Desde que asumió Javier Milei hay 24.437 empresas menos en la Argentina (IAG en base a la SRT, dato a febrero de 2026). Son 930 firmas fundidas por mes en promedio desde diciembre de 2023, 31 por día, más de una por hora. En la lectura por período presidencial —tomando como base el mes previo a cada asunción— es la gestión que más empresas destruyó desde que existen registros comparables: peor que la pandemia, que se llevó unas 21.000 firmas, y peor que cualquier gobierno desde 1996. El oficialismo lo llama reasignación de recursos, transición. Los datos muestran otra cosa: destrucción neta de aparato productivo, concentrada donde más duele.
El golpe es esencialmente PyME. En los primeros dos años de gestión, las empresas de hasta 500 trabajadores explicaron más del 99% de los cierres. La sangría se concentra en transporte y almacenamiento —más de 6.000 firmas menos—, comercio y reparación de vehículos, actividades inmobiliarias, la industria manufacturera y la construcción. Dentro de la industria, la cadena de cuero, calzado, madera e indumentaria encabeza la caída, con retrocesos de hasta 19% en la cantidad de firmas.
La geografía confirma el patrón. En términos absolutos la provincia de Buenos Aires encabeza la destrucción, seguida por Córdoba y Santa Fe. En términos relativos las que más perdieron son La Rioja, Catamarca y Chaco. Neuquén es la única provincia con saldo positivo, y la excepción es elocuente: el empleo y las firmas crecen donde manda Vaca Muerta, es decir, donde el modelo concentra sus apuestas extractivas. La trama productiva se contrae en todo el país y se expande solo en el enclave.
¿Por qué cierran? Tasas reales que durante buena parte de la gestión ahogaron el capital de trabajo, un dólar planchado que abarata lo importado y golpea al que produce acá, salarios pulverizados que vacían el mercado interno y obra pública parada que arrastra a toda la cadena de la construcción. La microeconomía del régimen libertario premia al enclave que extrae, no difunde sus beneficios, y empuja a la quiebra a la PyME que produce, emplea y tributa.
El propio empresariado lo dice. Según la Encuesta de la industria manufacturera del INDEC, el 51,8% de los industriales señala la demanda interna insuficiente como el principal obstáculo para aumentar la producción —muy por encima de la competencia importada, que reúne el 11%—. La industria opera con una capacidad instalada en torno al 55%, el nivel más bajo desde la crisis de 2002.
El dato decisivo es que la morosidad empresarial siguió subiendo incluso cuando las tasas reales bajaron. La irregularidad del crédito a las empresas trepó al 3,1% en marzo de 2026, más del triple que un año atrás (BCRA). El costo del financiamiento tuvo una baja puntual que no se sostuvo, complicando la ecuación en 2025. El problema además de las tasas desreguladas, es la facturación que no llega. Y la mora dibuja el mismo mapa que el cierre —crece más en el Cuyo y en el norte, donde más empleo se perdió—, el mismo proceso visto desde dos registros distintos. En paralelo, los concursos preventivos crecieron más del 130%, con cierres de firmas textiles históricas.
El encarecimiento en dólares completa el cuadro. El peso se apreció alrededor del 16% desde septiembre de 2025 frente a las monedas de los principales socios comerciales (IAG en base al BCRA), y el tipo de cambio real volvió a niveles de 2017. Para el que produce y compite, eso significa costos en dólares cada vez más altos contra importaciones cada vez más baratas.
Del otro lado del mostrador, el mercado interno está vacío. El salario privado registrado encadenó siete meses de caída real y el índice general quedó más de 9% por debajo de noviembre de 2023 (INDEC). La jubilación mínima con bono perdió 12,1% en el mismo período. El resultado es que el 47% de los hogares tuvo que gastar ahorros, endeudarse o vender pertenencias para llegar a fin de mes, mientras la morosidad de las familias toca máximos históricos. Entonces no hay ventas, y sin ventas las PyMEs se ven muy perjudicadas.
El Estado tiene un rol por el modo cómo se financia el superávit. El ajuste recayó sobre la inversión pública, que cayó de 1,6% a 0,4% del PBI, el nivel más bajo en más de dos décadas, y sobre la obra pública, recortada en torno al 80% real contra 2023. Lo que el oficialismo presenta como ahorro es, en rigor, destrucción de formación bruta de capital fijo.
Mientras la Argentina desregula, el mundo hace exactamente lo contrario. Un informe de la OCDE publicado en junio de 2026 muestra que los subsidios industriales alcanzaron US$108.000 millones en 2024, el nivel más alto desde la crisis financiera global.
Estados Unidos sostiene el CHIPS Act, Brasil ejecuta el Nova Indústria Brasil, México impulsa el Plan México y Chile reorganizó el litio con fuerte participación estatal. Todos comparten una misma lógica: el incentivo se entrega a cambio de algo. Contenido local, empleo, proveedores nacionales o valor agregado.
El RIGI rompe esa lógica. Ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por treinta años a megaproyectos de minería, energía e hidrocarburos, y no exige prácticamente ninguna contraprestación relevante.
Los anuncios prometían entre US$50.000 y US$70.000 millones, pero a marzo de 2026 las inversiones aprobadas rondaban los US$18.000 millones y lo efectivamente ingresado por el régimen no alcanzaba los US$800 millones, con más del 95% concentrado en minería e hidrocarburos.
El resultado de todo esto tiene forma de K. Entre el primer trimestre de 2023 y el de 2026, la minería creció casi 19%, mientras la industria cayó más de 10% y la construcción se desplomó más de 22%. Crece lo que extrae y exporta sin agregar valor; cae lo que produce, emplea y abastece el mercado interno. Es un claro escenario de reprimarización.
Nada de esto es inédito en la historia económica argentina. Diamand lo explicó hace medio siglo en su estructura productiva desequilibrada. Canitrot mostró que el atraso cambiario y la apertura no son solo política económica, sino también una forma de disciplina social. Y la salida de la crisis de 2002 confirmó lo contrario: con un tipo de cambio competitivo y estable, la industria y el empleo pueden recuperarse.
Coordinador del Área de Economía del Instituto Argentina Grande (IAG)
ÁMBITO
Municipios Pampeanos
