El Informe Global es el primer intento de evaluar hasta qué punto los gobiernos han avanzado en el cumplimiento de los objetivos que acordaron hace casi cuatro años en el Marco Mundial para la Biodiversidad. Ningún objetivo muestra una trayectoria totalmente positiva.
Los compromisos nacionales elevarían la superficie de tierras y aguas protegidas hasta aproximadamente 23 % para 2030, por debajo del objetivo de 30 %. Por su parte, la financiación destinada a la biodiversidad (186 000 millones de dólares movilizados entre 2020 y 2023) sigue estando muy por debajo del objetivo anual de 200 000 millones de dólares fijado para 2030.
“Se han logrado avances, pero no vamos por buen camino para alcanzar los objetivos”, declaró Cristina Eghenter, experta en políticas de gobernanza global del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Señaló que los problemas fundamentales son la falta de capacidad de ejecución y la escasa ambición a nivel nacional.
Estas conclusiones llegan en un momento crucial.
En octubre, los negociadores se reunirán en Ereván, la capital de Armenia, en la 17 Conferencia de las Partes (COP17), la cumbre de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, con el objetivo de convertir este diagnóstico en un cambio de rumbo.
“La COP17 debe considerarse una conferencia sobre la aplicación”, afirmó Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Armenia ya ha señalado dónde quiere que se centre la atención. “Actuar por la naturaleza” es el lema de la conferencia.
El Marco Mundial para la Diversidad Biológica se adoptó en la COP15 de 2022 como sucesor de las Metas de Aichi, que expiraron en 2020 sin haberse cumplido prácticamente en absoluto.
En conjunto, incluye 23 objetivos que deben alcanzarse para 2030 y cuatro metas menos específicas para 2050. El marco amplía la responsabilidad más allá de los gobiernos. Integra al sector privado, la sociedad civil y los pueblos indígenas en el proceso de consecución de los objetivos.
La magnitud del problema al que pretende hacer frente es abrumadora. La última evaluación exhaustiva, realizada en 2019, reveló que una cuarta parte de las especies evaluadas se encontraban en peligro de extinción, y que las especies estaban desapareciendo entre decenas y cientos de veces más rápido que la media histórica.
Las evaluaciones de seguimiento a menor escala realizadas desde entonces no han encontrado indicios de que el declive se esté desacelerando.
“Lo que se necesita es una transformación: cambiar los sistemas de gobernanza, conservación y económicos”, declaró Alejandra Duarte, responsable de políticas de Women4Biodiversity. “Eso no se está logrando al ritmo necesario para alcanzar la ambición de los objetivos para 2030 y 2050”, afirmó.
El Informe Global se basó en informes nacionales de 129 países, más de 3700 objetivos nacionales y aportes de empresas, oenegés y otros actores no estatales. Describe un impulso y un compromiso “sin precedentes” en torno al marco, pero constata que los avances “aún no se están produciendo al ritmo ni a la escala necesarios”.
La tendencia es similar en las 23 metas. Los objetivos tradicionales, más fáciles de cuantificar —áreas protegidas, conservación de especies, restauración de ecosistemas— acaparan la mayor atención a nivel nacional y reciben las evaluaciones más positivas.
Por el contrario, las metas relacionadas con la gobernanza, las subvenciones, la integración de la biodiversidad en otros sectores y la financiación son las que más se quedan atrás.
Una mariposa monarca en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, en el centro-sur de México. Imagen: Benny G / Flickr
“Algunas metas se están aplicando en mayor medida. Las más tradicionales, como el ‘30 por 30′, acapararon toda la atención”, señaló Eghenter, refiriéndose al objetivo de proteger 30 % de la superficie terrestre y marina del planeta para 2030. “Pero otras, como las metas impulsoras y aquellas que promueven condiciones propicias para una aplicación efectiva, aún no están siendo abordadas con la misma firmeza por las partes”, agregó.
Las cifras relativas a la financiación siguen la misma tendencia. De los 186 000 millones de dólares movilizados entre 2020 y 2023, 136 000 millones procedieron de presupuestos públicos nacionales, 33 000 millones de fuentes privadas y solo 18 000 millones de financiación pública internacional.
Esto supone una fracción del hito anual de 20 000 millones de dólares que se suponía que los países desarrollados debían alcanzar para 2025. La financiación privada, señala el informe, alcanzó su punto máximo en 2021 y desde entonces ha disminuido.
Detrás de esta situación se esconde un problema de seguimiento. Solo se dispone de datos cuantitativos sólidos para unos pocos objetivos. La información sigue siendo escasa sobre cómo —o si— se está involucrando a los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y el sector privado en la consecución de los objetivos.
Ana Di Pangracio, subdirectora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), ONG medioambiental argentina, declaró que el informe refleja un patrón que ya ha observado anteriormente.
Según ella, los países que se comprometieron a eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medioambiente han comenzado a identificarlas, pero no están llevando a cabo las regulaciones necesarias para redirigir realmente los fondos.
“Estamos repitiendo los errores del pasado”, afirmó. Invertir más dinero en la biodiversidad mientras se sigue financiando su destrucción en otros ámbitos no servirá de nada, añadió.
Ese diagnóstico recae ahora en los negociadores. En la COP17, los gobiernos tendrán que ponerse de acuerdo sobre cómo interpretar las conclusiones del Informe Global.
“Los Estados miembro no quieren un discurso demasiado negativo, debido al estado [precario] del multilateralismo”, explicó Juliette Landry, investigadora sobre gobernanza internacional de la biodiversidad en el Iddri, un centro de estudios con sede en París.
Las partes quieren que el informe demuestre que el marco sigue funcionando, aunque aceptan que hay que reconocer las deficiencias, señaló Landry. Además, dijo que los países en desarrollo tienden a insistir en que las naciones ricas no han aportado la financiación prometida, mientras que otros hacen hincapié en la débil coordinación sectorial o en la escasa capacidad técnica.
Aún está por ver si el texto final de la decisión de la COP17 nombrará a los sectores con más responsabilidad en la pérdida de biodiversidad —al igual que el balance climático de la ONU lo hizo con los combustibles fósiles—, añadió. Atribuir la responsabilidad a industrias o países concretos es políticamente delicado en un proceso basado en el consenso.
La financiación será la batalla que determine todo lo demás en Ereván. Schomaker ha vinculado la credibilidad de la cumbre a la participación plena de las empresas y las instituciones financieras en las negociaciones.
“La financiación privada no debería estar ahí simplemente para hacer promesas al margen”, escribió. “Debería formar parte del debate central sobre cómo integrar la biodiversidad en la toma de decisiones económicas y financieras”, agregó.
Pero el volumen no es el único problema, señaló Alejandra Duarte. A pesar de que se prometen más fondos, muy poco de ese dinero llega a los grupos que realmente llevan a cabo labores de conservación sobre el terreno, afirmó.
Esto se debe a que, por lo general, para acceder a esos fondos se requieren estructuras institucionales formales y sistemas de rendición de cuentas de los que carecen las organizaciones de base y las dirigidas por pueblos indígenas.
El Fondo Cali, adoptado en la COP16, realizada en esa ciudad colombiana, con el fin de canalizar los beneficios derivados del uso comercial de los recursos genéticos hacia los pueblos indígenas y las comunidades locales, sigue siendo de carácter voluntario, y Duarte considera que tiene el mismo problema de acceso.
“Lo que se necesita es que la propia arquitectura de financiación llegue directamente a estos grupos”, afirmó. Señaló un proyecto llevado a cabo por su propia organización que destinó fondos directamente a iniciativas de restauración dirigidas por mujeres en seis países de África y América Latina.
Para Eghenter, la esperanza es que la COP17 se convierta en el momento en que los gobiernos dejen de solo catalogar las carencias y empiecen a fijar plazos para subsanarlas.
“Se han asumido compromisos y ahora contamos con el Informe Global que nos indica lo que hay que hacer”, dijo. “El texto final de la COP debería marcar los próximos pasos, fijar plazos y transmitir la sensación de que los países se están uniendo para abordar las carencias”, agregó.
Este artículo se publicó originalmente Dialogue Earth.
IPS - RV: EG - Fermín Koop
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