino estas dos fases así: «Entre la dictadura y la democracia avanzada o la revolución democrática» y «Entre la democracia decente, la ditamole o la guerra híbrida».

Entre la dictadura y la democracia avanzada o la revolución democrática

Conviene tener presente que el «laboratorio» latinoamericano siempre mantiene ambos departamentos y que la visibilidad de uno y otro oscila a lo largo del tiempo. Los golpes militares en Brasil en 1964, en Uruguay y Chile en 1973 y en Argentina en 1976 pretendían confirmar que el capitalismo es incompatible con la democracia. Esta despierta en las clases populares expectativas de mejora de la vida que no se materializan sin cuestionar la distribución desigual de la riqueza social, distribución que la clase capitalista impone para mantener y consolidar su poder económico, social y político. La represión, los asesinatos, las desapariciones y el exilio no impidieron que el «departamento de la liberación» siguiera funcionando, tanto en las ideas como en la práctica.

En el plano de las ideas, la gran innovación teórica fue la teoría de la dependencia, propuesta por intelectuales que a menudo se encontraban en el exilio. Me limitaré al caso brasileño. En el ámbito de la educación destaca la obra monumental de Paulo Freire. En el ámbito de las ciencias sociales, la teoría de la dependencia del primer Fernando Henrique Cardoso, de Theotônio dos Santos, de Vânia Bambirra y de Ruy Mauro Marini. Este último acuñó un concepto que sigue en uso: el subimperialismo. Con él, Marini caracterizaba el papel de Brasil bajo la dictadura en el contexto regional del imperialismo estadounidense.

En el plano de la lucha política, la revolución sandinista de Nicaragua, entre 1979 y 1990, fue el proceso de liberación que, tras la Revolución Cubana, más entusiasmó al continente y al mundo progresista. Un proceso innovador, con un fuerte componente de catolicismo progresista anclado en la Teología de la Liberación. Tras siglos de complicidad activa con el colonialismo, el capitalismo y la dictadura, la religión católica asumía los riesgos que corrió el Nazareno al solidarizarse con los pobres y los oprimidos. Fue también un proceso revolucionario que se desarrolló bajo una fuerte intervención imperialista, en forma de los Contras, los grupos armados que EE.UU. financió y entrenó para derrocar la revolución.

La oposición popular a las dictaduras en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile conduciría al retorno de la democracia, respectivamente en 1983, 1985, 1985 y 1990. Surgía una democracia debilitada, mermada por los años de dictadura y, en el caso chileno, sin ninguna intención de revertir la devastación social que había causado el neoliberalismo.

A partir del nuevo milenio, sin embargo, estos países intentaron, de diversas formas, profundizar la democracia en una dirección socialdemócrata: menos injusticia social, mayor intervención del Estado en la economía, políticas sociales más sólidas. Se inspiraban en la tradición europea de la posguerra y en su propio pasado: el peronismo y el getulismo. En Brasil, el proceso se desarrolló durante los mandatos del Partido de los Trabajadores, bajo la presidencia de Lula da Silva (2003-2010, 2023-) y de Dilma Rousseff (2011-2016). En Argentina, merece una mención especial la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). En Uruguay, la de Pepe Mujica (2010-2015). En Chile, las de Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y de Gabriel Boric (2022-2026). No olvidemos a Paraguay y al gobierno progresista del exobispo católico Fernando Lugo, presidente entre 2008 y 2012, ni a Honduras durante la presidencia de Manuel Zelaya (2006-2009).

Alimentado por los gobiernos progresistas y animado por sus éxitos relativos, el movimiento popular se fortalece en el continente a partir de la última década del milenio, destacando el movimiento indígena, que se convierte en un actor político importante en países tan diferentes como Bolivia, Ecuador, Colombia, México y Chile. En 1994, el gran levantamiento zapatista en el sur de México despertó el interés y la simpatía de todo el mundo progresista y prometió nuevas formas de activismo, más allá del viejo dualismo entre reforma y revolución.

En 2001 nació en Porto Alegre el Foro Social Mundial, del que fui activista comprometido durante quince años. Se trataba de un movimiento de movimientos sociales de todo el mundo, con sede en la ciudad brasileña porque allí habían surgido las experiencias más innovadoras de democracia participativa a escala local, por iniciativa del Partido de los Trabajadores, bajo el liderazgo inspirador de Olívio Dutra y Tarso Genro.

En el seno de esta movilización progresista y polifacética, la primera década del milenio fue testigo de tres grandes innovaciones políticas. Constituyeron un experimento liberador particularmente ambicioso, al menos en cuanto a sus objetivos. Adoptaron el nombre de revolución o un término equivalente para subrayar la voluntad de romper con la injusticia históricamente arraigada en el continente. Me refiero a la revolución bolivariana en Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez (1999-2013), a la revolución ciudadana en Ecuador, bajo el liderazgo de Rafael Correa (2007-2017), y al Proceso de Cambio en Bolivia, liderado por Evo Morales (2006-2019), el primer presidente indígena de la era moderna.

Fueron procesos muy distintos, pero todos se plantearon como una ruptura radical con el pasado reciente. La instauración de asambleas constituyentes simbolizó esa ruptura y dio lugar a nuevas constituciones que aspiraban a una auténtica refundación del Estado. En Venezuela, la Constitución de 1999. En Ecuador, la de 2008. En Bolivia, la de 2009. Para que quede clara mi postura al respecto, fui asesor tanto de la Constitución de Ecuador como de la de Bolivia en materia de plurinacionalidad, derechos de los pueblos indígenas y pluralismo jurídico.

El carácter transformador de estas constituciones queda patente en el artículo 1 de cada una de ellas. Cito:

Constitución de Venezuela, artículo 1

“La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.”

Constitución de Ecuador, artículo 1

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.

Constitución de Bolivia, artículo 1

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

El carácter jurídico-político de estas Constituciones era tan innovador que dio lugar a una nueva concepción del constitucionalismo, conocida como «nuevo constitucionalismo latinoamericano», «constitucionalismo transformador» o «constitucionalismo del Sur». Se proponía una nueva organización del Estado, con más órganos de soberanía más allá de los tres tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial), la radicalización de la intervención democrática más allá del canon liberal y una concepción firme de la soberanía, que incluía una mayor intervención del Estado en la economía y el control nacional de los recursos naturales. En Ecuador y Bolivia, se proponía además una fuerte presencia constitucional de la identidad nacional indígena, con la adopción en la Constitución, por primera vez en la historia latinoamericana, de conceptos en lenguas no coloniales, el quechua y el aimara. La democracia de tradición liberal se mantenía, pero se radicalizaba con la introducción de formas de democracia participativa y comunitaria.

El carácter sociopolítico de estos procesos puede designarse, siguiendo un concepto del científico social boliviano René Zavaleta Mercado, como movimientos nacional-populares, con un fuerte énfasis en un nacionalismo progresista basado en la soberanía popular y en el control nacional de los recursos naturales. La retórica política que los alimentaba y las prácticas en las que se traducían dieron credibilidad a la recuperación y la reinvención de la memoria histórica del socialismo, bajo la forma del «socialismo del siglo XXI».

La experimentación social y política en el departamento de la liberación del gran laboratorio latinoamericano no se produjo únicamente a escala nacional. Fue en este período cuando los países latinoamericanos alcanzaron la mayor capacidad para organizarse sin la tutela del «big brother» del Norte, es decir, al margen de la Organización de los Estados Americanos, dominada desde siempre por EE.UU. En gran medida por iniciativa de Hugo Chávez, se crearon varias organizaciones de cooperación regional con una lógica igualitaria, basada en la complementariedad, como nunca antes se había visto en el continente.

Así surgieron el ALBA, la UNASUR, el Banco del Sur y la CELAC. El ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, nació como bloque de cooperación política, social y económica de América Latina y el Caribe. Fidel Castro y Hugo Chávez la fundaron en La Habana, en 2004, como contrapunto y alternativa al proyecto de tratado de libre comercio que EE.UU. quería imponer a América Latina (ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas), proyecto que había generado una fuerte oposición política y social en el continente.

La UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, se creó en 2008 como bloque intergubernamental de integración regional destinado a unir a los países de Sudamérica mediante la concertación política, los proyectos sociales y la cooperación en materia de infraestructuras. Su primer secretario general fue Néstor Kirchner.

El Banco del Sur surgió en 2009 como organización financiera multilateral con el objetivo de promover la integración regional de los países sudamericanos y reducir su dependencia respecto a las instituciones multilaterales hegemónicas, el FMI y el Banco Mundial. Firmaron el acuerdo Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

La CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, nació en 2010 como organismo internacional regional que abarca América Latina y el Caribe. La primera reunión se celebró en Caracas, en 2011.

Toda esta arquitectura institucional regional respondía a la devastación social que el neoliberalismo había causado en las décadas de los 80 y los 90, cuando EE.UU. impuso a los países del subcontinente, sin grandes restricciones, el dominio financiero, el comercio desigual y el acceso a sus recursos naturales. Era una alternativa valiente a la Doctrina Monroe y a la consiguiente transformación del subcontinente en el «patio trasero» de EE.UU. La fuerza de esa alternativa residía en la fortaleza de los Estados que la promovían. Se fue desvaneciendo a lo largo de la segunda década del milenio por la convergencia de tres factores, que menciono sin orden de prioridad: errores de liderazgo, quintas columnas de las clases dominantes insatisfechas con la pérdida relativa de poder, agresión y cerco por parte del imperialismo estadounidense, cada vez más respaldado, como recordó Ruy Mauro Marini, por el subimperialismo de la Unión Europea e Israel.

Entre democracia decente, “ditamole” o guerra híbrida

El departamento de opresión del gran laboratorio latinoamericano, a cargo del imperialismo estadounidense y de sus cómplices internos y externos, observaba con preocupación los avances del departamento de liberación. Durante la primera década del milenio se había centrado en los trágicos acontecimientos de su 11 de septiembre de 2001 y en lo que les siguió, sobre todo la guerra ilegal contra Irak en 2003. De alguna manera, había prestado menos atención a lo que ocurría en el subcontinente. Alarmado por la energía progresista y autonomista que surgía en su propio patio trasero, decidió intensificar la injerencia tutelar. Esa injerencia, que perdura hasta hoy, ha pasado por dos fases, correspondientes a dos procesos complementarios de desfiguración de la democracia y de conversión de esta en un instrumento dócil al servicio de los intereses imperiales.

La primera fase consiste en convertir, mediante golpes suaves, democracias decentes en democracias truncadas y autoritarias. No hay una ruptura violenta con los procesos democráticos. Se refuerzan los componentes autoritarios de los regímenes democráticos, con el fin de alcanzar, al menos en parte, los mismos objetivos que se lograrían por la vía dictatorial. Para caracterizar esta desfiguración de la democracia recurro al concepto de ditamole, del politólogo Guillermo O’Donnell, en contraposición a la dictadura. De hecho, se produce el paso de una democracia decente a una democracia indecente, autoritaria y truncada. La desfiguración puede alcanzar diferentes intensidades, en función de las «necesidades» de la injerencia externa y de sus aliados internos.

La segunda fase intensifica la democracia desfigurada mediante intervenciones abiertamente antidemocráticas y violentas, que pueden incluir intentos de asesinato, sanciones económicas, embargos, confiscación de reservas depositadas en bancos internacionales y expulsión de la tecnología digital. Así se inicia una guerra híbrida entre democracia y dictadura. La dictadura se va instaurando poco a poco, gota a gota, hasta que un día los ciudadanos y las ciudadanas se despiertan y se dan cuenta de que ya no viven en democracia. El objetivo es que, en un primer momento, la gran mayoría no le dé importancia a este descubrimiento.

La idea de las dos fases solo llama la atención sobre el diferente énfasis en los medios utilizados. En la primera fase se puede recurrir, de forma excepcional, a los medios privilegiados de la segunda. Es el caso de Venezuela, donde desde el principio el presidente Hugo Chávez fue objeto de varios intentos de asesinato y donde, hasta hoy, no se han esclarecido plenamente las causas de su muerte. Cuba es un caso particularmente trágico porque la Revolución Cubana, por muchas razones —entre ellas, el hecho de estar demasiado cerca de las «entrañas del monstruo»—, no adoptó el giro democrático liberal de los demás países del subcontinente. Lleva más de sesenta años sometida a la injerencia imperial más violenta, característica de la segunda fase. Además de los intentos de invasión, los embargos y las sanciones de todo tipo, se calcula que la CIA ha llevado a cabo 638 intentos de asesinato contra Fidel Castro.

La primera fase (2009-2026)

El recuerdo de las atrocidades cometidas durante las dictaduras y la nueva legitimidad que la democracia había adquirido en el subcontinente no permitían recurrir, como era habitual, al golpe de Estado y al establecimiento de dictaduras con la participación activa de las Fuerzas Armadas entrenadas en la infame Escuela de las Américas, en Columbus, Georgia. Se optó por recurrir a los instrumentos democráticos, manipulando su uso hasta obtener los resultados deseados. En una primera fase, esos resultados consistían en apartar a los líderes de las transformaciones progresistas e intervenir activamente en los procesos electorales posteriores, de modo que de las urnas salieran gobiernos “amigos de EE.UU.”.

Este tipo de intervención recibió el nombre de «golpe blando», por producirse sin violencia militar y con una fachada democrática, a veces centrada en los tribunales, otras en los parlamentos. Los golpes eran «suaves» solo para quienes los perpetraban. Para quienes los sufrían, eran extremadamente violentos. Así se sucedieron el golpe en Honduras, contra el presidente Manuel Zelaya (2009); en Paraguay, contra el presidente Fernando Lugo (2012); en Brasil, contra la presidenta Dilma Rousseff (2016); y, de nuevo en Brasil, el golpe judicial destinado a decapitar a los líderes del Partido de los Trabajadores y a inhabilitar al candidato favorito para las presidenciales de 2018, Lula da Silva. Este golpe blando, sin duda el de mayor envergadura del continente, recibió el nombre de “Operación Lava Jato” y se prolongó entre 2014 y 2021.

Cabe mencionar también el golpe blando en Bolivia contra Evo Morales, en 2019, y las persecuciones judiciales contra la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que se prolongan desde hace más de una década.

Esta oleada de golpes blandos ha causado profundos daños políticos y sociales a los países afectados, así como daños personales a los líderes que los han sufrido. Me limitaré al caso de Brasil. Dichos golpes condujeron a la elección de un presidente de extrema derecha que, entre otros estragos, adoptó una política negacionista durante la pandemia de la COVID-19, la cual, según los cálculos de la OMS y de Oxfam, causó entre 120 000 y 400 000 muertes evitables, de haberse adoptado las medidas de control recomendadas a nivel mundial. Sería difícil enumerar los daños personales. Basta con recordar que Lula da Silva, actual presidente, permaneció injustamente encarcelado durante 580 días.

A pesar del protagonismo del departamento de la opresión en este período, el departamento de la liberación no ha permanecido inactivo. El gran laboratorio latinoamericano ha seguido siendo fiel a sí mismo. Tres ejemplos bastan para ilustrar que la injerencia imperial no siempre ha tenido un éxito total.

Brasil

En el caso de Brasil, el golpe blando contra los gobiernos del Partido de los Trabajadores y, sobre todo, contra su líder histórico, Lula da Silva, no tuvo el éxito que deseaban los golpistas. La persecución judicial contra Lula quedó al descubierto; volvió a ser elegido presidente en 2022 y hoy es candidato a la reelección en las elecciones de octubre. Sin embargo, no se puede decir que el golpe blando fracasara por completo. El Brasil al que Lula ha regresado como presidente es un país diferente al que existía cuando lo detuvieron. Y la diferencia es a peor. Es un país mucho más conservador, con un parlamento minado por las estrategias golpistas y de extrema derecha del período anterior, socialmente más injusto y con mucho menos margen de maniobra para revertir la situación a favor de las clases populares. Está mucho más sometido al uso político conservador de la religión, sobre todo la evangélica neopentecostal, y cuenta con una población más desinformada por las redes sociales y más vulnerable a la política del odio. El trabajo del departamento de opresión durante casi una década no ha sido en vano para los intereses del imperialismo estadounidense y de sus aliados internos.

El segundo y el tercer ejemplo se refieren a dos países que se mantuvieron al margen de la ola progresista que recorrió el subcontinente durante la primera década del milenio: México y Colombia.

México

México, al igual que Cuba, tiene un pasado revolucionario, aunque mucho más lejano, y se encuentra muy cerca de las «entrenas del monstruo». A diferencia de Cuba, es un país enorme, con inmensos recursos naturales, una riqueza cultural enorme, una impresionante historia precolonial, un desarrollo económico, social y cultural complejo y un sistema político que pasó pacíficamente de un partido revolucionario único a la pluralidad partidista. También es un país con elevados niveles de violencia común y política —que no siempre es fácil distinguir entre sí— y cuenta quizá con la experiencia histórica más diversa en sus relaciones con EE.UU., marcada por la guerra y la diplomacia, el robo de tierras y el tratado de libre comercio, la dependencia política de la diáspora mexicana y la deportación de emigrantes.

México se mantuvo al margen de la ola progresista de la primera década del milenio. En 2018, sin embargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones. Ya habría ganado elecciones presidenciales anteriores, pero el fraude electoral bloqueó durante algún tiempo, con éxito, el proyecto de cambio que anunciaba, la 4T. La 4T es la cuarta transformación, siendo las tres primeras la Guerra de Independencia (1810-1821), la Guerra de la Reforma (1858-1861) y la Revolución Mexicana (1910-1920). Tal y como formuló el propio AMLO, la 4T completaría de forma ordenada y pacífica los procesos reformistas llevados a cabo por las transformaciones anteriores. Los cambios prometidos daban prioridad a la lucha contra la corrupción, al fortalecimiento de la democracia mediante consultas populares, a la libertad de expresión y de culto, a la revisión constitucional, a la soberanía energética y a la mejora de las condiciones de vida de las clases populares en materia de salarios, derechos sociales —con especial atención a la salud y la educación públicas— y pensiones.

Se trataba de un programa socialdemócrata al que tanto aliados como adversarios tildaron de izquierdista, de centroizquierda o de populista. La verdad es que, cuando dejó la presidencia en 2024, AMLO dejó un país mejor que el que había encontrado en 2018. El éxito de su política se refleja en el protagonismo político de MORENA, el partido —que en sus inicios fue un movimiento— que siempre le apoyó. Fue también ese éxito, combinado con el mérito propio de la candidata, lo que hizo posible la elección de Claudia Sheinbaum, su sucesora y continuadora de la 4T.

De ello se deduce que el gobierno progresista de AMLO floreció, con dificultades y ambigüedades ineludibles, durante el período en que el imperialismo estadounidense volvió a prestar atención prioritaria a su propio patio trasero. Desde el punto de vista del imperio, la estrategia de injerencia de la primera fase no había tenido pleno éxito.

Colombia

Colombia fue el otro país importante del subcontinente ausente de la ola progresista de la primera década del milenio. Al igual que México, es un país enorme, riquísimo en recursos naturales, en biodiversidad y en diversidad cultural. Un país que, salvo en un breve período (1953-1957), siempre ha estado gobernado por un régimen democrático, pero en el que, al igual que en México, la violencia común y política siempre ha dominado la vida de la ciudadanía. De hecho, la violencia política organizada alcanzó en Colombia una intensidad mucho mayor que en México, lo que se tradujo en la aparición de las guerrillas de gran dimensión que han condicionado la vida política y, sobre todo, la vida de las comunidades rurales desde finales de la década de 1950 hasta hoy, a pesar de los sucesivos procesos de paz, el último de los cuales tuvo lugar en 2016. En las últimas décadas, a la violencia de la guerrilla se ha sumado, aparentemente para combatirla, la violencia de los paramilitares, grupos privados de extrema derecha que se autodenominan «grupos de autodefensa». Colombia es uno de los países más injustos del continente, donde el 1 % de los más ricos controla el 40 % de la riqueza nacional.

Colombia ha sido tradicionalmente el aliado más fiel de EE.UU. en el continente. Por esta razón, y por el volumen de ayuda financiera y militar, llegó a considerarse el «Israel de América Latina». Cuando, en junio de 2021, la Asamblea General de la ONU votó una resolución que exigía el fin del bloqueo económico de EE.UU. contra Cuba, Colombia no votó a favor. Se abstuvo junto a Brasil de Jair Bolsonaro.

En el año 2000, Colombia firmó con EE.UU. un ambicioso acuerdo bilateral militar y diplomático, el Plan Colombia. El plan inyectó miles de millones de dólares para modernizar las Fuerzas Armadas colombianas, combatir los cárteles de la droga y debilitar a los grupos insurgentes. Hasta 2015, se habrán invertido diez mil millones de dólares en las Fuerzas Armadas colombianas sin que se haya alcanzado ninguno de los objetivos, salvo el refuerzo de la capacidad represiva de dichas Fuerzas Armadas, orientada a combatir a enemigos internos y no a enemigos externos, como era su vocación inicial. Además, se recurrió a medidas muy problemáticas desde el punto de vista de la salud humana y el medio ambiente, sobre todo la fumigación de las plantaciones con herbicidas prohibidos en muchos países, entre ellos el glifosato.

El objetivo de desarrollo social anunciado en el Plan Colombia no se materializó en absoluto. Por el contrario, el país se volvió más desigual, aumentaron el malestar social, la precariedad y la falta de oportunidades, y se agravó el desempleo juvenil. En abril de 2021 estalló la revuelta popular en los barrios periféricos de Cali, con una enorme participación juvenil. A pesar de la fuerte represión policial y militar, la revuelta se mantuvo durante meses y ocupó calles y plazas. Esto dio lugar a nuevas formas de movilización y de participación intergeneracional, como las cocinas comunitarias —en las que las cocineras eran, en su mayoría, las madres de los jóvenes manifestantes— y a “ecologías de saberes”, como las clases que impartieron profesores universitarios identificados con la lucha en una universidad popular creada para debatir temas de interés para los revueltos. Fue la Comuna de Cali, que aún hoy se manifiesta, entre otras cosas, en la magnífica escultura colectiva de diez metros de altura titulada «Resiste».

Este movimiento animó otras resistencias en otras ciudades del país y la acumulación de fuerzas se materializó en 2022 con la elección del primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia, Gustavo Petro. Petro asumió el compromiso de luchar por la «paz total», mejorar las condiciones de vida de las clases populares y defender la soberanía y la autodeterminación del país, sobre todo en la gestión de sus inmensos recursos naturales. Desde el principio dejó claro lo que su mandato acabaría confirmando: fue el jefe de Estado que, en el mundo contemporáneo, articuló de forma más elocuente la conciencia ecológica que debe guiar a las próximas generaciones. Los discursos que pronunció en las Naciones Unidas y en otros encuentros internacionales pasarán a la historia del movimiento ecologista.

La Colombia de Petro fue un caso más en el que el imperialismo estadounidense se vio obligado a concluir que las estrategias blandas de la primera fase habían fracasado o habían agotado su utilidad.

SEGUNDA PARTE: HOY – 2026

Nuevas injerencias: cristianismo político e Israel

La segunda fase se caracteriza por una injerencia imperial más intensa contra las instituciones democráticas de los países blancos, combinando manipulaciones institucionales y acciones extrainstitucionales, violentas o no, que implican graves violaciones del derecho internacional.

También se caracteriza por dos nuevas líneas de injerencia: el cristianismo político y la participación cada vez más invasiva de Israel. De ahí la denominación de «guerra híbrida». La magnitud de la injerencia reaccionaria aumenta exponencialmente en esta fase; sus instrumentos son tan sofisticados que reducen la soberanía de los países a juguetes de niños o a chistes de bar, y el número de países implicados no deja de crecer. Se está llevando a cabo un vasto proceso de recolonización cuya forma política es el fascismo global. Se está gestando una Internacional de extrema derecha cuyos objetivos principales son los países de América Latina y Europa.

Dado el carácter secreto de lo que se está planeando, solo podemos identificar las tácticas y estrategias de manera indirecta, a través de su aplicación concreta en el terreno de las operaciones de contrainsurgencia. Es muy posible que su alcance sea mucho mayor de lo que se puede detectar en las injerencias conocidas. Ya a principios de 2026, tres casos merecen una mención especial: Venezuela, Honduras y Colombia. El hecho de que en tan poco tiempo hayamos sido testigos de tres intervenciones tan diversas, aunque igualmente intensas, revela un plan de intervención muy ambicioso. En este gran laboratorio, el departamento de opresión está trabajando a toda máquina.

Venezuela

Lo ocurrido en Venezuela desde enero de 2026 no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina. La injerencia imperial en la política interna venezolana viene de lejos y se ha intensificado mucho desde que Hugo Chávez inició la revolución bolivariana a principios del milenio. A pesar del firme discurso antiimperialista de Chávez, las relaciones comerciales con EE.UU. continuaron, sobre todo en el sector petrolero. Con personalidad carismática, Chávez manifestó desde el principio su intención de ejercer la soberanía total sobre los recursos naturales del país, con el fin de utilizar los ingresos generados para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que hasta entonces no se habían beneficiado de la inmensa riqueza nacional. Se crearon amplios programas de redistribución social, entre los que destacarían las misiones, intervenciones en ámbitos como la sanidad, la educación y las infraestructuras, organizadas al margen de las normas burocráticas de la intervención estatal. Así surgió una forma de Estado paralelo que granjeó una inmensa popularidad a Chávez y, al mismo tiempo, exacerbó la oposición interna de las clases sociales que hasta entonces se habían beneficiado, directa o indirectamente, de los ingresos petroleros generados y distribuidos por el «Estado Mágico», según la denominación del gran científico social venezolano Fernando Coronil. En textos anteriores analicé, con solidaridad y espíritu crítico, el proceso bolivariano, liderado por Chávez hasta su prematura muerte en 2013 y posteriormente por su sucesor, el antiguo vicepresidente Nicolás Maduro.

En este texto me limito a señalar que la política regional e internacional de Chávez y Maduro traspasó varias líneas rojas del imperialismo estadounidense. Una solidaridad concreta y sin precedentes con Cuba. Una política regional que promovía la organización de los países del subcontinente al margen de la tutela de EE.UU. Relaciones políticas y comerciales privilegiadas con China, Rusia e Irán. Una política de gestión del petróleo que podría llegar a amenazar la posición del dólar como moneda de reserva mundial.

La respuesta imperial no se hizo esperar.

Desde el principio incluyó los instrumentos de injerencia hoy generalizados: golpe de Estado, intentos de asesinato, embargos, sanciones, confiscación de reservas depositadas en el extranjero, deslegitimación del presidente electo y promoción internacional de un presidente títere, farsa en la que la Unión Europea participó alegremente. Como nada de esto surtió efecto, el componente militar de la injerencia se fue intensificando, con el bombardeo de pequeñas embarcaciones en aguas territoriales venezolanas con el pretexto de que transportaban droga. Así surgió la caracterización del Estado bolivariano como Estado narcoterrorista. Fue la primera gran ampliación del concepto de terrorismo, a la que seguirían otras, como veremos.

El 3 de enero, fuerzas especiales de EE.UU. capturaron durante la noche al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, mataron a más de dos docenas de militares de la guardia presidencial, en su mayoría cubanos, y se llevaron a la pareja a EE.UU. para que Maduro responda ante la justicia estadounidense por supuestos vínculos con el tráfico de drogas. También neutralizaron todo el sistema de defensa antiaérea. Rápidamente se restableció la «normalidad» y la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia de la República.

Poco después se supo que la gestión de la producción y el comercio del petróleo había pasado a manos de empresas estadounidenses y que los ingresos petroleros, en lugar de ingresar en el Tesoro venezolano, lo harían en el Tesoro de EE.UU., desde donde se distribuirían a Venezuela según criterios definidos por las autoridades estadounidenses, es decir, por el secretario de Estado Marco Rubio. En pocas semanas, la Venezuela antiimperialista de la Revolución Bolivariana quedó reducida a la condición de protectorado estadounidense, gestionado por el virrey Marco Rubio.

Sorprende que esta violación sin precedentes de la integridad de un país soberano no haya provocado reacción alguna en el llamado mundo occidental, ni siquiera en América Latina, donde las críticas no fueron más allá de vagas declaraciones de protesta.

De la ONU mejor no hablar, para no echarse a llorar. Ha desaparecido, se encuentra en paradero desconocido y las búsquedas para rescatarla se están suspendiendo, dada la escasa esperanza de encontrarla con vida.

La intensidad de la injerencia imperial en la segunda fase es, por tanto, cualitativamente superior a la de la primera. Es difícil determinar hasta dónde llegará. Las señales son inquietantes. Más inquietante aún es el hecho de que la influencia israelí en la intervención sea cada vez más visible. Pongo tres ejemplos, que valen lo que valen y de los que no pretendo sacar conclusiones definitivas.

Como las tragedias nunca vienen solas, dos violentos terremotos sacudieron Venezuela el pasado 24 de julio. Varios países ofrecieron ayuda humanitaria y es comprensible que Venezuela no haya podido elegir entre ellos. No deja de ser curioso, sin embargo, la visibilidad que se le dio a la ayuda de los militares israelíes. Las fuerzas militares responsables de la muerte de miles de niños palestinos en Gaza mostraban ahora todo su celo por salvar de entre los escombros a niños venezolanos. Sin restar mérito a la ayuda prestada, aquello parecía una operación de blanqueo de imagen o, sencillamente, un subrayado de la «banalidad del mal» cometido en Gaza. No pude evitar recordar que Heinrich Himmler, el jefe nazi responsable de la muerte de muchos miles de judíos, entraba en casa por la puerta trasera para no despertar al canario.

El segundo ejemplo tiene que ver con la Corte Penal Internacional (CPI). Es sabido que Israel, con la complicidad de EE.UU., libra una lucha encarnizada contra la Corte desde que esta solicitó una orden de detención contra líderes israelíes, con Netanyahu a la cabeza. El 24 de julio, Venezuela anunció su salida «firme e irrevocable» de la CPI. Sea cual sea nuestra valoración de la CPI a lo largo de su existencia —y la mía es bastante crítica—, el momento y las circunstancias de la decisión venezolana no apuntan a una mera coincidencia. Cabe señalar que Chávez criticaba a la CPI por ser un «brazo del imperio estadounidense». No resulta creíble que esas sean las razones que subyacen a la decisión del Gobierno venezolano en este momento.

Por último, la composición de la delegación de congresistas estadounidenses que visitó Venezuela a finales de julio dice mucho de lo que se avecina. Dos de ellos, Brian Mast y Randy Fine, están estrechamente vinculados al lobby israelí en EE.UU., el AIPAC. Una congresista, Kat Cammack, está especializada en seguridad interior, fronteras y defensa. Otro congresista, Jonathan Jackson, hijo de Jesse Jackson, aboga por el fin de las sanciones a Venezuela y del bloqueo de las reservas internacionales del país. El factor Israel, con inversiones y participación en la defensa de los minerales raros, y la reformulación del Escudo de las Américas, proyecto de Trump, con la posible participación de Venezuela, parecen ser los temas que se debatirán en un futuro próximo.

Honduras

Como mencioné anteriormente, Honduras fue el primer país en sufrir el regreso del golpismo imperial al subcontinente, en 2009. En abril de 2026 se hicieron públicos unos archivos de audio con intercambios de mensajes entre el actual presidente, Nasry Asfura, y el expresidente Juan Orlando Hernández, encarcelado en EE.UU., condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico e indultado por el presidente Trump en 2025. Ambos políticos pertenecen al mismo partido conservador y los mensajes revelaban las condiciones del regreso del expresidente al país, en el marco de un plan internacional liderado por EE.UU., Israel y Argentina para desestabilizar a los gobiernos progresistas del subcontinente, sobre todo en Colombia, con Gustavo Petro, y en México, con Claudia Sheinbaum. El plan incluía el uso de las iglesias evangélicas para la manipulación ideológica, nuevas bases militares, inversiones estadounidenses y la creación de zonas económicas especiales; ya conocemos la ciudad privada de Próspera, en la isla de Roatán, financiada por Peter Thiel, de Palantir. También preveía una unidad de periodismo digital para difundir noticias falsas destinadas a desestabilizar a los gobiernos progresistas y un marco jurídico que favoreciera a las empresas de inteligencia artificial de EE.UU. e Israel.

Nuevas grabaciones de audio, publicadas el 26 de julio por el Diario Red¹, en un artículo de Valeria Duarte Galleguillos, revelaban proyectos para «recuperar las instituciones», como el Tribunal Supremo y la cúpula del Ministerio Público. Pero lo más inquietante de las nuevas filtraciones, de confirmarse, es un amplio plan de espionaje y cibervigilancia a cargo de empresas israelíes, en colaboración con los operadores de telefonía Claro y Tigo, que tiene como objetivo a políticos, activistas de derechos humanos y ciudadanos de a pie.

Los israelíes afirmaron que, siempre que las personas se comuniquen dentro de Honduras con números que se encuentren en el territorio de Honduras, es posible obtener cierta información, como con quién se comunican y otros datos. El software del que disponen se limita exclusivamente a la colaboración de Tigo y Claro.

(Nota de voz de Nasry Asfura—audio 168—)

Al parecer, nada de esto es nuevo, ya que durante la presidencia de Hernández se detectó la interceptación de llamadas telefónicas, sin dejar rastro para el usuario, mediante el uso de las tecnologías Palantir, de Peter Thiel, y Pegasus, el programa del grupo israelí NSO, que tampoco es nuevo en el subcontinente. En 2011, México fue el primer comprador mundial de Pegasus, aun bajo la presidencia de Felipe Calderón, y con él habrá vigilado cibernéticamente, ya bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, a 15 000 personas, entre las que se encontraban periodistas, activistas contra la corrupción y abogados de víctimas². Lo mismo habría ocurrido en Colombia bajo la presidencia de Iván Duque.

Al espionaje se suma la industria de la desinformación.

El 2 de agosto de 2026, el Times of Israel informó de que Facebook había prohibido decenas de cuentas, páginas y grupos, muchos de ellos vinculados al Archimedes Group, de Israel, por:

Comportamiento “inauténtico coordinado”, con actividad en el África subsahariana, en América Latina y en el sudeste asiático, y con el objetivo de modificar la realidad según los intereses del cliente³. Su actuación se basa siempre en la misma combinación: capacidad técnica para vigilar —lo que presupone una legislación que permita eliminar el anonimato en las redes sociales y en los teléfonos— e instrumentos para fabricar ‘hechos’ y relatos.

El uso masivo del espionaje, combinado con la desinformación, parece ser uno de los instrumentos preferidos de esta segunda fase de injerencia en países soberanos con gobiernos progresistas.

Colombia

Colombia es el tercer ejemplo de las operaciones de injerencia y desestabilización de gobiernos progresistas que caracterizan la segunda fase.

Las elecciones del pasado mes de mayo dieron la victoria al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, abogado de narcotraficantes y de grupos armados paramilitares —las autodefensas—, con doble nacionalidad colombiana y estadounidense y residente en Miami. La candidatura, apoyada activamente por Donald Trump, sustituyó la plaza pública por las plataformas digitales. No solo contó con una mayor financiación. Se basó en gran medida en la desinformación y la manipulación de los votantes.

Según el periodista Lucas Ospina, en La Silla Vacía, la mayor parte de la operación se desarrolló en servidores informáticos y en grupos de WhatsApp organizados por niveles de «destinatarios», con vídeos generados algorítmicamente que se adaptaban al perfil del votante. Al uribista convencido, el candidato se le presentaba con la imagen del «Tigre» aplastando a los guerrilleros. Al evangélico, aparecía rodeado de pastores. Al joven indignado con Gustavo Petro, el presidente de izquierdas, el meme transformaba a De la Espriella en un felino omnipotente que saltaba sobre las ruinas del palacio petrista. A la madre soltera y cabeza de familia, el vídeo se lo mostraba como un marido proveedor «bíblico». Al votante de la nueva clase media que sueña con el orden, se le presentaba el vídeo épico con música de superhéroes, en el que el candidato de mano dura llega a la región devastada por la violencia para capturar al malhechor y traer prosperidad.

Cito este artículo con cierto detalle porque ilustra las estrategias de manipulación y desinformación que se utilizan hoy en día en todo el mundo. Resistirse a ellas supone conocerlas:

Un estudio del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Católica de Colombia identificó que la campaña electoral de De la Espriella fue la que dominó de forma más contundente el espacio virtual, al presentar «los problemas sociales como amenazas urgentes», creando “la necesidad de respuestas inmediatas” y reforzando “su mensaje de autoridad”.

La plataforma de la campaña electoral de De la Espriella se denominó “defensoresdelapatria.com” y funcionó siguiendo la misma lógica piramidal que gruposrodolfistas.com, el candidato de la derecha en 2022: enlaces de referencia personalizados, código QR propio, panel de puntos y un «kit de batalla» para descargar. La campaña llegó incluso a lanzar un concurso que prometía viajes al Mundial de fútbol de 2026 al militante que reuniera más contactos. Un modelo multinivel al estilo de Herbalife con bandera tricolor y camiseta.

Pero el gasto declarado es solo la cara visible. Una investigación del blog Hyperconectado documentó una campaña activa en Google Ads, con 600 anuncios simultáneos en la red de display, visibles en cualquier sitio web con monetización en Colombia, que redirige a los usuarios a un formulario de recopilación de datos personales: nombre completo, edad, correo electrónico, número de WhatsApp, departamento y ciudad. El anunciante registrado en Google se identifica como «Luisa Portela», sin identidad verificada. El financiador declarado del gasto publicitario es otra persona, “Juan Esteban Méndez”, cuya identidad tampoco está verificada. El formulario no incluía ninguna política de privacidad ni mecanismo de autorización, lo que infringe la Ley n.º 1581 de 2012, sobre protección de datos, y la Circular Externa n.º 002 de 2026 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Todo se presenta astutamente como una «iniciativa ciudadana».

Hoy en día, alguien dispone de una base de datos con los números de WhatsApp y la geolocalización de miles de colombianos que hicieron clic en un anuncio de Google. Se desconoce quién la gestiona ni con quién se comparte. Pero su valor operativo es evidente: una lista segmentada por departamento y ciudad es exactamente el activo que completa el circuito de la red multinivel, su red de contactos, nivel de consumo, educación y ubicación. Es la diferencia entre disparar con una ametralladora y disparar con un francotirador, en palabras del operador digital Lester Toledo, que colaboró para llevar a Bukele a la presidencia de El Salvador, cuando reduce a cualquier ser humano al algoritmo electoral: “Un ciudadano es alguien con un móvil”⁴.

Otro factor nuevo de la segunda fase de injerencia es la religión política. Los mercaderes de la fe sacan provecho de las creencias religiosas de las poblaciones desfavorecidas para ofrecerles una supuesta satisfacción que no modifica en absoluto el statu quo de la desigualdad y la precariedad social. Se trata de un factor nuevo por la intensidad con la que se utiliza ahora, ya que se viene empleando desde el informe Rockefeller de 1969, ante el fracaso de la Alianza para el Progreso a la hora de contener el impulso progresista que la Revolución Cubana había inyectado en las clases populares. Poco después, los pastores evangélicos invadieron el subcontinente, sobre todo pentecostales y neopentecostales. Sus iglesias y sus emisoras de radio, bien financiadas, fueron convirtiendo poco a poco a la religión católica progresista que entonces predominaba —la de las comunidades eclesiales de base, basada en la Teología de la Liberación— en agente del «ateísmo satánico del comunismo».

La primera señal del poder que tenían llegó desde Guatemala, cuando el general Efraín Ríos Montt, miembro de la iglesia neopentecostal El Verbo, llegó al poder mediante un golpe de Estado y con el apoyo de Ronald Reagan. Casi cuarenta años después, en 2019, Jeanine Áñez asumió el poder tras el golpe de Estado contra Evo Morales y contra el Estado plurinacional de Bolivia, empuñando la Biblia y proclamando que «la Biblia vuelve al Palacio».

La victoria de De la Espriella en Colombia no se explica sin este factor religioso⁵. En el Diario Red del 29 de junio de 2026 se puede leer un análisis detallado del peso del fenómeno religioso, con el ejemplo de una de las regiones del país:

El verdadero salto cuántico en las urnas se produjo a través de la Asociación de Pastores de Bucaramanga y Santander y de la red de megaiglesias aliadas, que llegó a extenderse por todo el país. El bloque confesional lanzó una campaña silenciosa, pero feroz, de educación electoral desde los púlpitos. A diferencia del voto de opinión, que varía en función de los debates o los escándalos de la semana, el voto confesional articulado responde a directrices de preservación de la identidad. Fuentes cercanas a las uniones pastorales de la región confirman que el discurso difundido en las semanas previas al 31 de mayo equiparaba la propuesta de De la Espriella a la «defensa de la familia y las libertades frente a la agenda progresista». Esta red sectorial proporcionó una base electoral inquebrantable de más de 35.000 votos altamente movilizados en el área metropolitana de Bucaramanga y sirvió para dinamizar y velar por los votos en las mesas electorales el día de las elecciones.

Colombia es el primer país latinoamericano de gran tamaño en el que se aplica con mayor intensidad la ingeniería más sofisticada de manipulación y desinformación de la opinión pública, combinada con la politización conservadora del cristianismo. Los tres pilares políticos de la injerencia son el imperialismo de EE.UU., el sionismo de Israel y el cristianismo político. Todo lleva a creer que los próximos países objetivo serán Brasil y México. Si esta ingeniería tiene pleno éxito, se cerrará, por ahora, el ciclo de políticas progresistas en el subcontinente. Dos siglos después de su primera proclamación, la Doctrina Monroe alcanza su máxima realización.

La intensidad de la manipulación y la desinformación hace que, en muchos casos, el debate sobre la existencia o no de fraude electoral pierda sentido. El fraude no se comete en el recuento de votos. Se comete antes, cuando se desinforma libre y masivamente a la opinión pública. La famosa frase, tal vez inspirada en Umberto Eco y Pier Paolo Pasolini, cobra todo su sentido: “Se vota a un verdadero fascista pensando que es falso, por miedo a un comunismo falso que se cree que es verdadero”.

Conclusión

Algunos científicos sociales latinoamericanos de izquierdas, cuyos nombres no menciono para no avergonzarlos, han criticado duramente durante años a los países y gobiernos progresistas que, desde hace más de una década, son objeto de un ataque imperial cada vez más sofisticado. Para sintetizar las críticas, inventaron el concepto de «progresismo», con el que caracterizaban de forma despectiva a esos gobiernos. De forma implícita y, a veces, explícita, defendían que dichos gobiernos no eran de izquierdas. La extrema derecha de estos últimos años se ha aprovechado de la deslegitimación procedente de los propios «aliados» para profundizar en la desestabilización. Como tantas veces en el pasado, esos científicos sociales fueron los «idiotas útiles» de estrategias que los trascendían. ¿Por qué será que una izquierda bienpensante se equivoca siempre más que una derecha que no piensa?

Estoy convencido de que el departamento de liberación del gran laboratorio latinoamericano no está completamente inactivo, pero por ahora solo se ven ruinas. Estoy seguro de que son ruinas-semillas, a la vez recuerdo de un pasado de lucha y resistencia y anuncio de un futuro de vida digna, para la vida humana y no humana.

Notas
¹ Diario Red.
² Espionaje de Pegasus.
³ Modificar la realidad según los intereses del cliente.
⁴ Un ciudadano es alguien con un móvil.
⁵ Colombia: voto religioso.

Por Boaventura De Sousa Santos* – Meer - *Ha escrito y publicado exhaustivamente en las áreas de sociología del derecho, sociología política, epistemología, estudios poscoloniales, movimientos sociales, globalización, democracia participativa, reforma del Estado y derechos humanos.