El Consejo y el Parlamento Europeo cerraron este lunes 1 de junio de 2026 el texto final del nuevo reglamento europeo de retornos, una norma que abre la puerta a que los Estados miembros encierren a personas migrantes —incluidas familias con menores de edad— en centros de detención situados en países extracomunitarios con los que esas personas no tienen ningún vínculo. La pieza, presentada en Bruselas como un trámite técnico tras tres horas de negociación a puerta cerrada, supone uno de los giros más severos en materia migratoria que ha dado la UE en su historia reciente, según ha informado El País.

Lo que sale adelante es, en la práctica, una versión todavía más cruda que la llamada remigración, el eslogan que en los últimos años ha saltado de grupúsculos neonazis a los programas de los partidos de extrema derecha de toda la Unión. La remigración propone expulsar a las personas migrantes a su país de origen. El reglamento aprobado por la UE va más allá: permite enviarlas a un tercer país que no es ni el de destino elegido ni el suyo propio, un Estado que cobra dinero a cambio de hacer el trabajo sucio europeo y mantener encerradas en centros carcelarios a personas que no han cometido ningún delito.

El acuerdo permite encerrar a los migrantes deportados hasta 30 meses si no cooperan con las autoridades o si se considera que existe riesgo de fuga, y contempla prohibiciones de entrada al territorio europeo de por vida. Se han eliminado además causas tan básicas como padecer una enfermedad que requiera tratamiento médico o tener vínculos familiares estrechos como motivos para aplazar una orden de expulsión. El texto introduce la Orden Europea de Retorno, pensada para acelerar el reconocimiento mutuo entre Estados, y abre la vía a represaliar a los países de origen que se nieguen a aceptar retornados mediante restricciones de visados, recortes en ayuda al desarrollo o revisión de las relaciones comerciales. Los llamados hubs de retorno —eufemismo elegido en Bruselas para no decir centros de detención extraterritoriales— podrán empezar a montarse de inmediato, sin esperar al plazo de doce meses fijado para otras provisiones más complejas.

El punto más reaccionario del reglamento, la posibilidad de enviar a esos centros a familias con niños y niñas, no figuraba en la propuesta original de la Comisión Europea: lo introdujeron a finales de marzo los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) en alianza con los grupos de la extrema derecha del hemiciclo, entre ellos los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni. El propio negociador del acuerdo por parte de la Eurocámara es el eurodiputado ultra Charlie Weimers, del partido Demócratas de Suecia, quien declaró que “si Europa quiere tener el control sobre la migración, los terceros países no pueden seguir rechazando la cooperación sin afrontar consecuencias”. Weimers fue protagonista a comienzos de año del escándalo del grupo de Whatsapp en el que el PPE coordinaba la estrategia migratoria con eurodiputados de Alternativa para Alemania (AfD), una de las formaciones neofascistas más explícitas del continente. La frontera entre la derecha sistémica europea y la extrema derecha lleva tiempo desdibujándose; el reglamento aprobado este lunes es la fotografía de esa fusión.

Italia, Dinamarca, Alemania y Países Bajos lideran el impulso de los centros extraterritoriales, con Austria y Grecia sumándose a un “grupo de trabajo sobre modelos innovadores” lanzado a comienzos de año por Berlín y La Haya para buscar Estados extracomunitarios dispuestos a alquilar territorio carcelario. El reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio y de Asilo, que entra formalmente en vigor el próximo 12 de junio tras más de una década de negociación y que fue aprobado en su momento con el voto favorable del Gobierno español de Pedro Sánchez. Ese Pacto es precisamente la semilla y el paraguas jurídico de la deriva racista que ahora se consolida: sin él no habría sido posible la revisión del concepto de “tercer país seguro”, ni la lista europea de países de origen seguro, ni los hubs extraterritoriales que acaban de pactarse. Quienes hoy se desmarcan con declaraciones blandas son los mismos que pusieron la primera piedra de esta arquitectura.

Las advertencias de los organismos de derechos humanos han sido ignoradas con la frialdad de quien sabe que ya tiene los votos. A comienzos de año, Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pedía expresamente “excluir a niños, tanto no acompañados como con familias” del envío a estos centros y exigía “salvaguardias en derechos humanos claras y efectivas”, así como acuerdos con los terceros países “vinculantes bajo el derecho internacional”. A mediados de mayo, sin embargo, los gobiernos del Consejo de Europa reunidos en Chisinau aprobaron una declaración conjunta que valida explícitamente los “centros de retorno en terceros países” como una alternativa legítima frente a las llegadas migratorias. La UE ha optado por blindar políticamente lo que sus propias instituciones de derechos humanos consideran una violación.

El paralelismo que ya se dibuja en los pasillos de Bruselas es el del Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Donald Trump: una maquinaria de detención y deportación masiva, sin proporcionalidad respecto a delitos cometidos —porque migrar no es un delito—, blindada frente al control judicial efectivo y diseñada para producir miedo. A esto se añade que la Comisión Europea ha aceptado recibir en Bruselas a una delegación de los talibanes, encabezada por el portavoz de Exteriores Abdul Qahar Balkhi, para negociar el aumento de las deportaciones a Afganistán. La UE, que oficialmente no reconoce al régimen talibán y denuncia con frecuencia sus violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas, está dispuesta a sentarse con él si eso facilita expulsar afganos.

La normativa será ratificada en las próximas semanas por el Consejo y la Eurocámara —el resultado no admite suspense— y entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Lo que se pondrá en marcha entonces no es solo una herramienta administrativa de gestión de fronteras: es la institucionalización europea de la idea de que hay seres humanos —familias con criaturas incluidas— que pueden ser detenidos sin haber cometido delito y deportados a celdas en países que ni siquiera conocen, porque otro Estado les paga por encerrarlos. Es exactamente lo que la extrema derecha lleva años pidiendo.

Editorial / Análisis – Diario Red