La Unión Europea (UE) alcanzó el lunes (01.06.2026) por la noche un acuerdo para endurecer aún más las leyes migratorias, que permitirán la creación de los denominados "centros de retorno" de inmigrantes fuera del territorio del bloque.
Los legisladores europeos y los Estados miembros llegaron a un principio de acuerdo para frenar la migración, allanando el camino para su aprobación definitiva.
"El nuevo reglamento acelerará el proceso de devolución y aumentará el número de retornos de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE", afirmó Nicholas Loannides, viceministro de Migración de Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
"El acuerdo histórico de hoy refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE", añadió.
Criticada por grupos de derechos humanos, la nueva ley permitirá a los Estados construir fuera de sus fronteras centros para albergar a los inmigrantes expulsados o aquellos a los que se les negó la solicitud de asilo.
Este endurecimiento contempla también la obligación estricta de que los migrantes sin derecho a permanecer en el territorio abandonen el país y cooperen con las autoridades, previendo sanciones más severas, como la detención y la prohibición de entrada, para quienes se nieguen a hacerlo.
"Este acuerdo otorgará a los gobiernos poderes mucho más amplios para detener y deportar a personas", afirmó Marta Welander, de la oenegé Comité Internacional de Rescate (IRC).
"Parece que va a normalizar las redadas de inmigración, ampliar el uso de la detención en instalaciones similares a prisiones fuera del territorio de la UE -que son, en esencia, agujeros negros legales- y aumentar el riesgo de que las personas sean deportadas a países donde podrían sufrir persecución, tortura o algo peor", denunció.
Los gobiernos europeos reaccionan así a una corriente de la opinión pública cada vez más contraria a la migración que ha impulsado el avance de la extrema derecha en el continente.
Con la disminución de las llegadas de migrantes, la atención en Bruselas se ha centrado en mejorar el sistema de repatriación. Solo cerca del 20% de los ciudadanos a los que se les ordena abandonar el territorio de al UE regresan realmente a su país de origen.
Según el acuerdo del lunes, la mayoría de las nuevas medidas se aplicarán inmediatamente después de que la ley entre en vigor. Algunos puntos, sin embargo, se aplicarán en 12 meses a más tardar, para que los Estados tengan margen para adaptar sus marcos normativos a la nueva legislación.
Los defensores de la medida afirman que los centros de retorno -que servirían como destino final o como centros de tránsito para los expulsados- facilitarán las repatriaciones, además de actuar como elemento disuasorio para los posibles migrantes.
Algunos países, entre ellos Austria y Alemania, ya están estudiando opciones para crearlos. Sin embargo, otros miembros de la Unión, como Francia y España, han cuestionado su eficacia.
"No está claro cómo funcionará esto, y no afectará a mucha gente", afirmó un diplomático europeo que habló bajo condición de anonimato.
Los críticos señalan los obstáculos que han enfrentado proyectos similares.
Reino Unido abandonó un plan para deportar a migrantes indocumentados a Ruanda, mientras que las instalaciones gestionadas por Italia para tramitar a los migrantes en Albania han sido cuestionadas en la justicia.
Birgit Sippel, eurodiputada del grupo de centroizquierda S&D, afirmó que la nueva legislación permitirá "detenciones masivas, incluso de familias y niños", y redadas que recuerdan las prácticas de mano dura utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.
El grupo de extrema derecha ECR celebró el acuerdo: "Ha comenzado la era de las devoluciones".
La reforma debe ser aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de que pueda entrar en vigor. jc (afp, efe)
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