El negocio del sicariato se ha transformado de manera sustancial, abaratándose y terciarizándose hasta tal punto que varias empresas tecnológicas enfrentan actualmente juicios millonarios por permitir que individuos hayan ofrecido la comisión de este delito mediante sus plataformas.
En ese sentido, mientras América Latina mantiene el primer lugar de las regiones más violentas del mundo (según datos del Banco Interamericano de Desarrollo correspondientes al 2025, el continente registró 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, con casi la mitad de ellos siendo asesinatos a sueldo), este tipo de crimen se ha vuelto en los últimos años un mecanismo accesible, rápido y habitualmente impune para resolver disputas no solo políticas o vinculadas a la lucha por el control del terreno, sino también dramas personales.

Javier Oliva Posada, experto en seguridad e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, le dijo a Sputnik que la expansión territorial del sicariato en la región está estrechamente ligada a la diversificación geográfica del narcotráfico, con presencia creciente de grupos criminales en países como Ecuador, Perú, Argentina —cuyo epicentro, pese a la marcada baja de homicidios reciente, sigue siendo la ciudad de Rosario— y Costa Rica.
El aumento de los crímenes por encargo se explica también, agregó, por la amplia disponibilidad de armas (la mayoría proveniente de EEUU, especialmente en México, el Caribe y América Central) y la falta de oportunidades para los jóvenes en países cuyos mercados laborales siguen fuertemente precarizados e incapaces de absorber la mano de obra local.

"A través del reclutamiento de pandillas locales y sicarios independientes a bajo costo, los grupos criminales ejecutan vendettas, cobran extorsiones e intimidan a figuras públicas a lo largo de toda la región", dijo.

El analista añadió que jóvenes atraídos por la supuesta facilidad del encargo o el presunto glamour de la vida criminal son utilizados como gatilleros descartables, muchas veces disfrazándose como repartidores y utilizando motocicletas para huir rápidamente de la escena del ataque.

Esa tercerización de los homicidios hace todavía más difíciles las investigaciones sobre estos casos, ya que en la mayoría de los casos, los ejecutores llevan adelante los ataques sin saber quiénes son los autores intelectuales, solo habiendo conocido a intermediarios.

DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA A LA SOCIEDAD CIVIL

El crecimiento imparable de este fenómeno llevó a que el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Tres de Febrero (UNTREF), una de las academias públicas más prestigiosas de la provincia de Buenos Aires y Argentina, le dedicara una extensa jornada al tema en el mes de junio de este año, cuando expertos de varios países debatieron y expusieron sobre las distintas aristas de esta crisis regional.
Una de las principales conclusiones del evento provino de las mediciones dadas a conocer por el doctor en Sociología por la Universidad de California, Marcelo Bergman. Allí, el académico, que compartió un cuadro sobre el aumento de los crímenes por encargo en América Latina, señaló que mientras en el año 2012 Argentina tenía una tasa de condenas por homicidio del 7,2%, el porcentaje de sentencias por crímenes por encargo era de 1,26%.

Sin embargo, para el 2019, explicó Bergman, pese a que el índice de condenas de asesinatos había bajado al 5,1%, la cifra de sentencia por homicidios por encargo se había quintuplicado (6%).
"Históricamente, los países en los que había baja criminalidad tenían bajos números de ataques de sicarios. Los números de Argentina muestran que eso ya no es así", dijo Bergman, sugiriendo que esta práctica dejó hace mucho los confines de la delincuencia organizada para extenderse a la población general y volverse más frecuente.

¿NORMALIZACIÓN DEL HORROR O PEDAGOGÍA?

Una de las consecuencias de la exposición a este tipo de crímenes en la era de la internet y las redes sociales, señalaron los expertos, es que la violencia ya no produce el estallido ni la paralización institucional de antaño, debilitando la exigencia de respuestas de fondo por parte de la ciudadanía.

En ese sentido, Oliva Posada dijo que la viralización de las ejecuciones —o su visionado en tiempo real en plataformas de videos donde las víctimas hacían "vivos" mientras eran atacadas— produce efectos contrapuestos.

Por un lado, opina el analista, "vuelve cotidiana la violencia extrema reduciéndola a una suerte de contenido visual más. Por otro, estas imágenes dramáticas pueden cumplir una función de pedagogía ciudadana al mostrar las horroríficas consecuencias del crimen", señaló.
Así, el analista señaló que sería necesario poner en marcha, para buscar contrarrestar este fenómeno, una robusta campaña pública dirigida a los jóvenes para dejar claro que incorporarse al sicariato o al narcotráfico conduce esencialmente a la cárcel o a la muerte, no a una vida próspera o estable.