Durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Donald Trump, iniciado el 20 de enero de 2025, un total de 52 personas han muerto bajo custodia del ICE, indicaron en su informe las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR en inglés).

El informe de 73 páginas, “Morir en detención: aumento de las muertes en un sistema de detención migratoria en expansión en Estados Unidos”, documenta el incremento de las muertes bajo custodia de ICE mediante análisis estadísticos y de médicos especializados.

El informe revela un aumento de la tasa de mortalidad y plantea serias dudas sobre la calidad de la atención médica proporcionada por ICE y por el personal contratado por la agencia.

Según el texto, el ICE limita de forma tan severa la información que proporciona al Congreso de su país, a las familias y al público, “que una supervisión efectiva resulta prácticamente imposible”.

El aumento de la mortalidad se produce en un momento en el que el gobierno de Trump “está sometiendo a un número récord de inmigrantes a la detención obligatoria, incluso en condiciones inhumanas y degradantes”, al tiempo que desmantela los mecanismos internos de supervisión, dice el documento.

Brian Root, asesor sobre tecnología y derechos humanos de HRW, dijo que “las personas están muriendo bajo custodia de ICE a la tasa más alta registrada en muchos años, incluso teniendo en cuenta el aumento del número de detenidos”.

Según Root, “el Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso deberían actuar de inmediato para reducir el número de personas detenidas y reformar las condiciones de detención, garantizando, entre otras cosas, el acceso a una atención médica adecuada conforme a las obligaciones de Estados Unidos”.

HRW llevó a cabo un análisis cuantitativo de las muertes bajo custodia de ICE entre el 1 de octubre de 2015 y el 4 de junio de 2026, examinando la evolución de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo.

PHR realizó un análisis médico de las 39 muertes ocurridas bajo custodia de ICE durante el primer año de la actual administración Trump /el mandatario gobernó un primer período entre 2021 y 2025), basándose principalmente en la limitada información disponible públicamente.

Las organizaciones también examinaron varios casos con mayor profundidad, recurriendo a entrevistas con familiares, abogados y excompañeros de celda de las personas fallecidas y, en dos casos, revisando historiales médicos complementarios.

En uno de los casos, Maksym Chernyak, un hombre ucraniano de 44 años, sufrió un accidente cerebrovascular tras presentar señales inequívocas de una emergencia médica que fueron presenciadas por el personal del centro de detención, y el cual no actuó en consecuencia.

Los retrasos resultantes en su traslado a un centro con atención especializada probablemente contribuyeron a su muerte, concluyeron las organizaciones.

En otro caso, el mexicano Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, murió bajo custodia de ICE en 2025 después de haber sido diagnosticado con covid-19 y pasar 12 días en aislamiento.

Para acceder a los registros relacionados con su detención, tratamiento y fallecimiento, la familia de Vargas presentó una solicitud de acceso a la información en octubre de 2025 y una demanda judicial en diciembre. A comienzos de mayo de 2026 todavía no había recibido información adicional.

“Solo una madre que haya perdido a un hijo sabe lo que estoy sintiendo. Quiero a mi hijo, y no puedo hacer nada”, manifestó su madre según recoge el informe.

Durante el primer año del segundo mandato de Trump, el número de personas detenidas por ICE aumentó 77 %, pasando de unas 40 000 a más de 71 000. Al mismo tiempo, la tasa de muertes bajo custodia de ICE aumentó un 140 %.

Las organizaciones afirman que la actual administración Trump “ha desmantelado los ya limitados mecanismos internos de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia de la que depende ICE”.

Ello dificultaría más el acceso a información, la búsqueda de reparación por abusos y la exigencia de responsabilidades a la agencia y a sus contratistas, indicaron.

Concluyeron que ICE no divulga información suficiente sobre las circunstancias que rodean las muertes bajo su custodia, y suele retrasar su publicación, aparentemente en incumplimiento de sus propias obligaciones.

“En los casos en los que hemos podido acceder a los registros de ICE y de hospitales externos, observamos incumplimientos estremecedores del deber de cuidado”, afirmó la médica Katherine Peeler, profesora de Pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard (Boston, noreste) y asesora de PHR.

Las organizaciones expusieron que el DHS y sus contratistas deberían rendir cuentas de forma completa, pública y oportuna por cada muerte ocurrida bajo su custodia.

El Congreso debería reducir el número de personas sometidas a detención, priorizar alternativas a ese trato, y “abordar de manera decidida el creciente número de muertes, la insuficiente atención médica y las deficiencias crónicas de transparencia y rendición de cuentas del DHS”, según el documento.

Asimismo, debería establecer nuevos mecanismos de supervisión, una vez que, entre otras medidas, la financiación del DHS ha aumentado considerablemente, con la reciente asignación de 70 000 millones de dólares hasta 2029.

El Congreso “debería aprobar mecanismos de supervisión independientes mediante legislación específica para garantizar que estos fondos no se utilicen para ampliar un sistema abusivo que ha fracasado en la protección de vidas humanas”, concluye el documento de HRW y PHR.

A-E/HM - Corresponsal de IPS