Pocas comparaciones ilustran con tanta precisión la brecha entre el potencial de un país y su realización efectiva como la que existe entre Argentina y Chile en el sector minero. Chile exportó más de US$63.000 millones en productos mineros durante 2025. Argentina, que posee una dotación de recursos comparable en varios segmentos relevantes —litio, cobre, oro y plata, entre otros—, exportó US$8.109 millones en el mismo período. La diferencia entre ambas cifras no refleja ningún capítulo de geología: refleja décadas de inestabilidad institucional, inseguridad jurídica y ausencia de condiciones que hicieran atractiva la inversión de largo plazo en ese sector. La pregunta que el momento actual plantea es si Argentina está, por primera vez en mucho tiempo, en condiciones de comenzar a cerrar esa brecha de manera genuina y sostenida.

Los datos del frente energético aportan el primer argumento en favor de una respuesta afirmativa. Las exportaciones de energía proyectadas para 2026 ascienden a US$20.956 millones, casi el doble de los US$11.100 millones del año anterior. Ese salto no es coyuntural ni depende exclusivamente del precio del Brent, que hoy se sitúa en torno a US$110 el barril. Es también el resultado de un aumento significativo en los volúmenes físicos exportados. Las exportaciones de petróleo crudo pasarían de 101 millones de barriles en 2025 a 195 millones en 2026, casi duplicando el volumen en un solo año, con un precio de exportación ponderado de US$ 86 por barril. El saldo energético neto proyectado para 2026 rondaría los US$17.922 millones, contra un déficit de apenas USD 13 millones en 2023. Y las proyecciones de los años siguientes son aún más ambiciosas. El saldo energético podría llegar a US$22.000 millones en 2027, a US$26.000 millones en 2028 y superar los US$31.000 millones en el horizonte de 2030, a medida que Vaca Muerta madura su capacidad de producción y exportación.

Vaca Muerta es ya la formación de hidrocarburos no convencionales más importante de América Latina y la segunda mayor del mundo en términos de recursos recuperables de gas. Pero su verdadero potencial económico todavía está muy lejos de haberse materializado. El avance del gasoducto que conecta la formación con los centros de consumo y con la infraestructura de exportación, la construcción de capacidad de licuefacción para acceder a los mercados globales de gas natural licuado y el crecimiento sostenido de la inversión en pozos y equipamiento son los tres ejes sobre los que descansa la proyección de largo plazo. Dentro del universo de proyectos que ingresaron al régimen de incentivo a grandes inversiones, Southern Energy lleva el monto más elevado: una terminal de GNL en Río Negro por US$15.200 millones que, de concretarse, representaría por sí sola el mayor proyecto de infraestructura energética de la historia argentina.

El sector minero cuenta una historia paralela, con una escala menor en el punto de partida pero con una brecha respecto del potencial igualmente significativa. Las exportaciones mineras y de litio proyectadas para 2026 suman US$12.100 millones, frente a US$5.849 millones en 2023. Ese avance es notable pero apenas el inicio de lo que el pipeline de proyectos promete. El catálogo de inversiones bajo el régimen especial de incentivo acumula un total de US$80.200 millones entre proyectos ya aprobados y en evaluación. Entre los aprobados, que suman US$27.200 millones, destacan por su escala los proyectos de cobre de McEwen Copper en Los Azules y Rio Tinto en Rincón, ambos en San Juan y Salta respectivamente, cada uno por US$2.700 millones. En el segmento de proyectos en evaluación, los números son aún más llamativos. Glencore tiene dos proyectos cupreros en avance —El Pachón en San Juan por US$11.600 millones y Agua Rica en Catamarca por US$6.700 millones—, BHP-Lundin Mining evalúa el proyecto Vicuña en San Juan por US$9.700 millones y Tecpetrol trabaja en una planta de tratamiento de gas en Neuquén por US$6.400 millones. Si una porción significativa de esa cartera avanza en los próximos años, el perfil exportador del país cambiará de manera definitiva.

La sustancia del argumento de fondo no es cuantitativa sino institucional. Durante décadas, el problema de la Argentina minera y energética no fue la falta de recursos sino la ausencia de las condiciones que hacen viable la inversión de largo plazo en proyectos que demandan muchos años de desarrollo antes de generar retornos. Una mina de cobre como Los Azules o Vicuña requiere entre diez y quince años desde la aprobación hasta la producción plena. Una terminal de GNL requiere compromisos de suministro a veinte años. Ninguna de esas inversiones se concreta si el inversor no tiene confianza razonable en que las reglas de juego —tributarias, cambiarias y de acceso a divisas— se mantendrán estables durante el horizonte del proyecto. El régimen de incentivo a grandes inversiones intenta proveer esa estabilidad mediante garantías legales más robustas. La evidencia de que empresas de la escala de Rio Tinto, BHP, Glencore y Ganfeng ya están evaluando o ejecutando proyectos en el país sugiere que esa señal está siendo recibida.

El impacto de ese proceso trasciende la balanza comercial. La inversión en energía y minería genera externalidades productivas de primera importancia para el resto de la economía. Demanda de servicios de ingeniería, logística, construcción e infraestructura vial y ferroviaria; absorción de empleo calificado en provincias que han tenido históricamente tasas de desocupación elevadas; desarrollo de proveedores locales en un espectro amplio de bienes y servicios; y fortalecimiento de las finanzas provinciales a través de las regalías. San Juan, Catamarca, Salta, Neuquén y Río Negro son las provincias con mayor presencia en el mapa de proyectos bajo el régimen especial, y el desarrollo minero-energético puede modificar de manera estructural su base productiva y fiscal en el horizonte de una década.

El optimismo que justifican estos datos debe leerse con la misma precisión con la que se leen los números. El pipeline de inversiones es promisorio, pero todavía es en su mayor parte una cartera de proyectos en evaluación y no de construcciones en marcha. La consolidación del régimen institucional, el mantenimiento del equilibrio macroeconómico y la capacidad del Estado para resolver en tiempo y forma los trámites de habilitación y licencia social son condiciones necesarias para que esos proyectos transiten de la hoja de ruta a la realidad productiva. Si esas condiciones se sostienen, el salto exportador que hoy registra Vaca Muerta puede ser apenas el primer capítulo de una transformación que Argentina tiene todo el potencial para protagonizar, pero que ninguna formación geológica por sí sola puede garantizar.

*Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.

PERFIL POR FEDERICO PABLO VACALEBRE