La política española ha entrado en una fase de desgaste institucional de enorme profundidad. No solo por la gravedad de las investigaciones judiciales abiertas en torno al entorno del Gobierno y del PSOE, sino porque, por primera vez desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, un auto judicial sitúa de forma explícita a la estructura orgánica del partido como posible instrumento de maniobras destinadas a interferir en procedimientos judiciales en marcha.

La investigación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz supone un salto cualitativo en la crisis política que atraviesa el socialismo español. Hasta ahora, las diferentes causas abiertas afectaban a dirigentes concretos, colaboradores o personas próximas al poder. Sin embargo, el magistrado describe ahora un entramado presuntamente articulado desde el propio partido para “desestabilizar procedimientos judiciales” que afectaban tanto al PSOE como al Gobierno. Y lo hace colocando el foco sobre reuniones en Ferraz, pagos presuntamente encubiertos y una estructura coordinada bajo la dirección del exsecretario de Organización Santos Cerdán.

La gravedad política del caso no reside únicamente en la eventual existencia de delitos —algo que deberá determinar la justicia respetando escrupulosamente la presunción de inocencia—, sino en el deterioro institucional que provoca la mera sospecha de que desde el entorno del poder se intentara actuar contra jueces, fiscales o investigadores policiales. En una democracia liberal madura, pocas acusaciones resultan tan corrosivas como aquellas que afectan al funcionamiento independiente del Estado de derecho.

La Audiencia Nacional apunta a Ferraz como eje de una supuesta trama para frenar causas judiciales. La acumulación de investigaciones amenaza con agravar la desafección ciudadana y alimentar a los extremos

El auto judicial considera que existió un “punto de inflexión” tras la publicación de la llamada Carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, en abril de 2024, cuando el presidente anunció cinco días de reflexión después de la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Según el magistrado, una estructura previamente dedicada al cobro de comisiones para orientar procedimientos administrativos habría pasado entonces a concentrarse en operaciones destinadas a desacreditar o neutralizar investigaciones judiciales sensibles para el partido.

Ese contexto explica la enorme repercusión política de las 22 reuniones celebradas en Ferraz entre Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez que recoge la investigación. También los presuntos pagos canalizados mediante sociedades interpuestas, las supuestas facturas falsas y las acusaciones de intentos de soborno o extorsión. La instrucción judicial dibuja un escenario extremadamente delicado para el PSOE porque apunta, precisamente, al uso de la propia estructura partidaria como herramienta operativa.

Todo ello sucede, además, en el peor momento posible para el Ejecutivo. Apenas una semana antes, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero había sido imputado en otra causa relacionada con el rescate de Plus Ultra. A ello se suman las investigaciones abiertas sobre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y distintos episodios que, aunque jurídicamente independientes, empiezan a conformar ante la opinión pública la percepción de una crisis sistémica dentro del partido que gobierna España desde hace ocho años.

Ese es, probablemente, el mayor riesgo político para Pedro Sánchez. No tanto la existencia de un caso concreto, sino la acumulación de escándalos que terminan erosionando la credibilidad institucional y desgastando la confianza ciudadana. Porque cuando la ciudadanía percibe que las élites políticas viven atrapadas en una sucesión constante de investigaciones, imputaciones y sospechas, se debilita inevitablemente la legitimidad del sistema democrático.

El problema afecta también al conjunto de la izquierda española. Durante años, el PSOE construyó buena parte de su legitimidad política sobre la idea de regeneración democrática frente a la corrupción que golpeó al PP durante la última década. Por eso el impacto simbólico de estas investigaciones resulta especialmente demoledor para el relato político del sanchismo.

DE MOMENTO, SÁNCHEZ RESISTE

La reacción de Sánchez hasta ahora ha consistido en resistir políticamente y cerrar filas en torno a la estabilidad parlamentaria. Pero la presión empieza a crecer incluso entre sus socios. El PNV ya considera públicamente que la legislatura “ha llegado a su fin” y que el “interés general” exigiría un adelanto electoral. El presidente, sin embargo, parece decidido a aguantar hasta el final, convencido de que una caída precipitada del Gobierno abriría la puerta a una mayoría de PP y Vox. Y ahí aparece otro de los grandes dilemas de este momento político. La erosión de las instituciones no solo perjudica al Gobierno; también alimenta el discurso antipolítico y fortalece a las fuerzas populistas y extremistas que convierten cada escándalo en una prueba de que todo el sistema está corrompido.

La experiencia europea demuestra que cuando los grandes partidos tradicionales pierden credibilidad institucional, quienes capitalizan el descontento suelen ser precisamente los extremos. Por eso la salida a esta crisis no puede limitarse a la resistencia numérica en el Congreso ni a denunciar conspiraciones políticas o judiciales. Tampoco basta con invocar genéricamente la presunción de inocencia. El momento exige explicaciones claras, transparencia y una rendición de cuentas mucho más profunda por parte del PSOE y del propio Pedro Sánchez, no solo como presidente del Gobierno, sino como secretario general del partido.

España necesita preservar la independencia judicial, la confianza institucional y la estabilidad democrática. Y eso exige que cualquier sospecha sobre maniobras destinadas a interferir en investigaciones sea esclarecida hasta el final. Porque si algo termina debilitando de verdad a una democracia no son únicamente los casos de corrupción, sino la sensación de impunidad o de opacidad frente a ellos. 

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