La masacre ocurrió apenas 10 días antes de que se celebre la elección presidencial cuatrienal, encabezando los sondeos de opinión el candidato izquierdista Iván Cepeda, con apoyo del presidente Gustavo Petro, seguido a distancia por Abelardo de la Espriella, de extrema derecha, y Paloma Valencia, de la derecha tradicional.

Las misiones expresaron su “profunda preocupación por el grave deterioro de la situación de seguridad” en la región y denunciaron que los grupos armados han convertido a la población civil en blanco de sus disputas territoriales.

“Líderes comunitarios, dignatarios de juntas de acción comunal y autoridades locales figuran entre los más afectados, generando consecuencias humanitarias inaceptables”, agregó el comunicado de las tres entidades.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia de obispos católicos hicieron un doble llamado, tanto a los actores armados ilegales y al Estado colombiano.

Demandan que los grupos ilegales armados “acaten sin condiciones el derecho internacional”, recordándoles que “la protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación ni a cumplimiento discrecional”.

Al Estado colombiano se le requiere que “garantice la protección efectiva de los habitantes del territorio”.

La masacre del 19 de mayo se produjo en una vía que comunica las ciudades de Ábrego y Ocaña, del nororiental departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, cuando irregulares atacaron el vehículo en el que viajaban las víctimas.

Murieron abaleados Freiman David Velásquez Benítez e Iván Stiven Camacho Castillo, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, dos familiares que los acompañaban y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, el cuerpo conformado para tratar de proteger a los dirigentes que sufren amenazas.

La Policía Nacional atribuyó el crimen al “Frente Camilo Torres Restrepo” del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero creado en los años 60 del siglo pasado y que durante muchos años ha iniciado y luego abandonado negociaciones de paz y desmovilización.

La violencia en el Catatumbo arreció desde enero de 2025, cuando el ELN lanzó una ofensiva contra el “Frente 33”, una disidencia de la desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), por el control de territorios y economías ilícitas en esa zona fronteriza.,

Los choques a comienzos de 2025 dejaron más de 100 muertos entre combatientes de uno y otro bando, y en medio se forzó el desplazamiento o confinamiento en sus espacios rurales y pequeños poblados de unas 100 000 personas, casi la mitad de la población en esa zona, cruzada por el río Catatumbo.

El asesinato de Velásquez, Camacho y sus acompañantes es ya la masacre 56 en Colombia en lo que va de año, con al menos 240 muertos, según reportes de la prensa local, lo que representa el mayor número de ataques y muertes en el período enero-mayo desde que se pactó un Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.

Los grupos armados irregulares que actúan en diferentes regiones de Colombia han incorporado drones de ataque y artefactos explosivos improvisados, lo que ha transformado amplias zonas rurales en territorios de altísimo riesgo para los civiles.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en lo que va de 2026 fueron asesinados 61 líderes sociales en Colombia.

El gobierno lamentó el asesinato de Velásquez, Camacho y sus acompañantes, y pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía que investiguen y lleven a los responsables ante la justicia.

Esos crímenes “constituyen un ataque contra los procesos campesinos y organizativos en el Catatumbo, una región de vital importancia en la construcción de paz, que hoy sufre una lamentable y sistemática situación de violencia y estigmatización” expresó el Ministerio del Interior en un comunicado.

A-E/HM - Corresponsal de IPS