Además de pronunciarse sobre la Ley del Servicio Civil, el electorado suizo votará sobre la iniciativa popular "No a una Suiza de diez millones". El Consejo Federal de Suiza ha decidido someter esta medida a votación el 14 de junio.
El tema central del referéndum es: "¿Cuántas personas deberían vivir en Suiza?". Con esta iniciativa, el Partido Popular Suizo (SVP, por sus siglas en alemán) ―llamado también Unión Democrática de Centro (UDC, en francés e italiano)―, de tendencia populista de ultraderecha, busca garantizar que la población residente permanente de Suiza no supere la cifra de diez millones a partir del año 2050.
La cuestión del número de habitantes en Suiza abarca una amplia gama de aspectos: junto a motivos nacionalistas, psicológicos y fundamentalmente xenófobos, también entran en juego intereses económicos tangibles. Una propuesta de este tipo presentada por el SVP ya fracasó hace doce años.
Desde una perspectiva económica, el asunto es todo menos sencillo, explica a DW Tobias Heidland, del Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW). Esto desencadenaría una "pugna sobre qué tipos de inmigración seguir permitiendo".
Además del descontento generalizado en el sector empresarial y en la sociedad en su conjunto, prevé que "muchas personas altamente calificadas decidirían no emigrar a Suiza; algo que probablemente se percibiría como una medida que "disuade a las personas equivocadas'".
Sabine Zinn, del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), señaló a DW que la cuestión de si las restricciones a la inmigración son la respuesta adecuada "no puede resolverse con un simple sí o no". El verdadero desafío, apuntó, reside en "distinguir entre la migración por motivos humanitarios —debida a la huida de situaciones de peligro— y la migración laboral necesaria desde el punto de vista económico".
Según Zinn, existen argumentos económicos en contra de un límite general a la inmigración: "Muchos países europeos, incluidos Alemania y Suiza, se enfrentan a importantes desafíos demográficos. Una reducción generalizada de la inmigración tendería a agravar estos problemas".
Wido Geis-Thöne, experto en temas migratorios del Instituto Económico Alemán (IW), de Colonia, reconoce la escasez de trabajadores cualificados, pero considera que el problema radica más bien en el ámbito de los "empleos de baja cualificación". Por ejemplo, muchos ciudadanos de la Unión Europea trabajan en los sectores de la hostelería y la construcción. "Ellos también son importantes para Suiza, dado su carácter de destino turístico". En consecuencia, "el límite de diez millones causaría casi con toda seguridad un daño significativo".
Sin embargo, los suizos no votan únicamente sobre este aspecto, señala la plataforma financiera Bloomberg. Para el SVP, la votación representa un "hito en relación con dos prioridades de larga data: limitar las relaciones con la UE y endurecer los controles de inmigración".
Bloomberg cita al centro de estudios suizo Demografik, que ha calculado que, de aprobarse la propuesta del SVP, la producción económica se vería mermada hasta en un 12 % para finales de siglo. Según el análisis, los sectores de la salud, la hostelería, la informática y la construcción se verían especialmente afectados por la escasez de mano de obra. La cuestión clave ahora es si los votantes suizos se dejarán influir por los riesgos de las consecuencias económicas a largo plazo.
¿Podría la iniciativa del SVP, de ser aprobada por el electorado suizo, desencadenar un efecto de contagio? Los expertos consultados discrepan al respecto. "No veo riesgo de contagio en este caso, ya que los procesos políticos en Alemania y Suiza se desarrollan de manera muy diferente", opina Wido Geis-Thöne, del IW.
La importancia de Suiza en Europa no es comparable al papel de Alemania en la UE: "Como miembro de la UE, Alemania no puede restringir la libre circulación de personas (sin abandonar la UE), lo que significa que no podría seguir los pasos de Suiza en este sentido, aunque quisiera", aclara.
Menos optimista al respecto se muestra el Instituto para la Economía Mundial de Kiel. Tobias Heidland percibe claramente un riesgo de contagio: "Alemania ya observa a países vecinos con políticas más estrictas, como Dinamarca. Esto quedó patente en el debate sobre el acceso de los inmigrantes al sistema de bienestar social y la cuestión de las 'prestaciones ciudadanas' para los refugiados ucranianos".
Zinn, investigadora del DIW, comparte este escepticismo. Teme un "efecto señal" que trascienda las fronteras nacionales. Un referéndum de este tipo sería seguido con gran atención, especialmente en los países europeos con Gobiernos de derecha o de centroderecha. Podría interpretarse como una prueba de "que las exigencias de mayores restricciones a todas las formas de inmigración cuentan con una mayoría política. Por tanto, cabe contemplar un riesgo de 'contagio'".
Geis-Thöne, experto del IW, prevé una posible ventaja para Alemania, cuyos trabajadores cualificados suelen emigrar a Suiza, si se adopta la propuesta del SVP: "Dependiendo de cómo se implemente la medida, Alemania podría verse considerablemente beneficiada. Si a los trabajadores cualificados alemanes les resultara mucho más difícil emigrar a Suiza, es probable que muchos permanezcan aquí, lo que estabilizaría la oferta nacional de mano de obra cualificada".
Sin embargo, los propios suizos podrían enfrentarse a un riesgo mayor si surgiera una ruptura con la Unión Europea, el principal mercado de exportación de Suiza. Al fin y al cabo, Suiza se beneficia del principio de libre circulación dentro de la UE. Esto otorga a las empresas suizas acceso a un mercado valorado en 21 billones de dólares, que abarca a unos 450 millones de consumidores. El país podría perder este privilegio. DW (cp/rml)
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