Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez atribuye lo ocurrido a las redes de tráfico de personas, que habrían aprovechado una reciente sentencia del Tribunal Supremo para generar un efecto llamada, el precedente de la crisis diplomática con Marruecos, el contexto geopolítico del Magreb y la relajación temporal de los controles fronterizos han reabierto una pregunta inevitable: ¿se trata únicamente de una crisis migratoria o también de un episodio de presión política?
Cuando el mar deja de ser una frontera. Decenas de jóvenes lanzándose al agua, familias avanzando por el espigón del Tarajal, equipos de rescate tratando de auxiliar a quienes luchaban contra las corrientes y una ciudad de apenas 85.000 habitantes intentando absorber, en cuestión de horas, la llegada de unas 50.000 personas, más de la mitad de su población.
Son imágenes que recuerdan a mayo de 2021, aunque esta vez con mayor magnitud. En las playas de Ceuta, la frontera entre Europa y África volvió a convertirse en una línea difusa donde la emergencia humanitaria, la seguridad y la diplomacia se entrelazaron de nuevo.
Mientras la Guardia Civil y los servicios de emergencia desplegaban un dispositivo sin precedentes y el Gobierno ordenaba reforzar la presencia militar en la ciudad autónoma, una pregunta comenzó a abrirse paso casi de inmediato: ¿qué provocó la avalancha migratoria de semejante magnitud?
La respuesta, por ahora, no es sencilla. Existen hechos acreditados, explicaciones oficiales, antecedentes que inevitablemente condicionan la interpretación de lo sucedido e hipótesis que, aunque plausibles, todavía carecen de confirmación pública. Precisamente por esa combinación de factores, la crisis de Ceuta trasciende el fenómeno migratorio y obliga a observar también el tablero geopolítico del Magreb.
La posición del Gobierno nacional ha sido unánime desde el inicio de la crisis. Tanto el Ministerio del Interior como el presidente Pedro Sánchez sostienen que detrás de la entrada masiva se encuentran las redes de tráfico de personas, que habrían aprovechado una reciente sentencia del Tribunal Supremo para difundir la idea de que quienes alcanzaran Ceuta a nado no podrían ser devueltos inmediatamente a Marruecos.
El origen de esa interpretación se encuentra en la sentencia dictada el 8 de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El fallo establece que las personas interceptadas cuando acceden a Ceuta o Melilla por vía marítima no pueden ser sometidas al procedimiento de rechazo en frontera, conocido como las devoluciones “en caliente”, previsto para quienes cruzan las vallas fronterizas, ya que la legislación vigente limita ese mecanismo a quienes superan los elementos físicos de contención instalados en la frontera terrestre.
Sin embargo, el Supremo no impide las devoluciones a Marruecos ni reconoce un derecho automático a permanecer en España. Lo que exige es que, al tratarse de una entrada por mar, cada caso sea tramitado mediante el procedimiento ordinario de devolución, garantizando asistencia letrada, intérprete y un examen individualizado de las circunstancias de cada persona, conforme a la legislación española y al derecho internacional.
Ese matiz jurídico resulta esencial, ya que la tesis del Gobierno descansa precisamente sobre la idea de que las mafias habrían convertido una garantía procesal en un mensaje engañoso. Según el Palacio de la Moncloa, la falsa creencia de que bastaba con alcanzar Ceuta por mar para evitar la expulsión inmediata se propagó con rapidez a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, desencadenando un potente efecto llamada.
La profesora de Ciencia Política Ruth Ferrero, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) declaró a la cadena pública de España RTVE que la sentencia está siendo interpretada de forma incorrecta. Recordó que el fallo no supone una "barra libre" para la inmigración irregular ni elimina la posibilidad de repatriar a quienes no reúnan los requisitos legales para permanecer en España.
La gran pregunta que sobrevuela la crisis de Ceuta es si la llegada masiva de miles de personas responde únicamente al efecto llamada generado por las mafias o si, además, existe una decisión política de Marruecos de utilizar la presión migratoria como herramienta diplomática frente a España.
Por el momento, ninguna de las dos capitales sostiene oficialmente esa tesis. Madrid ha evitado responsabilizar directamente a Rabat y, por el contrario, ha insistido en la buena sintonía entre ambos gobiernos. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha subrayado que la cooperación migratoria continúa siendo "intensa", mientras que Marruecos confirmó haber alcanzado un pacto con España para facilitar el retorno de quienes entraron irregularmente en Ceuta.
Sin embargo, el precedente de 2021, cuando Marruecos permitió el paso de alrededor de 9.000 migrantes de forma masiva e irregular en represalia a la decisión de España de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital, dificulta separar completamente la dimensión migratoria de la política exterior. El Gobierno de Pedro Sánchez lo defendió como una cuestión humanitaria, pero Rabat lo tildó de “inaceptable”, al tratarse del dirigente del grupo que exige la independencia del Sáhara Occidental, territorio reclamado por Marruecos.
La pregunta ahora es qué habría motivado a Marruecos, si lo hizo, para impulsar la actual crisis migratoria. Si bien ningún gobierno se ha pronunciado ante esa posibilidad, sí se cuestiona por qué no había vigilancia del lado marroquí que evitara la reciente avalancha de personas que cruzaron hacia España.
Aunque posteriormente Rabat reforzó los controles y ha empezado a colaborar en las repatriaciones, durante varias horas miles de personas pudieron aproximarse a la frontera prácticamente sin encontrar la habitual presencia policial.
El Gobierno español, sin embargo, ha optado por no alimentar públicamente esa interpretación. La prioridad de Moncloa ha sido contener la crisis y preservar una relación estratégica con Marruecos, un socio esencial para el control migratorio, la cooperación policial, la lucha antiterrorista y el comercio.
Uno de los elementos que más ha alimentado las sospechas sobre una posible dimensión política de la crisis ha sido el artículo publicado por ‘Le360.ma’, considerado uno de los medios más próximos al entorno del Palacio Real marroquí.
El texto, firmado por el periodista Tarik Qattab bajo el título ‘Las razones del caos migratorio en Castillejos y Ceuta y por qué el estatus de las ciudades ocupadas se está convirtiendo en una emergencia,’ va mucho más allá de describir los acontecimientos.
El artículo insiste en que Ceuta y Melilla constituyen "ciudades ocupadas", una terminología habitual en parte de la prensa y del discurso político marroquí, pero introduce además un mensaje especialmente significativo: sostiene que la "recuperación" de ambas ciudades por Marruecos es un desenlace "inevitable" y que la verdadera cuestión ya no es si eso ocurrirá, sino cuánto tiempo tardará.
El texto presenta a Ceuta y Melilla como una "anomalía geográfica" en territorio africano y cuestiona la permanencia de la soberanía española sobre ambas ciudades. Aunque no constituye una posición oficial del Gobierno marroquí, su publicación en un medio estrechamente vinculado al entorno del Majzén —como suele denominarse al núcleo del poder político marroquí— ha sido interpretada por diversos analistas como un indicio del clima político existente en Rabat.
Sin embargo, que un medio cercano a la Corona publique ese tipo de argumentos no demuestra que el Gobierno marroquí haya provocado deliberadamente la crisis migratoria. Sí revela, en cambio, que determinados sectores del establishment marroquí continúan considerando Ceuta y Melilla asuntos pendientes de la agenda bilateral.
El debate reaparece debido a que la cuestión de Ceuta y Melilla nunca ha desaparecido completamente de la política de Rabat. Desde su independencia en 1956, Marruecos ha sostenido que ambas ciudades forman parte de su integridad territorial. A diferencia del Sáhara Occidental, Rabat no ha intentado modificar esa situación mediante el uso de la fuerza, pero sucesivos dirigentes del país africano han reiterado que el asunto deberá abordarse en algún momento.
Durante décadas, Marruecos ha combinado la presión diplomática con instrumentos económicos, comerciales y migratorios, evitando al mismo tiempo una confrontación directa con España.
Bajo ese panorama, la gestión de los flujos migratorios constituye uno de los principales activos de Marruecos en su relación con la Unión Europea. La externalización del control migratorio ha otorgado a Rabat una posición estratégica que le proporciona una notable capacidad de influencia sobre sus socios europeos.
Una situación que no surge únicamente de una decisión marroquí, sino también de una política europea que ha delegado buena parte del control de las fronteras exteriores en terceros países.
Otro de los elementos que ha centrado los interrogantes de los motivos detrás de la nueva crisis migratoria es la reciente visita oficial de Pedro Sánchez a Argelia. El viaje supuso la escenificación del restablecimiento de las relaciones bilaterales tras varios años de distanciamiento provocados por el cambio de posición español respecto al Sáhara Occidental.
Durante la visita, ambos gobiernos anunciaron una nueva etapa de cooperación política, económica y energética, especialmente relevante en un contexto internacional marcado por la incertidumbre sobre el suministro de gas.
La coincidencia lleva a preguntarse si ese acercamiento pudo generar incomodidad en Rabat. Y es que los vínculos o mejoras de las relaciones entre Madrid y Argel o Rabat suelen verse con recelo en alguno de esos dos países africanos.
La rivalidad entre ambos países magrebíes gira principalmente en torno al conflicto del Sáhara Occidental. Mientras Marruecos considera ese territorio parte inseparable de su soberanía nacional, Argelia apoya al Frente Polisario y defiende el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. España, por su parte, intenta mantener relaciones estables con ambos, pero cualquier movimiento diplomático suele ser interpretado desde uno u otro lado en clave de equilibrio regional.
Aun así, ninguno de los gobiernos implicados ha vinculado oficialmente la visita de Sánchez a Argelia con los acontecimientos de Ceuta.
Reducir la actual crisis migratoria a una única explicación sería simplificar en exceso un fenómeno extraordinariamente complejo. Los hechos acreditados permiten afirmar que existió una combinación de factores: la difusión de información falsa sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo; la actuación de redes de tráfico de personas; la utilización masiva de redes sociales para amplificar ese mensaje; y unas condiciones económicas y sociales que continúan empujando a miles de jóvenes marroquíes a buscar oportunidades al otro lado del estrecho.
A ello se suma un elemento que permanece abierto: el comportamiento de las autoridades marroquíes durante las primeras horas de la crisis. El precedente de 2021 demuestra que Marruecos ha utilizado anteriormente la gestión de los flujos migratorios como instrumento de presión diplomática. Sin embargo, a diferencia de entonces —cuando existía un detonante político explícito relacionado con la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali—, en la crisis actual no se han presentado pruebas públicas que permitan afirmar que Rabat haya actuado deliberadamente con el mismo propósito.
Precisamente por ello, el debate continúa abierto. Mientras el Gobierno español centra su explicación en las mafias y evita cualquier confrontación diplomática con Marruecos, diversos analistas consideran legítimo plantear interrogantes sobre el contexto geopolítico que rodea la crisis. La coincidencia con el acercamiento de España a Argelia, las tradicionales reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, el no reconocimiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y el precedente de 2021 alimentan esos interrogantes.
Por ahora, sin embargo, las evidencias disponibles permiten hablar de indicios, antecedentes y coincidencias, pero no de una demostración concluyente de que Marruecos haya promovido la actual avalancha migratoria como instrumento de presión política.
Ese matiz resulta esencial. En una crisis donde confluyen la migración irregular, la seguridad fronteriza y la geopolítica del Magreb, distinguir entre los hechos comprobados y las hipótesis sigue siendo el principal requisito para comprender qué hay realmente detrás de la mayor presión migratoria sobre Ceuta desde 2021.
FRANCE24 CON MEDIOS LOCALES
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