El estudio, abierto a escala nacional y con más de 1.300 respuestas, indicó que 98% de los encuestados considera que los bloqueos perjudican el desarrollo económico del país y dañan la imagen de la nación sudamericana en el exterior.

Gary Rodríguez, gerente del IBCE, sostuvo que las medidas de presión afectan no solo a la cadena productiva, sino también a toda la población, debido al imparto sobre el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

"Un 97% se queja de que atenta contra la libre circulación y el trabajo; un 96% rechaza el bloqueo como medida de presión", explicó Rodríguez durante una conferencia de prensa.

El sondeo también reveló que 95% de los participantes considera que los conflictos deberían resolverse mediante el diálogo en lugar de bloqueos, mientras que 90% afirmó haber sido afectado directamente por este tipo de protestas.

Además, 96% de los encuestados señaló que bloquear carreteras o ciudades constituye un delito, y 95% pidió que existan sanciones contra quienes promuevan estas acciones.

"¿En qué sociedad civilizada se puede hablar de hacer un 'cerco a una ciudad' para que no entren alimentos, medicinas, oxígeno e insumos?", cuestionó al referirse a las consecuencias humanitarias de los bloqueos.

El directivo añadió que incluso en contextos de guerra internacional suele garantizarse el paso de suministros esenciales y de personas enfermas, por lo que calificó de inaceptable impedir el acceso de bienes básicos dentro del país.

La consulta fue impulsada por distintos sectores productivos que integran el IBCE, entre ellos representantes agropecuarios, forestales, industriales, comerciales, turísticos y de servicios aduaneros.

La institución explicó que el objetivo del sondeo fue medir el impacto social y económico de la conflictividad en Bolivia, en un contexto marcado por interrupciones frecuentes al transporte y a las actividades productivas.