El FMI propuso que más trabajadores argentinos paguen el impuesto a los altos ingresos como parte de una reforma tributaria integral que el Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei se comprometió a presentar antes de fin de año, pese al discurso oficial centrado en reducir la presión fiscal sobre el sector privado y eliminar gravámenes considerados distorsivos.

La recomendación aparece en la documentación difundida por el organismo tras la revisión del acuerdo vigente con Argentina, que derivó en el desembolso de 1.000 millones de dólares por parte de Washington. El FMI sostuvo que el sistema tributario del país es "complejo" y "distorsivo", y planteó que una reforma de mediano plazo debería ampliar la recaudación, simplificar impuestos y sostener el equilibrio fiscal del programa económico.

El punto más sensible es el del llamado "impuesto a las ganancias", un tributo que alcanza a trabajadores de ingresos considerados altos. Según el Fondo, las reformas de los últimos años redujeron de manera drástica la cantidad de empleados formales alcanzados, hasta dejarla en menos del 1%, aunque en 2024 hubo una reversión parcial de ese esquema impositivo en la economía formal del país.

El organismo recomendó bajar el umbral salarial para que, al menos el 20% de los trabajadores formales, vuelva a pagar el impuesto, en niveles similares a los de 2019, en un contexto signado por la paulatina caída del poder adquisitivo. De acuerdo con las estimaciones del informe, esa modificación podría aportar ingresos equivalentes al 0,4% del producto interno bruto. La propuesta forma parte de un paquete más amplio que, según el FMI, permitiría aumentar los recursos fiscales hasta un 3,3% del PIB.

La recomendación no se cierra sobre el aumento tributario. En otro capítulo central, el organismo propone reducir progresivamente las alícuotas impuestas sobre las exportaciones, sobre todo las del complejo agropecuario, conocidas en Argentina como las "retenciones", y los gravámenes sobre transacciones financieras.

Estas son uno de los gravámenes más cuestionados por el sector agroexportador argentino, especialmente en productos como soya, maíz y trigo. Días atrás, el presidente prometió ante los grandes productores agropecuarios avanzar en una reducción paulatina de las retenciones, suscitando el reclamo de organismos como universidades y hospitales, que reclaman contra el ajuste presupuestario.

Para el Gobierno, el compromiso implica abrir una discusión sensible después de haber prometido una reducción sostenida de impuestos. Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, aseguran que esa baja llegará después de consolidar el superávit fiscal, mientras el FMI reclama que cualquier alivio sea compensado con ingresos permanentes, estables y verificables.

¿NECESIDAD O IMPOSICIÓN?

"Argentina tiene una estructura tributaria muy concentrada en impuestos indirectos y muy poco concentrada en impuestos directos", dijo a Sputnik el economista Guido Zack, investigador de la organización Fundar. Según explicó, el sistema local depende en exceso de gravámenes excepcionales, que "no hay en otros países del mundo".

Zack consideró que la propuesta de que el 20% de los trabajadores formales esté alcanzado por el impuesto a los altos ingresos "es un estándar regional".

"En países desarrollados pagan más, pero en América Latina hay más trabajadores alcanzados que en Argentina", agregó, aunque reconoció que el contexto económico vuelve sensible cualquier modificación.

"La propuesta del Fondo busca aumentar la recaudación en determinados impuestos para bajar la de los impuestos más distorsivos", destacó el investigador. "Está planteado explícitamente que serían cambios neutrales en términos de presión tributaria", indicó, y añadió que el objetivo es avanzar hacia un sistema "menos distorsivo, menos complejo y también más progresivo".

Consultado por Sputnik, el economista Ramiro Tosi, subsecretario de Financiamiento de Argentina, detalló que "esto entra dentro de lo que el Fondo llama compromisos estructurales". Según expresó, se trata de recomendaciones que buscan orientar reformas de largo plazo y que son diferentes de las metas fiscales o de reservas cuyo incumplimiento puede afectar directamente el desarrollo del programa.

"El Fondo expresa lo que cree que debería ser el curso de acción del Gobierno, independientemente incluso de si tiene o no un programa financiero. Hay cierto poder de presión", remarcó Tosi.

De acuerdo con el especialista, "todo el mundo quiere un sistema tributario más simplificado y con menos asimetrías". No obstante, advirtió que "llevar eso a la práctica requiere acuerdos", porque parte de los cambios sugeridos dependen del Gobierno nacional y otra parte de provincias y municipios.

ENTRE LA TEORÍA Y LA POLÍTICA

"El Gobierno tiene un baño de realidad total", afirmó Zack al describir el escenario fiscal actual. "Nos chocamos con la sábana corta", dijo, y desglosó que el gasto "posiblemente se recortó más de lo deseable" sin resolver completamente el problema de los ingresos. Según mencionó, la caída de la actividad sigue afectando la recaudación tributaria.

"Hay un círculo vicioso entre ajuste, caída de la actividad, caída de la recaudación y necesidad de más ajuste" precisó el economista. A su juicio, la discusión impositiva no puede separarse del desempeño económico general. "La manera de revertirlo es empezando a crecer, pero que la economía en su conjunto empiece a crecer", sostuvo.

"Tenemos una locomotora sin vagones", graficó al referirse al desempeño sectorial. Según explicó, hidrocarburos, minería, agro y finanzas muestran dinamismo, pero "el resto se queda estancado o cae". Para el especialista, esos sectores todavía no logran arrastrar al conjunto de la economía ni sostener un aumento más amplio del empleo y la recaudación.

Por su parte, Tosi refirió que una reforma tributaria "no es algo que el Fondo pueda imponer al país", al relativizar el alcance de las sugerencias tributarias. Recordó que existen otras reformas mencionadas desde hace años en los documentos del organismo, como la previsional, que todavía no avanzaron. "Hay una presión indirecta, pero no una imposición automática", resumió.

"Si bien aparece en el documento, eso no significa que el Gobierno lo vaya a cumplir en los tiempos sugeridos", señaló el experto. Para el economista, la implementación depende de decisiones políticas internas y de la capacidad oficial de construir consensos. "Eso lleva tiempo y requiere mucho diálogo político", indicó.

El consultor también vinculó la viabilidad de la agenda fiscal con el resto del programa económico. "El Fondo está siendo muy optimista con reservas y acceso al mercado internacional", aseveró. Según advirtió, si no se logra acumular divisas y recuperar financiamiento externo, "vas a tener un problema de sostenibilidad o de capacidad de pago al propio FMI".