“La gente está muy asustada por la persecución del gobierno, que está logrando su objetivo, porque los compañeros ya no se animan a salir a la calle a defender sus derechos”, explica.

En un país históricamente receptivo con los inmigrantes, la administración del presidente ultraderechista Javier Milei dio vuelta el paradigma y lanzó una ofensiva completa, que contempla una faceta jurídica, con la modificación por decreto la ley de migraciones, que era considerada un ejemplo a nivel internacional por su mirada de derechos humanos.

Y, en paralelo, una acción contra los migrantes. Esto se traduce en desproporcionados operativos de control que paralizan barrios y tienen generosa difusión mediática.

Se persigue así rédito político entre el electorado propenso a buscar chivos expiatorios para la larga crisis económica y social de Argentina, que ha deteriorado las condiciones de vida de las mayorías en los últimos 15 años, en este país sudamericano de 46 millones de habitantes.

“La presencia de la Policía busca amedrentar y, efectivamente, hoy la gente está atemorizada hasta de ir a Migraciones a tramitar la documentación. La propia política oficial está empujando a los migrantes a la irregularidad para crear el objeto de los operativos”: Lucía Galoppo.

“Si hoy alguien es detenido en una manifestación y es migrante, puede ser expulsado del país en el mismo momento. Milei ha dicho que se propone destruir el Estado, pero en este tema el Estado está muy presente, para favorecer la irregularidad en la situación de los migrantes y justificar las expulsiones”, afirma Rivadaneyra a IPS.

Además de activista por los derechos de los migrantes, Rivadeneyra es bailarina y profesora en Buenos Aires de danzas folklóricas peruanas y dice que en su escuela ve el impacto de las políticas oficiales todos los días.

“Tenía adolescentes que bailaban conmigo desde que eran niñas y algunas ya se han ido con sus madres a Perú, porque no aguantaron más la persecución y la situación económica”, relata.

“Siento que se retrocedió en lo que se había avanzado: la discriminación ha vuelto en la Argentina, porque muchos que antes se callaban sus opiniones despectivas contra los migrantes hoy se sienten legitimados por el discurso de odio del gobierno”, agrega.

“RIESGO PARA LOS CIUDADANOS ARGENTINOS”

Lo ofensiva contra los migrantes tiene una evidente inspiración en las acciones del presidente estadounidense Donald Trump, con quien el gobierno de Milei se alineó de manera absoluta e incondicional por razones ideológicas.

En mayo de 2025, con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), Milei modificó la ley de Migraciones, sancionada por el legislativo Congreso Nacional en 2003, que establecía la igualdad de derechos, incluyendo el acceso a la salud y la educación públicas, entre personas nacionales y no nacionales sobre la base del trato igualitario y la no discriminación. Hoy eso ya no funciona más.

“La inmigración sin regulación y sin control suficiente representa un riesgo tanto para los ciudadanos argentinos como para los migrantes”, se justificó en el decreto, a pesar de que Argentina hoy es un país poco atractivo para los extranjeros, por su delicada situación económica, que se manifiesta en bajos salarios y una extendida informalidad laboral.

Desde la década de 1960, cuando terminó la inmigración europea, Argentina recibió básicamente paraguayos, bolivianos y peruanos y, en la última década, venezolanos.

Sin embargo, el flujo se redujo y la población extranjera hoy está en sus mínimos históricos: no llega a dos millones de personas (4,2 %), de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, de 2022, el año anterior a la llegada de Milei al poder, en diciembre de 2023.

Uno de los principales cambios del DNU de Milei es que ahora se exige acreditar ingresos económicos suficientes para pasar de la residencia temporaria a la residencia permanente y que se eliminó el derecho automático a esta última para aquellos extranjeros que tengan hijos o cónyuge argentinos.

Por si faltaba algo, en el marco de una enorme discrecionalidad de los funcionarios de Migraciones, los montos exigidos han ido subiendo, como también la forma en que deben acreditarse los ingresos.

El resultado ha sido así que, durante el último año, miles de personas que ya residían de manera regular en Argentina y contaban con documentación temporaria fueron empujadas a la irregularidad migratoria.

“Los requisitos exigidos son imposibles de cumplir para un elevado porcentaje de la población migrante que trabaja en el mercado informal o está en condiciones de pobreza”, dice a IPS Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes (Caref).

Como consecuencia, en 2025 el Estado argentino otorgó 41 000 residencias permanentes, que es menos de la mitad de las otorgadas entre 2021 y 2024, cuando se otorgaron aproximadamente 90 000 por año, de acuerdo a datos oficiales que fueron conseguidos por Caref a través de un pedido de acceso a información pública.

AHORA LOS NÚMEROS SON BASTANTE MÁS BAJOS.

Caref es una organización fundada en Buenos Aires en 1973 por iglesias protestantes, para asistir a los exiliados chilenos que llegaron tras el golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. Hoy tiene un grupo interdisciplinario de profesionales en distintas ciudades del país que realizan asistencia directa.

“El gobierno argentino empuja a la gente a la irregularidad. Hay una política oficial de irregularización migratoria, que se complementa con la otra cara de la moneda, que es lo ocurre en la calle, con los operativos de control migracional. Se trata de irregularizar y criminalizar para perseguir, en un calco de las políticas de Trump”, dice Liguori.

OPERATIVOS

En los operativos de la Dirección de Migraciones participa la Policía Federal e incluyen cortes de calles que son mostrados por los medios –ya que son notificados con antelación a los canales de TV-, mientras en las redes sociales el gobierno exhibe móviles con la última tecnología para controlar los antecedentes migratorios de cualquier persona de manera instantánea en la vía pública.

Lucía Galoppo, abogada del área de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), explica que hay un despliegue desproporcionado reflejado en los propios números oficiales.

Por ejemplo, detalla, en un operativo en el suburbio de Villa Celina se controlaron 385 personas y apenas 16 fueron citadas a Migraciones para regularizar su situación. En otro operativo en el barrio de Flores este mes, se detectaron 10 casos de irregularidad.

“La presencia de la Policía busca amedrentar y, efectivamente, hoy la gente está atemorizada hasta de ir a Migraciones a tramitar la documentación. La propia política oficial está empujando a los migrantes a la irregularidad para crear el objeto de los operativos”, dice Galoppo a IPS.

“Ni siquiera hay un fenómeno migratorio que explique esta decisión, porque Argentina, debido a los indicadores económicos, ya no es un país interesante para los extranjeros. Se trata de un posicionamiento político, que no puede separarse de la acción represiva en general. Los operativos se realizan en las ferias populares y afectan a las poblaciones más empobrecidas, a las que se vincula con la criminalidad y el terrorismo”, agrega.

Zulema Montero, una abogada boliviana que trabaja en Buenos Aires desde hace más de 20 años y ha creado la organización Yanapakuna (“Ayudémonos”, en lengua quechua), de defensa de los derechos de los migrantes, advierte a IPS que se están pidiendo requisitos de cumplimiento imposible.

“A quienes tienen una residencia precaria vencida se les exige que demuestren ingresos ante la Arca (el organismo recaudador de impuestos), pero aquellos que ya no tienen su documentación argentina vigente no pueden ingresar al sitio web”, puntualiza.

Montero acude permanentemente a radios de la comunidad boliviana para llenar los vacíos informativos premeditados y tratar de que la gente tenga herramientas contra las arbitrariedades. En esos micrófonos enfatiza que las expulsiones del país solo pueden ser dictadas por un juez –nunca por Migraciones- y que el funcionario que pide documentación debe identificarse.

El clima es de persecución y de generación deliberada de temor. “En los operativos lo que se busca es espectacularidad, porque lo principal para el gobierno es dar un mensaje”, aseguró a IPS una fuente de la Dirección Nacional de Migraciones que pidió reserva de su nombre.

ED: EG - Daniel Gutman