El nivel de desinformación expuesto queda particularmente claro cuando se atribuyen al sistema supuestas dificultades para la emisión de guías y Cartas de Porte. El C.A.B.I. no interviene en la emisión de guías y las Cartas de Porte se gestionan a través de sistemas informáticos nacionales administrados por ARCA, sin participación alguna del Gobierno Provincial.
Lejos de generar más burocracia, el sistema fue diseñado precisamente para simplificar procedimientos y agilizar controles que anteriormente se realizaban de manera manual. Su implementación permitió ordenar y automatizar verificaciones sobre inconsistencias en declaraciones juradas, brindando además a contribuyentes y asesores fiscales información clara para regularizar situaciones antes de iniciar trámites ante Rentas.
El sistema no constituye una determinación de oficio ni aplica sanciones automáticas. Se limita a detectar diferencias objetivas que luego pueden ser explicadas o corregidas por los contribuyentes. En muchos casos, incluso, permitió advertir inconsistencias básicas entre ingresos declarados y operaciones efectivamente registradas.
Cabe recordar que herramientas de este tipo se vienen utilizando desde hace más de dos años y fueron explicadas oportunamente ante la Cámara de Diputados. Desde marzo del año pasado, el sistema se encuentra disponible para los contribuyentes y recientemente fue incorporado como requisito para la emisión de nuevos certificados de cumplimiento fiscal con vigencia desde junio de este año.
La medida alcanzó a menos del 1% de los contribuyentes activos y representó una mejora sustancial en la calidad de los controles vinculados a contrataciones con el Estado Provincial.
Asimismo, resulta llamativo que se cuestione un sistema que permitió agilizar notablemente las compensaciones tributarias. Antes de su implementación podían procesarse entre seis y diez compensaciones mensuales; actualmente se superan las 85 por mes, con más de 600 trámites realizados de manera completamente automatizada y más de 1.000 compensaciones concretadas.
Gracias al funcionamiento definitivo del sistema, más de 2.100 contribuyentes pudieron corregir su situación fiscal y más de 4.800 validaron correctamente sus bases imponibles.
Por eso sorprende que se solicite la eliminación de una herramienta que moderniza controles, reduce tiempos administrativos y brinda mayor transparencia y previsibilidad tanto al Estado como a los contribuyentes.
Modernizar el Estado no significa eliminar controles. Significa hacerlos más eficientes, transparentes y ágiles, protegiendo a quienes cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales y garantizando reglas claras para todos. (apn)