El nuevo movimiento sísmico se sintió en Caracas y más en La Guaira, donde la población del vecino litoral sobre el mar Caribe, declarado como la zona cero del desastre causado por los terremotos del 24 de junio, de 7,2 y 7,5 en la escala Richter y distanciados entre ellos por apenas unos segundos.

El último balance oficial, de este lunes 29, cifró las víctimas en 1719 fallecidos, 5034 heridos, un número indeterminado de desaparecidos -que se teme sean miles, según proyecciones iniciales de expertos de Estados Unidos-, 15 866 damnificados y otras 22 619 personas afectadas, en su mayoría con pérdida de sus viviendas.

En Caracas se derrumbaron ocho edificios residenciales y algunas decenas sufrieron daños estructurales, mientras que en el litoral, 40 kilómetros al norte, cayeron más de 180 edificaciones de ese tipo y al menos otras 585 resultaron dañadas.

Los rescates grupales de personas vivas y fallecidas entre paredes y ruinas fueron adelantados prácticamente a mano limpia por vecinos, voluntarios y bomberos durante las primeras 36 horas después de los sismos al caer la tarde del miércoles 24.

Las tareas de búsqueda se mantienen, a cargo principalmente de equipos especializados llegados desde el extranjero.

El gobierno informó que llegaron 3319 rescatistas y trabajadores médicos, de 45 países, entre ellos Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Jordania, México, Qatar, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Reino Unido y Suiza.

El desolador panorama de los edificios derruidos está poblado de historias, a cuál más dolorosa y conmovedora, narradas por quienes perdieron a sus parientes aplastados por las paredes y columnas derrumbadas y ahora ni siquiera tienen esperanzas de recuperar los cadáveres.

Como la niña de 11 años, atrapada con su hermanito, de nueve, ambos heridos junto a su madre, fallecida en un espacio del piso cinco donde habitaban, bajo las losas de 13 pisos que cayeron sobre su apartamento.

La pequeña guio con seguridad y ánimo a los rescatistas que hora tras hora vencían las losas de cemento sobre su vivienda, hasta llegar al reducto. La niña murió en el último minuto de la operación, pero hizo posible el rescate con vida de su pequeño hermano, de nombre Moísés.

Otro destacado drama fue el de 147 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos el mismo 24 de junio. Fueron encerrados por las autoridades locales en un centro del litoral -donde está el aeropuerto-, y con los sismos pereció la mayoría, pues apenas 12 se han encontrado con vida hasta ahora.

En áreas de La Guaira -la ciudad portuaria cercana de Caracas-, el olor de los cadáveres que yacen bajo las montañas de escombros ha comenzado a impregnar el aire de las zonas, que han sido de balnearios, residencias de clase media baja -muchos habitantes laboran en la capital- o comercios, por ahora cerrados.

Junto con el trabajo de los rescatistas y el personal médico desplegado en los hospitales de campaña y otros centros de atención, la solidaridad internacional se hizo sentir en la colecta de ayuda en alimentos, útiles de higiene, medicamentos y otros bienes insumos en muchas ciudades de América y Europa.

Se suman a lo aportado por los propios venezolanos, particularmente miles de civiles que se han presentado como voluntarios para ayudar en las labores de rescate y ayuda a las víctimas, y entre quienes destacan los jóvenes a bordo de motocicletas.

El gobierno informó que en el litoral hay 15 “grandes refugios” con damnificados, y que gran parte de los servicios de agua y electricidad se restablecieron en la zona, mientras que en Caracas hay campamentos con personas desalojadas de sus viviendas derruidas o con grietas graves y por ello inhabitables.

Entidades civiles han organizado centros de acopio de ayuda, improvisado redes de información y auxilio a los heridos, y algunos grupos o personas particulares se afanan en ayudar a los damnificados o preparar comidas para los rescatistas.

La magnitud de los terremotos desnudó fuertes carencias del Estado venezolano, con demora en la apreciación de la magnitud de los daños, sin equipos humanos y materiales preparados para una primera respuesta a la emergencia, y con mandos que tomaron medidas de escasa eficiencia.

Por ejemplo, el cierre parcial de la autopista entre Caracas y La guaira, principal acceso terrestre al litoral, procuró facilitar el acceso solo de maquinaria pesada y equipos especializados de rescate, pero también mermó la llegada de voluntarios y auxilios en alimentos, agua y otros bienes a zonas afectadas.

También medios han tenido dificultades para acceder a las zonas de desastre, así como rechazo o demoras cuando enviados especiales llegaron a la frontera con la vecina Colombia o al aeropuerto de Valencia, al oeste de Caracas, ya que el aeropuerto que sirve a la capital, también en el litoral, está cerrado por daños.

La tristeza e impotencia ante el desastre está dando paso a manifestaciones de ira, expresada por víctimas, familiares y vecinos, ante la falta de auxilio o por la ineficiencia del gobierno, y en particular por la carencia de ayuda de los militares, en un país que les ha tenido como protagonistas del quehacer nacional durante décadas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez estableció un “estado mayor”, encabezado por militares, para manejar toda la situación creada por los terremotos, y ordenó la militarización de la zona cero.

Los uniformados se han distribuido en las áreas castigadas por los terremotos, pero sobre todo en tareas de observación y vigilancia. Las redes sociales se inundan de llamados y críticas porque la maquinaria de ingeniería y otros recursos en manos de los militares escasamente se han puesto al servicio de las tareas de rescate.

Un lado muy oscuro de la tragedia se muestra con las denuncias de que individuos, con y sin uniforme, en lugar de ayudar en el rescate de sobrevivientes o cadáveres buscan tomar bienes diversos, prendas o dinero de viviendas dañadas y desalojadas, y comercios de víveres y electrodomésticos en el litoral han sido saqueados.

Ese descontrol surge como mal presagio sobre el manejo que se dará a la ayuda que continúa recogiéndose en el país y en decenas de ciudades del exterior, sobre todo en las que concentran mayor número de venezolanos de la diáspora, pues unos ocho millones de ellos dejaron el país en la última década.

 A-E/HM - Corresponsal de IPS