La parte medular de esa política es el régimen de excepción, una norma legal que dejó en suspenso varias garantías constitucionales, con el fin de que policías y soldados tuvieran manos libres para perseguir a los pandilleros, que habían aterrorizado a la población.

Aquellas dos realidades, el desmantelamiento de las maras y las violaciones a los derechos humanos, están presentes en el día a día de buena parte de la sociedad salvadoreña que, desde el inicio de los 90, vivió bajo la criminalidad más absoluta de manos de las maras o pandillas.

Y al centro del debate ha estado Bukele, un populista escorado cada vez más a la derecha radical, llegado al poder en junio de 2019, repudiado por unos y alabado por otros.

Hasta ahora, unas 90 000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción. Y si bien la mayoría son pandilleros  -por sus tatuajes alusivos a su mara y porque ya estaban registrados previamente por la policía-, también se han capturado a personas inocentes, según organizaciones de derechos humanos.

Del total de detenidos, las autoridades judiciales han permitido que alrededor de 8000 personas continúen sus procesos judiciales en libertad.

IPS ha entrevistado desde 2022 a decenas de familiares de detenidos que aseguran que sus parientes no pertenecen a pandillas y que fueron arrestados sin pruebas suficientes.

“Tengo tres años y medio de no saber nada de él, es una enorme injusticia, él es inocente”, dijo a IPS Ana Silvia Medina, madre de Manuel de Jesús, ambos oriundos de Cojutepeque, una ciudad localizada a 34 kilómetros al este de San Salvador.

Manuel de Jesús fue detenido el 18 de enero de 2023, acusado de “agrupaciones ilícitas”, la figura legal con que la justicia salvadoreña establece la pertenencia a las pandillas o “maras”.

¿CÓMO Y POR QUÉ SURGE EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN?

La Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, luego de que las pandillas asesinaran a 87 personas en un solo fin de semana, una de las jornadas más violentas desde el fin de la guerra civil salvadoreña, en 1992.

El gobierno de Bukele respondió declarando una guerra frontal contra las maras, mediante una política de capturas masivas y encarcelamiento a gran escala, para lo cual mandó construir bajo hermetismo sobre sus costos y capacidades una megacárcel: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en enero de 2023.

Sin embargo, investigaciones periodísticas de El Faro revelaron que la escalada homicida ocurrió tras el rompimiento de un presunto pacto secreto entre el gobierno y las pandillas, las que habrían iniciado la masacre como venganza por esa ruptura.

Según esas publicaciones, la administración Bukele habría negociado con cabecillas de pandillas para mantener bajos los homicidios a cambio de beneficios penitenciarios. El gobierno ha negado reiteradamente esas acusaciones.

El Faro es el diario independiente que más ha investigado los nexos oscuros entre Bukele y las maras, por lo cual, según el medio, el gobierno, en venganza, los acosa con acusaciones sobre lavado de dinero y evasión de impuestos.

La pieza medular de la ofensiva estatal fue el régimen de excepción, una figura contemplada en la Constitución que permite suspender temporalmente ciertas garantías constitucionales en situaciones extraordinarias.

El decreto suspendió inicialmente cuatro garantías constitucionales. Una fue el artículo 7, referido al derecho de asociación y reunión, aunque esa restricción fue eliminada meses después.

También quedaron suspendidos el inciso segundo del artículo 12, relacionado con el derecho de toda persona detenida a ser informada sobre las razones de su captura y a contar con asistencia de defensa.

Además, se incluyó el inciso segundo del artículo 13, que establecía un máximo de 72 horas de detención administrativa antes de presentar al detenido ante un juez; y el artículo 24, referente a la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones.

En la práctica, el régimen amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa sin presentar al detenido ante un juez.

Actualmente continúan suspendidos los artículos 12, 13 y 24, tras 51 prórrogas consecutivas aprobadas por la Asamblea Legislativa, controlada ampliamente por el oficialismo. La última de esas prórrogas se aprobó el miércoles 27 de mayo.

Aunque esas son las garantías suspendidas formalmente por el decreto, organizaciones de derechos humanos sostienen que, en la práctica, el régimen también ha afectado otros derechos que siguen vigentes en la Constitución, como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

Aunque originalmente fue presentado como una medida temporal para enfrentar la emergencia de violencia de marzo de 2022, el régimen terminó convirtiéndose en el principal instrumento de seguridad pública del gobierno de Bukele y en una política permanente de control territorial y persecución penal contra las pandillas.

¿CÓMO ERA EL SALVADOR BAJO EL CONTROL DE LAS PANDILLAS?

Antes del régimen de excepción, las pandillas ejercían un fuerte control en amplias zonas urbanas y rurales de El Salvador.

Durante décadas, amplios sectores de la población salvadoreña vivieron bajo amenazas, extorsiones, asesinatos y restricciones impuestas por las maras, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18.

El país llegó a registrar las tasas de homicidios más altas del mundo. En 2015, considerado uno de los años más violentos de la historia reciente salvadoreña, la cifra alcanzó los 106 asesinatos por cada 100 000 habitantes, unas cinco veces más que el promedio actual de América Latina.

Las pandillas controlaban comunidades enteras mediante “fronteras invisibles”, límites territoriales que impedían a las personas cruzar de una colonia a otra sin riesgo de ser asesinadas por miembros de grupos rivales.

Las extorsiones eran el pan de cada día y golpeaban prácticamente a todos los sectores. Pequeños comercios, vendedores ambulantes, transportistas, repartidores de comida, taxistas y conductores de plataformas digitales debían pagar dinero regularmente para poder trabajar o circular por determinadas zonas.

Muchos negocios quebraron debido a las amenazas y al cobro de “renta”, como popularmente se conoce en El Salvador a la extorsión ejercida por las pandillas.

Las maras también reclutaban forzosamente a jóvenes y menores de edad en comunidades pobres. Organizaciones sociales y líderes comunitarios denunciaron durante años que adolescentes y jovencitas eran obligadas a convertirse en parejas de pandilleros o víctimas de violencia sexual.

La violencia alcanzó niveles de extrema brutalidad. En junio de 2010, miembros de la pandilla Barrio 18 incendiaron un microbús en el municipio de Mejicanos, al norte de San Salvador, provocando la muerte de 17 personas, muchas de ellas calcinadas dentro de la unidad.

En marzo de 2016, ocho trabajadores de una empresa de electricidad y tres jornaleros fueron asesinados a machetazos en el centro del país, luego los pandilleros los enterraron en una fosa clandestina.

Las pandillas también impusieron durante años sistemas paralelos de control en numerosos barrios, donde decidían quién podía entrar o salir de las comunidades, imponían castigos y vigilaban permanentemente a la población.

Ese contexto de violencia y miedo acumulado durante décadas ayuda a explicar por qué una parte importante de la población respaldó masivamente, y sigue respaldando, la ofensiva lanzada por el gobierno de Bukele contra las pandillas en marzo de 2022.

¿QUÉ TAN EFECTIVO HA SIDO EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD PÚBLICA?

En términos de seguridad pública, el régimen de excepción sí produjo un cambio drástico en El Salvador.

Además de la reducción de homicidios, muchos salvadoreños destacan cambios visibles en su vida cotidiana y prácticamente ya no hay asesinatos asociados con la actividad pandilleril en el país.

Desaparecieron también las llamadas “fronteras invisibles”, las extorsiones a pequeños negocios y, en general, los crímenes asociados a las maras.

En zonas rurales, muchos agricultores pudieron regresar a cultivar sus parcelas, que habían sido “tomadas” por mareros para usarlas como escondites o campamentos.

“El cambio es total, como el día y la noche”, comentó a IPS un conductor del servicio de transporte por plataforma virtual. Ahora puede entrar a cualquier zona de San Salvador sin miedo a ser asesinado.

El conductor agregó que, antes del régimen, muchos taxistas y repartidores rechazaban viajes hacia colonias controladas por pandillas rivales, debido al riesgo de ser atacados solo por entrar a territorios dominados por otra mara.

Ese cambio en la vida cotidiana es el que motiva a buena parte de la población a seguir respaldando masivamente a Bukele, que goza de niveles de aprobación superiores al 80 %, impulsados principalmente por la percepción de seguridad recuperada tras décadas de violencia pandilleril.

¿CUÁL HA SIDO EL COSTO EN DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO?

El régimen de excepción también ha generado una fuerte ola de denuncias por violaciones a los derechos humanos y debilitamiento del debido proceso, tanto de parte de organizaciones salvadoreñas como de organismos internacionales.

Organizaciones de derechos humanos, como la salvadoreña Cristosal y la internacional Human Rights Watch, han documentado casos de personas inocentes capturadas arbitrariamente, muchas veces a partir de denuncias anónimas. Se desconoce, sin embargo, la cifra real de esas detenciones.

Esas organizaciones también cuestionan los llamados juicios colectivos, mediante los cuales cientos de acusados son procesados simultáneamente en una misma causa penal, un mecanismo que dificulta el derecho a una defensa individualizada y al debido proceso.

Uno de esos casos es justamente el de Manuel de Jesús Medina, el joven de Cojutepeque, quien espera a ser llevado a juicio junto a un grupo de pandilleros, según contó su madre, Ana Silvia Medina.

A Manuel de Jesús, un mecánico automotriz de 32 años, los policías llegaron hasta el taller donde trabajaba y lo capturaron, acusado de ser “colaborador” de pandillas, bajo el delito de “agrupaciones ilícitas”.

Desde el 18 de enero de 2023, el joven permanece encarcelado en el penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona.

Un caso similar es el de Mauricio. Su madre, Delmy Cortez, prefirió omitir el apellido de su hijo, para no afectar el caso legal. IPS la entrevistó en febrero de este año.

Cortez vive en La Noria, una de las comunidades de pescadores y agricultores asentadas en el Bajo Lempa, una región costera en la jurisdicción de Jiquilisco, en el este de El Salvador. Ahí residía también Mauricio cuando una patrulla policial se lo llevó detenido, en junio de 2022.

Cortez aseguró que el joven es inocente y teme que sea condenado en un juicio colectivo. Actualmente permanece encarcelado en La Esperanza, una prisión ubicada en el norte de San Salvador.

“Para mí es muy difícil saber que mi hijo ya está agrupado a una clica, él no es un criminal”, insistió la madre, de 54 años. Clicas eran las estructuras que las pandillas montaban en cada barrio o comunidad.

Desde su captura, la familia no ha podido verlo ni comunicarse con él por teléfono. “No lo he vuelto a ver desde que lo capturaron”, afirmó Cortez.

Otro de los puntos más sensibles son las muertes bajo custodia estatal. Organizaciones civiles han documentado cientos de fallecimientos de detenidos dentro de cárceles salvadoreñas desde el inicio del régimen.

Cristosal reportó en 2025 haber confirmado más de 400 muertes en prisión, muchas de ellas con señales de violencia, posibles torturas, desnutrición o falta de atención médica. El gobierno rechaza esas acusaciones y sostiene que los fallecimientos obedecen principalmente a enfermedades previas o causas naturales.

Organizaciones humanitarias y abogados defensores sostienen además que el régimen debilitó mecanismos judiciales de protección como el habeas corpus.

El habeas corpus es un recurso legal mediante el cual una persona detenida debe ser presentada ante un juez para verificar si su captura es legal y conocer su paradero.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y abogados sostienen que ese mecanismo ha perdido efectividad bajo el régimen de excepción.

Solo en el primer año del régimen, entre marzo de 2022 y enero de 2023, se presentaron más de 4000 solicitudes de habeas corpus ante la Corte Suprema salvadoreña, pero solo una parte fue resuelta.

Además, se han documentado casos de personas que continúan encarceladas pese a contar ya con cartas de libertad emitidas por jueces.

¿ES EL RÉGIMEN TAMBIÉN UN ARMA DE NARRATIVA POLÍTICA?

Pese a todo ello, las críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición no han logrado erosionar significativamente el respaldo popular al régimen de excepción.

Para amplios sectores de la población, especialmente en comunidades pobres que durante décadas estuvieron bajo control de las pandillas, la prioridad pasó a ser la recuperación de la seguridad, aun a costa de restricciones a derechos y garantías constitucionales.

Muchos salvadoreños consideran que las organizaciones humanitarias han centrado sus denuncias en los abusos estatales, pero sin mostrar suficiente empatía hacia las víctimas de las pandillas y hacia una población que vivió durante años sometida a asesinatos, extorsiones y miedo permanente.

Esa percepción ha sido aprovechada políticamente por Bukele, quien suele presentar las críticas internacionales y de grupos defensores de derechos humanos como una defensa indirecta de los pandilleros.

La oposición política tampoco ha logrado capitalizar las denuncias de violaciones a derechos humanos.

Analistas sostienen que eso se debe, en parte, al fuerte desgaste de los partidos tradicionales, a los que buena parte de la población responsabiliza de haber permitido el crecimiento de las pandillas durante décadas.

IPS - ED: EG - Edgardo Ayala